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Divorcio en el Botànic por la custodia compartida

 

De cara a las próximas elecciones conviene tomar nota de qué vota cada partido y las razones para hacerlo.

Está claro que PSOE y Podemos es más importante el lucrativo negocio del maltrato y su ideología totalitaria en la que se sustenta que el bienestar de los niños que representa la Custodia Compartida tras el divorcio.

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Divorcio en el Botànic por la custodia compartida

Compromís, PP y Cs reivindican esta modalidad como la «más deseable» con el rechazo de PSPV y Podemos

DIEGO A. SAN JOSÉ

05/04/2017

PSPV y Podemos votando en contra y Compromís a favor junto al Partido Popular y Ciudadanos. Este rocambolesco resultado se dio ayer en las Cortes a la hora de votar una iniciativa en defensa de la custodia compartida como modalidad «más deseable» ante una separación o divorcio, para hacer prevalecer el interés del menor.

La moción, propuesta por el Partido Popular y consensuada posteriormente con Compromís, insta al Consell a solicitar al Gobierno que impulse las reformas necesarias para que se incorpore en el Código Civil la custodia compartida comomodalidad «más deseable en el caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer el interés superior del menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las directrices de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño».

La iniciativa también reclama a la Administración autonómica para que busque las fórmulas para impulsar una nueva normativa de relaciones familiares que establezca la custodia compartida como sistema preferente con la observancia prioritaria del interés superior de cada menor. Además, a partir de una enmienda de Compromís, se pide la exigencia al Gobierno central de que busque «todas las fórmulas posibles para garantizar la capacidad normativa plena en materia civil de la Comunidad Valenciana, incluidas aquellas que puedan comprender una reforma de la Constitución».

La diputada del Partido Popular María José Ferrer justificó la necesidad de aprobar esta proposición no de ley por una cuestión de igualdad y corresponsabilidad de ambos progenitores en la crianza del niño y recordó que así lo defendía la ley que en 2011 aprobaron las Cortes, con la oposición de PSPV y EUPV, que posteriormente fue tumbada por el Constitucional al considerar que excedía las competencias legislativas de la Comunidad Valenciana, un hecho que desde Compromís le echaron en cara a Rajoy.

La socialista Rosa Peris pidió al PP que no hiciera «trampas» porque el debate no es la custodia compartida sino si «no habiendo acuerdo se puede imponer» esta modalidad.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/04/05/58e3f348468aebb86e8b45a8.html

Supremo confirma adopción menor a pesar de que se vulneraron derechos padres

 

El robo “legal” de niños es un negocio muy lucrativo. Cada año miles de niños son apartados de sus padres con las excusas más peregrinas para terminar siendo dados en adopción. A razón de una media de tres mil euros al mes por niño de beneficio con gastos casi nulos y un fracaso cercano al 100%.

El Tribunal Supremo confirma que todo fue insensato, ilegal e injusto pero lejos de devolver el niño a sus padres y castigar a los responsables además de apartarles de tan nefando negocio, da la razón a los delincuentes con el peregrino argumento de que el menor ya está adaptado. Apliquemos este argumento a cualquier otro delito. El robado, el asesinado, el estafado, etc., ya está acostumbrado a su nueva situación, ¿para qué vamos a resarcir al perjudicado y castigar al delincuente?

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Supremo confirma adopción menor a pesar de que se vulneraron derechos padres

14/01/2017

Madrid, 14 ene (EFE).- Un fallo del Supremo establece que el hecho de que un menor esté integrado con su familia de adopción basta, teniendo en cuenta su interés superior, para negar la patria potestad sobre él de sus padres, a pesar de que en el proceso de acogida del niño se vulneraron los derechos de los progenitores.

“Ante ese interés superior del menor debe ceder el de los padres biológicos recurrentes”, dice el Supremo, que con su fallo confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Menorca quitándoles a los progenitores la patria potestad y custodia sobre el menor y también limitando sus visitas a una mensual, en el caso de la madre, y a una bimensual, en el caso del padre.

Así, el niño, que tiene en la actualidad 12 años, dejará atrás a su familia de Menorca y permanecerá con otra de acogida, en Pontevedra, junto a la que lleva tres años.

Un juzgado -primero- y la Audiencia de Menorca -después- aceptaron que se había dañado el interés legítimo de los padres y no se había hecho lo suficiente como para que el menor se integrara en su entorno familiar biológico.

