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Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

 

No es la primera sentencia al respecto.

La más sangrante ha sido la que dictó Gloria Poyatos, presidente de la Asociación de mujeres juezas de España.

El Tribunal Supremo sienta doctrina al respecto saltándose el sentido común y el más elemental criterio jurídico.

La seguridad jurídica eliminada.

Acercarse a una mujer es una actividad de alto riesgo. Vamos camino de igualar a Japón donde casi la mitad de la población no quiere tener trato alguno con el sexo contrario.

La pensión de viudedad la pagaremos los demás españoles con nuestros impuestos. Eso es perspectiva de género.

La agenda de género sigue implantándose.

Feminazis. Tarde o temprano tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

Xavier Gil Pecharromán

14/11/2017

Las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a pensión

En la denuncia por daños en el vehículo decía “sospechar” de su marido

Tiene derecho a pensión de viudedad, aunque no tenga reconocida pensión compensatoria, la mujer que a la fecha de su separación era objeto de amenazas e insultos, según reconoce el Tribunal Supremo, en una sentencia de 26 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado De Castro Fernandez, señala que sirven como pruebas del mal trato la existencia de dicha denuncia y la declaración de un testigo sobre supuestos malos tratos no acreditados.

Acepta el magistrado las conclusiones del juzgado de Instancia que estimó que “se puede presumir plena objetividad de la testigo, en tanto que carente de interés alguno a la vista de las circunstancias concurrentes y valoradas por este Juzgador en aras del principio de inmediación, y que fue la que precisamente refirió los citados insultos durante la vida marital de la demandante”.

La recurrente presentó denuncia por un posible caso de violencia de género ante la Policía Local, por daños en su vehículo particular interpuesta por la víctima con posterioridad a la separación, sin que conste acreditado que se hubiera instruido procedimiento penal alguno frente al excónyuge de la demandante.

Manifestaba en la denuncia que “sospecha que el causante… pudiera ser su ex marido, puesto que en anteriores ocasiones ha sido amenazada de muerte por él”.

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a percibir la pensión de viudedad a pesar de estar legalmente separadas o divorciadas y no satisfacer el requisito general de ser beneficiarias de una pensión compensatoria por parte del cónyuge en el momento de su fallecimiento.

Para los de abogados del Colectivo Ronda, que han actuado como defensores de la reclamante, la Sala del TS estima que no hay ninguna razón para anteponer el propio criterio, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al del titular del Juzgado Social 1 de Tarragona, ni cuestionar el hecho de que la declaración de un testigo pueda ser argumento suficiente para considerar probada la existencia de violencia de género”.

En este sentido, consideran que la resolución resulta de enorme trascendencia para numerosas víctimas que sufren dificultades para acreditar los malos tratos sufridos, especialmente cuando ha transcurrido cierto tiempo desde su materialización.”

La decisión del Supremo, adoptada en pleno y con voluntad de unificar doctrina, refuerza la potestad de los tribunales para realizar interpretaciones amplias de la normativa con voluntad de proteger los intereses de la parte más débil, la víctima, frente a situaciones de violencia”, explican.

 

Sentencia en el siguiente enlace.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8185165&links=&optimize=20171027&publicinterface=true

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8743099/11/17/Una-denuncia-y-un-testigo-bastan-para-que-una-divorciada-perciba-pension-de-viudedad-por-malos-tratos.html

 

Intenta asesinar a su marido, no lo consigue, la condenan, y encima la víctima tiene que pagarle una pensión compensatoria

 

Los “privilegios patriarcales“.

La justicia en España es mucho peor que un cachondeo, como la calificó el alcalde de Jerez de la Frontera.

Ser varón y relacionarse con una mujer es una tarea de alto riesgo. La igualdad ante la ley no deja de ser una entelequia.

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Intenta asesinar a su marido, no lo consigue, la condenan, y encima la víctima tiene que pagarle una pensión compensatoria
Luis Hiniesto en una foto antes de entrar en la cárcel de Aranjuez, Madrid, el 24 de diciembre pasado, día de Nochebuena. Confilegal.

Intenta asesinar a su marido, no lo consigue, la condenan, y encima la víctima tiene que pagarle una pensión compensatoria

Carlos Berbell
23 Marzo, 2017

Es el mundo al revés. Su mujer, María del Carmen Hormigos, trató de asesinarlo disfrazada de ninja en su propia casa. Le metió un tiro en la columna vertebral. Él, Luis Hiniesto, un vendedor de la ONCE, herido, cojo, discapacitado, se revolvió y le hizo frente. Logró salvar su vida de puro milagro. La mujer cumple, por ello, una condena de 8 años y medio por un asesinato frustrado.

La Justicia obliga a Luis Hiniesto a pagarle una pensión compensatoria de 500 euros a su asesina frustrada y, además, con carácter vitalicio.

A esto se añaden los 4.396,35 euros que tiene que abonarle también a la mujer que trató de cercenarle su vida como “indemnización” por las heridas que éste le produjo a consecuencia del tiro en el estómago que recibió Hormigos, producto del forcejeo entre ambos, cuando el hombre trataba de quitarle el arma para impedirle que le quitara la vida.

Gómez Chaparro Abogados, el bufete que defiende a Luis Hiniesto, ha presentado, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de San Lorenzo del Escorial, Madrid, una demanda de modificación de medidas solicitando la extinción de dicha pensión.

Hiniesto se halla, en estos momentos, cumpliendo una condena de 3 años y medio de cárcel por un delito de homicidio frustrado en legítima defensa, en la cárcel de Aranjuez. El vendedor de la ONCE ha solicitado el indulto al Gobierno y está a la espera.

Un indulto de justicia.

Fernando Gómez Chaparro, socio director de la firma, ha argumentado dos motivos para solicitar la supresión de la pensión vitalicia: “Primero, que la situación de Hiniesto ha cambiado porque no tiene ningún ingreso económico al encontrarse en prisión, cumpliendo condena desde el pasado 24 de diciembre”.

“Y segundo, que parece increíble que la víctima del intento de asesinato, Luis Hiniesto -que todavía lleva la bala incrustada en la espalda- siga teniendo que abonar una pensión compensatoria de 500 euros a la mujer que trató de quitarle la vida con toda la premeditación y la alevosía del mundo“, añade.

El abogado de la asesina frustrada dice que no hay motivos para no pagar la pensión

El abogado de la parricida frustrada, por su parte, alegó, ante la demanda presentada, que se oponía a la extinción de la pensión vitalicia “porque no existen motivos para modificar nada”.

Dicho de otra manera, el haber intentado matar a su esposo de un balazo, por la espalda, no es una razón de peso para que Hiniesto, que sobrevivió milagrosamente al atentado mortal, cese en el abono de la pensión mensual hasta que la mujer fallezca.

A esto hay que añadir otro problema de peso y es que el Juzgado ha fijado la vista para dirimir la demanda el próximo 5 de octubre. ¡Dentro de 8 meses!

Ante esto el abogado ha respondido con una petición, solicitando el adelanto.

Esto es fundamental. ¿Por qué? Al no tener ingresos, Luis Hiniesto no puede cumplir con esa obligación. A lo que el abogado de su exmujer, de la que, con toda lógica se divorció, impone ampliaciones mensuales de la ejecución, reclamando, aparte de los 500 euros, un 30 por ciento de intereses más las costas.

Y no tiene medios de ningún tipo.

“Es una injusticia que Luis Hiniesto esté en la cárcel. Y es una injusticia que, además, tenga que seguir pagando a la mujer que trató de asesinarlo, una pensión de 500 euros mensuales. Luis Hiniesto jamás tenía que haber entrado en prisión. Nunca. Esperamos que el Gobierno nos conceda el indulto pronto“, añade Gómez Chaparro.

Querella contra la parricida frustrada por falso testimonio

El abogado, por otra parte, tras el juicio, en el que María del Carmen Hormigos admitió abiertamente ante el tribunal que había mentido, al acusar a su entonces marido de haberla maltratado. Cuando Gómez Chaparro le preguntó que por qué lo había hecho, la mujer respondió: “No, lo dije porque la abogada que me pusieron en ese momento, me dijo que lo dijera porque si no iba a entrar en prisión”.

“Aquí ha habido una denuncia falsa, reconocida por ella en el plenario, que puede ser verdad o no que se lo haya aconsejado su abogada, pero que las dos abogadas que han llevado el caso han mantenido durante toda la instrucción”.

“No fue una mentira de defensa, exculpatoria, sino que fue una mentira de ataque”, subraya Gómez-Chaparro.

En consecuencia, su bufete ha interpuesto una querella por acusación y denuncia falsa contra María del Carmen Hormigos. Querella que ha sido admitida a trámite y que se halla en la fase de diligencias previas.