Aún así, tomando como apoyo el informe de la psicóloga del juzgado, rechazaron el recurso de los padres. Son esos fallos los que ahora confirma el Supremo.

Todo tiene origen en las dificultades que presentaba para el menor el entorno en el que le criaba su madre, quien tenía la custodia tras separarse del padre. En ese entorno incluso se produjeron dos episodios de aparente agresión sexual al niño por parte de un primo, según recoge la sentencia.

A partir de ahí se desarrolló un proceso de acogida del menor, procedente de Menorca, por parte de una familia de Pontevedra. En ese proceso todas las instancias asumen que se vulneraron los derechos de los padres.

Sin embargo, “el menor ha realizado un buen proceso de adaptación a su nueva familia acogedora y, lo que es más importante, serían gravísimas las consecuencias que podría tener su retorno a Menorca”, puso de manifiesto la psicóloga del juzgado, según recuerda el Supremo.

“La psicóloga se desplazó a Pontevedra para llevar a cabo la citada exploración, concluyendo que pese al injusto proceso de pérdida familiar al que ha sometido al niño, un nuevo proceso de cambio y desarraigo en este momento sería muy perjudicial para aquél”, recuerda también el Supremo.

El alto tribunal reprocha también al Consell Insular de Menorca el no haber dado los pasos necesarios para integrar al menor con su familia biológica, pero se pregunta si esa reinserción es todavía posible.

Y decide que “en atención a los vínculos existentes ya entre el menor y sus acogedores, así como a las circunstancias que dieron lugar a las medidas iniciales de protección”, deben rechazarse los recursos de los padres del niño y mantenerlo con su familia de acogida. EFE

http://www.lavanguardia.com/vida/20170114/413360670827/supremo-confirma-adopcion-menor-a-pesar-de-que-se-vulneraron-derechos-padres.html

Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

 

El negocio de robar niños de forma “legal”.

Una rama más de la lucrativa industria del maltrato. Con la excusa de ayudar a los menores lo que hacen es destrozarles la vida mientras los benefactores se lucran con el dinero de los impuestos.

La ideología de género y la destrucción de la familia para aislar al individuo sigue implantándose.

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Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

Fugas, castigos severos, situaciones de riesgo para los niños e insectos componen la fotografía de algunos espacios

Trabajadores, familias, chavales y el propio Síndic de Greuges denuncian la situación

Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

NÚRIA PUENTES
El CRAE Els Castanyers, en Palau de Plegamans.

TERESA PÉREZ / BARCELONA

 DOMINGO, 8 DE ENERO DEL 2017

Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por laDirecció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y “por tanto tienen que estar mejor que en su casa”, puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500. Cuatro asociaciones de padres de estos menores preparan denuncias contra la Generalitat por supuestos abusos y falta de garantías en el proceso de desamparo, como avanzó este diario.

Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

JORDI COTRINA
Un grupo de trabajadores protestan ante la sede de la DGAIA por los recortes, el pasado diciembre.

Fugas, embarazos, castigos, picaduras de insectos e instalaciones deficientes forman la fotografía de algunos recintos. Las escapadas de los chavales están a la orden del día. Algunas familias se enteran de que sus hijos se han fugado cuando van a visitarlos al centro, sin que previamente nadie les haya alertado de la situación. La nieta de V. H. huyó en agosto, y sigue en paradero desconocido. Creen que está embarazada. Las huidas también las constató la Sindicatura de Greuges, ya que el día que visitó el Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) Els Castanyers, de Palau-solità i Plegamants (Vallès Occidental), “había 17 fugados”. “Es el pan nuestro de cada día”, le advirtió un mosso d’esquadra a V. H. cuando le contó que su nieta se había escapado. La Conselleria d’Afers Socials no ha contestado a las peticiones de este diario para conocer su opinión sobre los centros públicos, concertados y de gestión delegada, que son los que tienen el equipamiento propiedad de la Administración.