Las mentiras de la mujer condicionaron toda la investigación. Su falsa denuncia hizo que todo el procedimiento se instruyera como un caso de violencia de género en el que Hiniesto era el supuesto agresor y que culminó ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, especializado en violencia de género, que lo enjuició con el prejuicio de que se encontraban ante un maltratador, cosa que no era cierta.

“Luis Hiniesto es víctima de una gran injusticia. Su única culpa fue haberse defendido”, concluye el abogado.

https://confilegal.com/20170323-intenta-asesinar-marido-no-lo-consigue-la-condenan-la-victima-pagarle-una-pension/

El tribunal ha impuesto a Urdangarín penas inferiores a las previstas en el Código Penal

 

No sólo no somos iguales ante la ley como dice la Constitución Española, sino que hacen ostentación de la desigualdad para que al populacho nos quede claro que somos inferiores: simples siervos de gleba bajo la propiedad del señor feudal, tal y como nos dejó bien claro la abogada del Estado. Del Estado feudal.

La sentencia del caso Noos es un perversión del sistema del que el siguiente desglose es una muestra evidente.

El trato privilegiado dado a Cristina Borbón Grecia no es sino la capa superior de este pastel putrefacto.

Más de dos siglos después de la Constitución de EE.UU. y de la Revolución francesa, en España seguimos anclados en el Antiguo Régimen donde pululan miles de lacayos sin dignidad, dispuestos a cualquier vileza con tal de recibir prebendas de sus señores.

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El tribunal ha impuesto a Urdangarín penas inferiores a las previstas en el Código Penal

Iñaki Urdangarin, esta mañana durante su declaración como acusado

M.A. Ruiz Coll – 19/02/2017

¿Cómo es posible que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin y finalmente haya sido condenado a sólo 6 años y tres meses? El tribunal del caso Nóos ha suavizado tanto las penas, aplicando todo tipo de atenuantes, que las ha dejado en los huesos. En ocasiones, corrigiendo la aritmética del Código Penal.

El primer motivo de este fiasco hay que buscarlo en Valencia, donde Urdangarin y su socio Diego Torres obtuvieron 3 millones de euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB) para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006.

La Fiscalía sostiene que el coste real de cada uno de estos eventos no superó los 200.000 euros y los convenios firmados para su financiación fueron irregulares, pues no se ajustaron a los principios de publicidad y libre concurrencia de la Ley de Contratos del Estado.

El tribunal presidido por Samantha Romero admite que al menos los convenios correspondientes a 2005 y 2006 incumplieron esta Ley, pero ha absuelto a todos los acusados de la Administración valenciana (Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado) al considerar que les exime la “falta de claridad de la normativa reguladora”. El tribunal ha aplicado un argumento muy similar para absolver a la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.

SENTENCIA CASO NÓOS CÓDIGO PENAL
IÑAKI URDANGARIN
Delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación:2 años y 8 meses de cárcel -Prevaricación (art. 404): 9-15 años de inhabilitación
-Falsedad en documento público (art.390.1.2º y 4º): 3-6 años de cárcel
-Malversación (art. 432.1): 2-6 años de cárcel
Fraude a la Administración: 7 meses de cárcel Art. 436: 2-6 años de cárcel
Tráfico de influencias: 1 año cárcel Art. 429: 6 meses a 2 años de cárcel y multa del duplo del beneficio obtenido
Delito contra la Hacienda pública: 1 año de cárcel y 259.478€ de multa (duplo de lo defraudado) Art. 305.1: 1-5 años de cárcel y multa del séxtuplo de lo defraudado
Delito contra la Hacienda pública: 1 año de cárcel y 253.075€ de multa (duplo de lo defraudado) Art. 305.1: 1-5 años de cárcel y multa del séxtuplo de lo defraudado
Absuelto del delito de blanqueo de capitales
Absuelto de los delitos de falsedad, tráfico de influencias, malversación, fraude y estafa en los contratos de la Comunidad Valenciana y Madrid
Total: 6 años y 3 meses de cárcel Total: De 9 a 30 años de cárcel
DIEGO TORRES
Delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación:3 años de cárcel -Prevaricación (art. 404): 9-15 años de inhabilitación
-Falsedad en documento público (art.390.1.2º y 4º): 3-6 años de cárcel
-Malversación (art. 432.1): 2-6 años de cárcel
Fraude a la Administración: 8 meses de cárcel Art. 436: 2-6 años de cárcel
Tráfico de influencias: 10 meses de cárcel Art. 429: 6 meses a 2 años de cárcel y multa del duplo del beneficio obtenido
Delito contra la Hacienda pública: 2 años de cárcel y 1.034.305 (triplo de lo defraudado) Art. 305.1: 1-5 años de cárcel y multa del séxtuplo de lo defraudado
Blanqueo de capitales: 2 años de cárcel y 689.537€ de multa (duplo de los bienes blanqueados) Art. 301: 6 meses a 6 años de cárcel y multa del triplo del dinero blanqueado
Absuelto de falsedad, tráfico de influencias, malversación, fraude y estafa en los contratos de Madrid y la Comunidad Valenciana
Total: 8 años y 6 meses Total: 7-21 años
JAUME MATAS
Delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad y malversación:3 años de cárcel Prevaricación (art. 404): 9-15 años de inhabilitación
Falsedad en documento público (art.390.1.2º y 4º): 3-6 años de cárcel
Malversación (art. 432.1): 2-6 años de cárcel
Fraude a la Administración: 8 meses de cárcel Art. 436: 2-6 años de cárcel
Total: 3 años y ocho meses Total: De 7 a 18 años de cárcel