REZOS Y CATEQUESIS

Algunos de los chavales retirados por la DGAIA huyen del centro para visitar a sus familias. L. P., describe que llegaba exhausta, porque “caminaba siete kilómetros para verlos”. Otras escapadas acaban en embarazos no deseados. La sobrina de Y. D., que está ingresada en un centro, está a punto de ser mamá. A veces, los métodos anticonceptivos que se propone a las adolescentes no son los que aconseja el sentido común. Es lo que sucede en la residencia Montserrat, de Cerdanyola del Vallès, que acoge a menores de 6 a 18 años, pero solo de sexo femenino. “Como método anticonceptivo se recomienda la abstinencia sexual”, asegura David Rodríguez, del sector social de la Confederación General de Trabajadores (CGT). Este Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE), colaborador de la DGAIA, lo gestiona el Instituto Secular Cruzada Evangélica y se define “inspirado en una concepción cristiana de la vida”. La CGT ha denunciado a este centro “por activa y por pasiva”, explica Rodríguez. Antoni Gutiérrez, de la Acció Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), insiste: “Además de la abstinencia, hay rezos y catequesis”.

Centros de protección

Existen diferentes tipologías de centros para menores tutelados por la Generalitat.

Centros de acogimiento, son espacios residenciales para la atención inmediata del menor que la Administración ha retirado de sus padres. La estancia es temporal mientras el equipo técnico realiza un diagnóstico sobre la situación del niño y se decide qué medida se aplica en función de las características personales y de su entorno.

Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) que albergan a chavales de cero a 18 años. Los menores están internos hasta la mayoría de edad o hasta que se arregla la situación familiar. Pertenecen a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia o a entidades sociales que los han concertado con la Administración.

Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) son unos espacios destinados a acoger a adolescentes de entre los 12 y los 18 años que están bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya. Los jóvenes presentan problemas de conducta.

También existen las Casas d’ Infants, que es la última apuesta de la Generalitat. Son pisos de capacidad reducida donde se pretende dar una atención más personalizada a los menores.

El estado de estas residencias no es el que debería, hasta el punto de que “según el centro donde ingresa el niño le toca o no la lotería”, apunta Gutiérrez. Hartos de no tener soluciones por parte de la DGAIA, tres sindicatos (UGT, CCOO, CGT) y el colectivo DASC crearon una plataforma en defensa del menor tutelado y denuncian “la falta de supervisión y control de las instalaciones, déficits en la atención socioeducativa, recortes en los gastos médicos (gafas y dentista) y condiciones laborales precariezadas”. Gutiérrez añade: “Además se ha reducido la ayuda educativa a menores con discapacidad física y psíquica muy grave, como parálisis cerebral, y no se les da una atención individualizada”. Los recortes económicos están a la orden del día.

Las instalaciones son otro de los puntos negros de algunos centros. El informe de la Sindicatura lo corrobora. Durante tres años consecutivos ha visitado las instalaciones del Centro Residencial de Acción  Educativa (CRAE) Can Rubió, de Esparreguera (Baix Llobregat) y ha comprobado que “no se ha cumplido la recomendación de adecuar el centro de manera integral y hacer las reformas necesarias para garantizar el bienestar de niños y adolescentes”.

Cuando N. H. ingresó en uno de ellos, no había plazas. “Durante algunos días estuve durmiendo en una especie de despensa. Era un espacio tan pequeño que desde la puerta saltaba a la cama”, dice. Los piojos y las picaduras de chinches también son una queja coincidente de los chavales que han estado ingresados. A L. P. su familia la tuvo que llevar a la peluquería cuando estaba cerrada al público. “Para que me eliminaran los insectos”.

SALUD MENTAL

Los sindicatos con representación en los centros critican, además, la tensión existente, ya que la falta de plazas hace que en ellos convivan, por ejemplo, niños pequeños con adolescentes con problemas de salud mental. “Algunos pasan miedo porque, al haber menos plazas de las deseadas, adolescentes violentos comparten habitación con niños de 4 años”, afirma Rodríguez. Las agresiones físicas entre los niños y a los trabajadores van en aumento.

El Síndic también propina un varapalo al régimen disciplinario. L. define “como medievales” los castigos. “Cuando volví al centro tras una fuga me tuvieron 15 días sin salir de mi habitación”, dice. A través de entrevistas con residentes en CREI, el Síndic constanta “desproporcionadas medidas disciplinarias o contenido inadecuado de las sanciones”. Durante la inspección de la Sindicatura al centro Els Castanyers se pudo comprobar que “el libro de registro de aislamientos o contenciones no está bien cumplimentado y, en algunos casos, no consta la hora de entrada y de salida”. En el CREI El Guaret de Valls (Alt Camp), los internos narran que “se hacen contenciones físicas en las cuales participa el personal de seguridad”.

Centros de protección

Existen diferentes tipologías de centros para menores tutelados por la Generalitat.

Centros de acogimiento, son espacios residenciales para la atención inmediata del menor que la Administración ha retirado de sus padres. La estancia es temporal mientras el equipo técnico realiza un diagnóstico sobre la situación del niño y se decide qué medida se aplica en función de las características personales y de su entorno.

Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) que albergan a chavales de cero a 18 años. Los menores están internos hasta la mayoría de edad o hasta que se arregla la situación familiar. Pertenecen a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia o a entidades sociales que los han concertado con la Administración.

Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) son unos espacios destinados a acoger a adolescentes de entre los 12 y los 18 años que están bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya. Los jóvenes presentan problemas de conducta.

También existen las Casas d’ Infants, que es la última apuesta de la Generalitat. Son pisos de capacidad reducida donde se pretende dar una atención más personalizada a los menores.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/polvorin-los-centros-menores-tutelados-por-generalitat-5728937

La madre del niño preadoptado: ‘Ni bebo ni me drogo. Me quitaron a mi hijo’

 

Un caso más de los miles que se producen cada año.

El lucrativo negocio de robar niños de forma”legal”.

Una muestra más de que a los menores se les destroza la vida con la excusa de protegerles.

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Publica una carta

La madre del niño preadoptado: ‘Ni bebo ni me drogo. Me quitaron a mi hijo’

La madre del niño preadoptado cuenta su historia

Una pareja valenciana, obligada a devolver a su hijo preadoptado a la madre biológica

La familia preadoptiva de Sueca lamenta que a J.se le trate “como a un yoyó”

PATRICIA DEL GALLO – Oviedo

La Audiencia Provincial ordenó que el menor que residía con una familia preadoptiva en Valencia debía regresar con la biológica de forma inmediata e independientemente de cualquier recurso que se presentara. Fue el pasado 5de agosto. Y señala que se había planteado que la entrega del menor no fuera ni en un cuartel de la Guardia Civil, como así ha sido, sino en un punto de encuentro familiar o el que se acordara con la madre biológica y que fuera progresiva pero que en dos ocasiones los padres preadoptivos no acudieron al encuentro con la madre y los servicios sociales por lo que había sobre ellos una orden de búsqueda y localización desde el pasado 8 de agosto.

La madre biológica, María José Abeng Ayang, de nacionalidad española pero de origen guineano, no entiende el revuelo mediático levantado sobre este caso, cuando la víctima, es ella, que dice le quitaron al niño al nacer, cuando ella tenía 14 años. Entonces residía en un centro de menores del Principado y asegura que le dijeron: “no tienes capacidad para asumir su crianza”. Pero ella quería ser madre y desde aquel momento lleva pleiteando con la administración para recuperar al pequeño. Asegura que se equivocó en su día pero cree que ni ella ni mucho menos su hijo, el más inocente e indefenso, deben pagar por ello más. Ahora tiene 19 años y ayuda para hacer frente a lo que necesite el pequeño.

Y además de decirlo ella también lo hace la justicia que en este caso ha entendido que esta joven “no se encontraba incursa en ninguna causa de privación de patria potestad, siendo necesario, por tanto, su asentamiento en la adopción del menor”. Y deja sin efecto el acogimiento. Por ello no entienden las acusaciones que han vertido en las últimas horas sobre ella, sobre sus hábitos sobre todo dice, porque es mentira. Asegura que no lleva “una vida inadecuada” como le reprochan. “No me drogo, ni bebo, ni siquiera fumo nunca la han maltratado” como hay quien asegura.

María José supo que podría recuperar a su hijo ya en mayo y en dos ocasiones viajó a Valencia, la última hace unos días, para hacerlo en compañía de su abogada. Pero se volvió “con el corazón roto”, dice en una carta que ha hecho pública, y con un juguete que llevaba para su pequeño y la incertidumbre de no saber si volvería a ver a su hijo.

Desde entonces se buscó a los padres hasta que hace una semana la Guardia Civil conoce que el menor iba a comenzar las clases en un colegio de Valencia.