En consecuencia, también ha absuelto a Iñaki Urdangarin y Diego Torres de todos los delitos de falsedad en documento público y mercantil, tráfico de influencias, malversación, fraude y estafa a la Administración en los contratos suscritos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Generalitat Valenciana), la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (Ayuntamiento de Valencia) y Madrid 2016 (Ayuntamiento de Madrid).

Y aun en este caso, el tribunal ha aplicado todos los atenuantes posibles para rebajar las penas previstas por el Código Penal: a Urdangarin y Torres les ha aplicado el atenuante previsto en el artículo 21.5 por “reparación del daño causado” y a Jaume Matas este mismo atenuante “de forma muy cualificada” y el previsto en elartículo 21.7 por “confesión”.

Todo ello ha dado como resultado el tratamiento más favorable posible para los tres acusados. La mayor parte de la pena de Urdangarin y Torres corresponde a un delito continuado de prevaricación (que supone entre 9 y 15 años de inhabilitación, según el Código Penal) en concurso de un delito de falsedad en documento público (entre 3 y 6 años de cárcel) y otro de malversación (que supone penas de 2 a 6 años de cárcel).

Por la suma de estos conceptos, el tribunal ha impuesto 2 años y ocho meses de cárcel para Urdangarin y tres años para Diego Torres, apurando el mínimo que permite la Ley. El fiscal Pedro Horrach pedía seis años de cárcel para cada uno de ellos por el mismo concepto.

Dos años por defraudar a Hacienda

El tribunal también ha impuesto 7 meses de cárcel para Urdangarin y ocho para Torres como autores de un delito de fraude a la Administración, tipificado en el artículo 436 del Código Penal. Este artículo establece penas de entre 2 y seis años de cárcel, muy superiores a las que ha impuesto finalmente la sentencia.

En cuanto al tráfico de influencias, el artículo 429 del Código Penal prevé penas de entre 6 meses y dos años de cárcel, además de una multa equivalente al duplo del beneficio obtenido por estas prácticas ilícitas. La sentencia impone por este concepto un año de cárcel para Urdangarin y 10 meses para Diego Torres, pero no hace ninguna mención a la multa prevista por la Ley.

Otro ejemplo. El artículo 305.1 del Código Penal establece una pena de entre 1 y 5 años de cárcel por delito contra la Hacienda Pública, además de una multa que puede alcanzar hasta el séxtuplo de la cantidad defraudada. En aplicación de este artículo, la sentencia impone a Urdangarin dos penas de un año de cárcel y sendas multas de 259.478 y 253.075 euros equivalentes al duplo de las cantidades que defraudó en el IRPF de 2007 y 2008.

Por este mismo concepto, el tribunal ha impuesto a Diego Torres una pena de dos años de cárcel y un multa de 1.034.305 euros: el triple de la cantidad que defraudó en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El tribunal ha absuelto a Urdangarin del delito de blanqueo de capitales que le atribuía la Fiscalía, pero en cambio sí ha encontrado culpable de este delito a su ex socio Diego Torres: le ha condenado por este concepto a una pena de dos años de cárcel y una multa de 689.537 euros (el duplo de la cuantía de los bienes blanqueados).

Quizá nunca pise la cárcel

El resultado de todo ello son penas que suman seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarin (frente a los 19 años y medio que pedía para él la Fiscalía) y ocho años y medio para Diego Torres (la Fiscalía pedía para él 16 años y medio de cárcel).