Ayer fue entregado a su madre que asegura tras llorar durante los últimos cuatro años, que ahora tiene a su hijo con ella.

La sentencia dice que la entrega del menor “debe hacerse con un seguimiento y apoyo por parte de la entidad pública competente, que actuará bajo supervisión de un psicólogo, “y que deberán informar mensualmente al Juzgado a fin de que pueda adoptar las decisiones que correspondan en cada momento en beneficio del menor”. Un proceso que ya está en marcha.

Según María José, “el niño está bien, tranquilo, como soy yo”.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/09/13/57d7e2cfe2704eda258b45ea.html

María José Carrascosa prepara un libro sobre su vida mientras ejerce de madre en la distancia

 

No deja de ser sorprendente que se siga dando cobertura a esta gran mentirosa a quien su propia hermana ha dado la espalda harta de su maldad y locura.

El libro de Carrascosa promete ser un compendio de mentiras, calumnias y delirios.

El caso Carrascosa es un caso paradigmático de las barbaridades que se cometen en los juzgados de “familia” en los que se destroza la vida de los menores dejándolos huérfanos de padres vivos con el recochineo del argumento del “beneficio del menor“.

Más información del caso Carrascosa – Innes en este enlace.

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María José Carrascosa prepara un libro sobre su vida mientras ejerce de madre en la distancia

Los padres de la abogada valenciana esperan que este año tome los turrones con ellos y su hija

MARIA JOSEP SERRA
Valencia
Portada del libro de María José Carrascosa.
Portada del libro de María José Carrascosa.

La abogada valenciana María José Carrascosa cumplió 14 años de condena en Estados Unidos por llevarse a su hija a España sin el permiso del padre, Peter William Innes, un ciudadano norteamericano del que se había separado tras cinco años de matrimonio, y por negarse a devolverla a ese país para que se reuniera con él. Ahora prepara un libro centrado en esa parte de su vida, A broken american dream (Un sueño americano roto).

Carrascosa, que consiguió hace unos meses la libertad provisional, sigue sin poder abrazar y besar a su hija Victoria Solenne, de 16 años, que vive con sus abuelos en Valencia, a la espera de que los tribunales americanos decidan su libertad definitiva. Y es que la letrada valenciana mantiene su larga batalla judicial en Estados Unidos; ha solicitado el habeas corpus y que se reconozcan los daños y perjuicios sufridos por ella y su familia porque considera que ha cumplido “una condena ilegal”

La víspera de Nochebuena del año 2009, la abogada María José Carrascosa, de 44 años, rompió a llorar después de escuchar la dura sentencia que le impuso el juez Donald Venezia, tras un juicio que apenas duró una hora. “Entérese: el juego se ha acabado. El suyo es un caso de odio y venganza que ha creado usted, quien ha considerado a su hija una propiedad”, le espetó el magistrado. La consideró culpable de secuestro y desacato a la autoridad. Una dramática historia real por proteger a su hija, cuenta la abogada, que insiste en que ha sido “perseguida internacionalmente, privada de libertad, vida y familia por falsos delitos”.

A finales de 1998, María José, que llevaba más de 15 años trabajando entre Estados Unidos y España, conoció por Internet a Innes, y tras unos meses de relación, se casaron en Valencia. Su hija Victoria nació un año después. Entonces empezó un largo calvario.

María José Carrascosa denunció que su marido la estaba envenenando con arsénico, motivo por el que, afirma, le extirparon el bazo y parte del páncreas, algo que él ha negado en repetidas ocasiones. Finalmente, Innes abandonó la casa que compartían tras llegar a un acuerdo privado para que la niña se quedara con la madre. Convenio que no implicaba que la pequeña no pudiera viajar donde estaba empadronada, que era en Valencia.

Una vez en España, María José solicitó la nulidad y el divorcio, y le fue concedida la custodia de la niña. Su exesposo perdió todos los recursos que interpuso. Agotadas todas las vías en España, acudió a los tribunales americanos, que le dieron la razón.

María José Carrascosa prepara un libro sobre su vida mientras ejerce de madre en la distancia

Carrascosa fue detenida y recluida en la prisión de Hackensack, en Nueva Yersey cuando viajó sola a Estados Unidos para mostrar la documentación de la justicia española y aclarar su situación y la de la niña. Nunca volvió. Y su odisea no ha terminado.

En el camino ha dejado amigos y familiares. Su hermana Victoria, que desde el principio reivindicó la inocencia de María José y la permanencia en España de su sobrina, no está de acuerdo con su lucha actual, que considera “absurda”. “Ya no tengo nada que decir sobre el caso de mi hermana”, indica a EL PAÍS.

La abogada ha encontrado el consuelo del sacerdote Antonio Álvarez, al que conoció en la prisión. Y también cuenta con el apoyo de sus padres y su hija, con los que se comunica diariamente a través de Skype. “Lo peor ha pasado. Ahora ya está en libertad”, resalta a este diario su padre, José Carrascosa, desde la localidad de Buñol, donde pasan las vacaciones. “Ahora lo que queremos todos y deseamos es que este año, por fin, podamos comer los turrones juntos”, agrega.

Innes sorprendido de que su exmujer no haya vuelto a España.

Innes y su hijo, Peter.
Innes y su hijo, Peter.

Peter W. Innes ha señalado a EL PAÍS que le sorprende y entristece que su exmujer todavía no haya regresado a España “para estar con nuestra hija porque no hay nada en absoluto que se lo impida puesto que las condiciones de su libertad no requieren que se quede en Estados Unidos”. Innes destaca el hecho de que su mayor defensora, su hermana Victoria, coincida con él en este aspecto.

“En vez de volver a España y centrarse en nuestra hija, María José continúa luchando contra los tribunales de los Estados Unidos en una batalla que no va a ganar porque sus afirmaciones no se basan en la realidad”, ha resaltado el exmarido de Carrascosa. “Su versión de los hechos no es cierta. Ella y Victoria nunca han sido víctimas de abuso de ninguna manera. Lo que está haciendo, en lugar de seguir adelante con su vida, es ir de víctima de unos actos que nunca ocurrieron”, ha insistido.

La familia Innes.
La familia Innes.
Innes no ha visto ni hablado con su hija desde que “fue secuestrada hace más de 10 años”. “Tengo la esperanza de que cuando tenga la mayoría de edad podamos encontrar la manera de empezar una relación sana sin la intervención de los tribunales, los abogados o sus abuelos”, ha explicado. Innes, propietario de una prestigiosa agencia de publicidad, rehízo su vida. Se volvió a casar y tiene un hijo, Peter, de 9 años. Su esposa, ya retirada, es una policía de Nueva York que aportó dos hijos, de 22 y 24 años, al matrimonio. “Somos una familia normal que espera dar la bienvenida a Victoria en nuestro hogar muy pronto”, ha señalado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/30/valencia/1472551837_228989.html

Un juez investiga si Bienestar Social prevaricó al separar a un bebé de su familia materna

 

Los servicios sociales siguen robando niños con total impunidad.
El negocio es tan lucrativo que no tienen reparo en cometer todo tipo de ilegalidades.
Las vidas que destrozan les traen al fresco.

Un juez investiga si Bienestar Social prevaricó al separar a un bebé de su familia materna

  • La conselleria «ignoró» la petición de custodia por parte de los abuelos y de su tío y entregó al menor a una pareja de acogida

J. MOLANO/EFE
9-09-2015

valencia. Bienestar Social pudo prevaricar al separar a un bebé de su familia materna, un hecho que ya se encuentra investigando el juzgado de instrucción número 20 de Valencia. Los hechos se remontan a mayo de 2012, cuando nació el menor, que «nada más hacerlo» fue cautelarmente retirado de su madre biológica por la Conselleria de Bienestar Social debido a los «problemas psicológicos graves» de la mujer, tal como detalla el abogado de la familia, Enrique Vila.

A los pocos meses, los abuelos biológicos del niño solicitaron la custodia del mismo para evitar que saliese del entorno familiar biológico, como prevé la Ley del menor y todos los tratados internacionales de protección de la infancia, que «priorizan a la familia biológica frente a terceros». «Como la Conselleria no contestaba a los abuelos, el tío del menor solicitó también la custodia del niño», pero la institución «ignoró incomprensiblemente estas solicitudes y dictó una resolución por la que entregaba al pequeño a una familia acogedora (actualmente en fase de preadopción) «pese a la insistencia de los familiares a hacerse cargo de él».