Aún no está claro que Urdangarin vaya a pisar la prisión, pues tal como ha desvelado OKDIARIO el fiscal Pedro Horrach no va a pedir su ingreso inmediato, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que el abogado del ex duque de Palma tiene previsto presentar contra la sentencia. Un trámite que puede prolongarse durante al menos tres años.

https://okdiario.com/investigacion/2017/02/19/tribunal-impuesto-urdangarin-penas-inferiores-previstas-codigo-penal-765336

Condenado por recibir en prisión a su pareja, que acudió a verlo con orden de alejamiento

 

Lo próximo será que condenen por asistir a juicio, por salir a la calle o simplemente por ser hombre.

No es de extrañar que quien no ha pasado por estos episodios no se crea que pueda existir esta legislación y que en los juzgados se cometan estas canalladas.

Conviene recordar lo que estipula el Código Penal.

Artículo 5.

No hay pena sin dolo o imprudencia.

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Condenado por recibir en prisión a su pareja, que acudió a verlo con orden de alejamiento

La sentencia indica que el afectado debía haber alertado de la situación y evitar la conversación en el locutorio de la cárcel

OURENSE – LA VOZ – 24/12/2016

Aunque haya sido la mujer quien acudió hasta el centro penitenciario de Pereiro para entrevistarse con su pareja, en prisión por un asunto diferente, la existencia de una orden de alejamiento en vigor ha dado lugar a que Ustilio R. S. M., de 25 años, haya sido condenado a seis meses más de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar. Aunque el proceder de la dirección del centro penitenciaria queda en entredicho en la sentencia, la jueza estima que aun siendo la mujer la que pidió la comunicación, «el único comportamiento posible por parte del acusado (…) pasaría por advertirlo de manera inmediata a la dirección del centro, pasa suspender esa comunicación, cosa que no hizo». De hecho, el contacto se produjo el 4 de julio del 2015 y hasta el día 13 de ese mismo mes no tuvieron en prisión conocimiento de la orden de alejamiento, por informe de la Policía Local de Ourense, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2.

La jueza constata que en Pereiro obraron de forma incorrecta cuando le tomaron declaración al interno la primera vez. Y aunque aquel testimonio no tiene validez, posteriormente fue el implicado quien reconoció los hechos. Su justificación en el sentido de que «no podía saber que era G. la que pedía la comunicación, hasta que se encontró con ella en el locutorio», no sirvió.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2016/12/24/condenado-recibir-prision-pareja-acudio-verlo-orden-alejamiento/0003_201612O24C4992.htm

Rebajan de 10.530 euros a 1.620 la multa a la mujer que denunció falsamente a su exmarido

 

El carácter disuasorio de la pena vuelve a eliminarse para favorecer a quien delinque de forma reiterada.

Se beneficia a la delincuente por un único motivo: ser mujer.

La igualdad ante la ley vuelve a quebrarse para mantener uno de los privilegios de las feministas.

Volverá a cometer el mismo delito, denuncia falsa, hasta que consiga meter en la cárcel a la víctima, gracias a la intervención de algún juez incompetente o sectario. O ambas cosas.

La argumentación de la juez es un disparate contra el sentido común y contra la ley. La sorpresa y decepción viene al ver el nombre de la juez.

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Rebajan de 10.530 euros a 1.620 la multa a la mujer que denunció falsamente a su exmarido

POR D.A
SEVILLA| 01/11/2016

  • La mujer acusó a su exmarido de haberle golpeado y tirado al suelo en la plaza de Azahín de la capital hispalense.
  • La acusada ya fue condenada en el año 2012 a 20 meses de prisión por otra serie de denuncias falsas

Rebajan de 10.530 euros a 1.620 la multa a la mujer que denunció falsamente a su exmarido

Rebajan de 10.530 euros a 1.620 la multa a la mujer que denunció falsamente a su exmarido

La Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia de la que ha sido ponente la juez Mercedes Alaya, ha rebajado de 10.530 a 1.620 euros la condena de multa impuesta a Raquel V.B., la mujer acusada de interponer una denuncia falsa contra su exmarido, José Antonio Santos, al que acusó de haberle golpeado y tirado al suelo en la plaza de Azahín de la capital hispalense.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima estima parcialmente el recurso de la acusada contra el fallo del Juzgado de lo Penal que le condenó al pago de 6.480 euros por un delito de denuncia falsa y al abono de 4.050 euros por falso testimonio, mientras que también condenó al pago de 540 euros porfalso testimonio a M.A.F., que aseguró en el Juzgado que había visto la agresión.