En diciembre de 2014, la Audiencia de Valencia «reprochó a Bienestar Social la nula respuesta a la familia biológica» y obligó a la Administración a dictar «de forma inmediata» una resolución sobre la petición de los abuelos y el tío del menor para evitar una situación irreversible con la familia de acogida, según el relato del abogado. «En esos momentos, Bienestar Social ya conocía la existencia de informes periciales del equipo psicosocial de los Juzgados y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia favorables a que el menor retornase con su tío biológico», sostuvo Vila. «Pese a ello, la Conselleria, desoyendo los informes de los técnicos independientes, negó la vuelta del menor con su tío biológico», mantuvo el letrado. Según éste, esta resolución no sólo es contraria al derecho, sino que resulta «claramente delictiva» al haberse dictado «a sabiendas» de la existencia de informes periciales favorables.

«No se lo deseo a nadie»

El tío del pequeño, M. V., un enfermero de 40 años, atendió ayer a LAS PROVINCIAS. «Esto no se lo deseo a nadie. Lo más duro es que no hemos tenido derecho a conocerlo en más de tres años», lamentó. «Nos dijeron que a los tres meses podríamos verlo en visitas junto a mi hermana y eso nunca ocurrió», agregó.

M. V. espera que la Conselleria tome ahora cartas en el asunto tras analizar el caso «como debieron hacer en su día». «Quiero creer que todo ha sido un error. Los juzgados y el Ayuntamiento no mienten. Esto no puede alargarse más», dijo. «Mis padres y yo estamos destrozados».

 

La banalidad del mal o el bien superior del menor

 

Artículo de obligada lectura
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La banalidad del mal o el bien superior del menor

 

martes, 18 de agosto de 2015

Hannah Arendt (1)  fue una politóloga alemana de ascendencia judia que tuvo que huir de su país cuando los nazis tomaron el poder. Exiliada en los Estados Unidos trabajó para diversas revistas y organizaciones sionistas, si bien ella nunca se definió como tal. En 1961 estuvo presente en el juicio de Adolf Eichmann que se celebró en Israel como reportera para The New Yorker.
Adolf Eichmann (2)  fue uno de los grandes impulsores de la llamada Solución Final que pretendía exterminar a los judíos de Europa siguiendo las consignas antisemitas de la Alemania nazi. Según Arendt, Eichmann no era un monstruo sediento de sangre como lo describían los periódicos durante el juicio, ni siquiera un perturbado mental. Arend pensaba que Eichmann actuó del modo que lo hizo por el simple de deseo de ascender en su carrera profesional. De hecho Eichmann hablaba hebreo y yiddish – dialecto del alemán utilizado por las comunidades judias centroeuropeas – e incluso había algo de sangre judía en sus venas. Esto es, Eichmann era un simple funcionario que ejecutaba las órdenes que recibía con el máximo celo sin reflexionar en las consecuencias de las mismas y por tanto no había en él un sentimiento de obrar bien o mal.
Tomando como ejemplo a Eichmann, Arendt acuñó la frase “banalidad del mal” para describir a personas que actúan de una determinada manera, a menudo fuera de toda lógica, sentimiento o humanidad,  siempre y cuando puedan justificar que su proceder deriva de una orden o consigna que consideran superior e indiscutible.
El ser que actúa de dicha manera se siente parte de un engranaje y frecuentemente siente una profunda satisfacción cuando contribuye a su buen funcionamiento. Según esta controvertida teoría, Eichmann tomó como suya la consigna del Tercer Reich de eliminar a los judíos, pero de la misma forma si la consigna hubiera sido ayudar a la creación de un estado sionista en Palestina habría puesto toda su eficacia al servicio de la misma. Por ejemplo está documentado que Eichmann viajó a Palestina en 1937 para estudiar la viabilidad de crear una nación judía y ante la imposibilidad sopesó crearlo en la isla de Madagascar. Durante el juicio celebrado en 1961 alegó en su defensa que él había sido en realidad, a través de su responsabilidad en la emigración forzosa de los judíos hacia el este, el primer impulsor del estado de Israel.