Hay que recordar que la acusada ya fue condenada en el año 2012 a 20 meses de prisión por otra serie de denuncias falsas contra su expareja que llevaron a éste a pasar once meses en prisión.

La Audiencia, así, absuelve a la imputada del delito de falso testimonio y rebaja la pena por el delito de denuncia falsa de 6.480 a 1.620 euros de multa, reduciendo además la indemnización a favor de José Antonio Santos de 2.000 a 1.000 euros, que satisfarán solidariamente ambos acusados hasta 333 euros y el resto la imputada.

La acusada recurrió pidiendo su absolución por el delito de falso testimonio al alegar que ella no presentó como testigo ante la autoridad judicial al otro encausado, según recoge la sentencia consultada por Europa Press.

En este sentido, el tribunal argumenta que, si bien es cierto que fue la propia autoridad judicial la que “acordó recibir declaración” al procesado, como defiende la imputada, lo fundamental es que “el delito de denuncia falsa absorbería de haberse producido al delito de falso testimonio”.

Al hilo, recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que señala, refiriéndose al delito de simulación delictiva, aunque el planteamiento que hace es válido para el delito de denuncia falsa por la”extraordinaria” semejanza de ambas figuras, que “quien simula falsamente ser responsable o víctima de un delito ante un funcionario judicial o administrativo, está llevando a cabo una descripción errónea de la realidad, apareciendo ante dichos funcionarios como autor o víctima de unos hechos punibles inexistentes”.

Según el Supremo, ello “produce que la declaración falsaria que se produce a continuación, incluso en sede de plenario, no puede ser de nuevo valorada como una infracción separada por tratarse de un mismo comportamiento, de manera que el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél”, como indica el artículo 8.3 del Código Penal.

En este caso, “es claro” que la acusada “solo puede ser condenada por el delito de denuncia falsa”, estima la Audiencia, que le condena por este delito al pago de una multa de tres euros diarios durante 18 meses, para lo que tiene en cuenta que la acusada percibe la pensión de renta activa de Inserción de 417 euros derivada de la pérdida de empleo.

Tras conocer la decisión de la Audiencia, el exmarido de la acusada,José Antonio Santos, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que se siente “indignado” con dicha resolución, ya que, “en lugar de mantener o subir la condena, la rebajan”.

LOS HECHOS

Fue el 11 de mayo de 2011 cuando la acusada denunció ante laPolicía Nacional que, sobre las 22,00 horas del día anterior, su expareja se había acercado a ella en la plaza de Azahín y, “de forma repentina”, le había empujado tirándola al suelo, donde le propinó patadas en el hombro, la espalda y la cara, causándole lesiones, “todo ello a sabiendas de que estos hechos no se habían producido”.

Esta denuncia dio lugar a un atestado policial y a la incoación de unas diligencias previas por parte del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Sevilla, ante el cual la acusada “continuó manteniendo la versión de los hechos ofrecida en la denuncia contra su exmarido”.

De su lado, el otro acusado compareció en calidad de testigo en dichas diligencias y, “tras ser advertido de su obligación de declarar la verdad y de las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación”, declaró que, sobre las 21,50 horas del día 10 de mayo de 2011, pasaba por la plaza Azahín y se encontró a la denunciante en el suelo.

Este imputado, así, declaró que frenó el vehículo que conducía y se apeó, momento en el que el individuo que estaba próximo a Raquel se marchó corriendo y se montó en un vehículo gris plata respecto del cual tomó la matrícula creyendo ser una Citroen, todo ello “a sabiendas de su falsedad”.

Asimismo, este imputado dijo que “no vio cómo el denunciado estaba golpeando a la denunciante” y “que no pudo ver la ropa ni la cara del mismo, si bien sabe que era de complexión fuerte y medía aproximadamente 1,70 metros”, todo ello, según la sentencia, “a sabiendas de que no había tomado la matrícula ni identificado realmente a dicho individuo, sino que dichas circunstancias le habían sido facilitadas por la acusada”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla dictó auto de fecha 13 de mayo de 2011 acordando el sobreseimiento libre de las actuaciones seguidas contra José Antonio Santos, resolución que devino firme por auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 1 de julio de 2011.

En el juicio, Raquel V.B., ratificó que su expareja le agredió, por lo que sufrió una serie de lesiones por las que tuvo que acudir a Urgencias de un centro hospitalario.

 

http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Audiencia-rebaja-denuncio-falsamente-exmarido_0_968003344.html