Durante los dos últimos años en que he investigado a fondo el sistema de protección en Cataluña me he encontrado con la banalidad del mal a menudo. En este caso, la consigna era “el bien superior del menor”, una frase que según los servicios sociales y judiciales autoriza a dictar órdenes administrativas y ejecutar sentencias que poco o nada tienen que ver en muchos casos con la humanidad o la lógica. Al principio me escandalizaba. Luego pensé que estaba tratando con personas, que a pesar de ser psicólogos, educadores sociales o licenciados en derecho, tenían un cierto trastorno mental. Al final me di cuenta que la mayor parte de ellos sufren esta banalidad del mal. No sienten ningún tipo de remordimiento ni piensan que han actuado de forma incorrecta cuando lo hacen dentro del sistema. Y lo que es peor, han cosificado a los niños que para ellos son “objetos” que pueden transformar, intercambiar o modificar de acuerdo a su propia subjetividad. Esta es una de las razones, y no otra, por la que servicios como el SATAF se niega sistemáticamente a hablar con los menores y preguntarles qué desean o cuáles son sus sentimientos. Si lo hicieran no sería tan fácil dictar los informes que realizan porque ya no serían “cosas” sino “personas”. De la misma manera estoy convencida que si Eichmann hubiera viajado en los trenes de la muerte con destino a los campos de concentración y hubiera visto cara a cara a sus víctimas, que sólo eran estadísticas para él, el devenir de muchos judíos habría sido muy diferente.

He aquí algunos ejemplos que me he ido encontrando a lo largo de los años de investigación :

1. Venta de periciales :

Llegaron a mi una serie de grabaciones donde un grupo de psicólogos adscritos a los juzgados de Barcelona claramente manipulaban el resultado de los informes periciales que solicitaba el juez de instrucción de acuerdo con una de las partes en litigio. Esto es, que el resultado de la pericial se acordaba con el abogado de una de las partes para forzar al juez a la prevaricación. Me entrevisté con uno de dichos psicólogos que negó la mayor. Le hice escuchar la grabación donde efectúa la prevaricación. Al principio dudó que aquella fuera su voz (?!). Luego me intentó hacer creer que aquello no era una prevariación ni un cohecho. Ante mi insistencia – se estaban jugando el futuro de una criatura – perdió los nervios y me largó “que se joda el niño”. Más calmado me indicó que habían actuado de acuerdo con la ley y según el sobado “bien superior del menor”. A saber lo que quería decir con ello.

2. Adopciones ilegales :

Me entrevisté con una anciana de Sant Cugat que en 1998 intentó con su marido, ya fallecido, adoptar a un niña. Según esta niña, por aquel entonces de 8 años de edad y hoy en día de 25, la madre adoptiva la coaccionaba para que la aceptara como madre asegurándole que su madre biológica la había abandonado (algo completamente falso). Le expuse esta acusación y la mujer se defendió indicando que la niña era demasiado pequeña para acordarse. Que mentía. Tal vez lo hacía incluso por dinero, algo que negué de forma categórica. Cuando le pregunté cómo era posible que en 1998, cuando ya tenía más de 50 años, hubiera sido elegida por una ICIF como idónea para ser madre adoptiva dijo que ella reunía todas las condiciones necesarias (supongo que se olvidó de mencionar la edad). Le pregunté si había influido que ella estuviera ligada a un partido que gobernaba en Cataluña en ese momento y su marido apareciera en la televisión pública catalana de vez en cuando y por tanto hubieran recibido un trato de favor. Alterada me aseguró, alzando el dedo, que si le habían dado a la niña era porque “ellos eran mejores” que la familia biológica de procedencia.

La niña se resistió a la adopción, regresó al CRAE de donde había salido y dos indignadas educadoras de la DGAIA le dijeron que estaría encerrada hasta cumplir los 18 años. Ciertamente así ocurrió. Es de suponer que lo hicieron por el bien superior de la nena.

3. Pederastas :

He estado estudiando los casos de pederastia y pedofilia ligados al sistema de protección del menor. Hace más de dos años me entrevisté con una educadora social ya jubilada. Durante mucho tiempo esta señora trató con pedófilos y pederastas. Según ella, estos individuos se sienten atraidos por los menores que aún no han alcanzado la pubertad. Cuando hablaba con los presuntos pedófilos, salvo casos extremos, éstos no se sentían culpables, sino “protectores” de los menores. En breve escribiré un artículo sobre la pederastia y pedofilia, si bien antes compraré un billete a la Antártida porque a muchos va escocer lo que explicaré.

4. Puntos de Encuentro :

El Punto de Encuentro (Punt de Trobada) es aquel lugar que señala Justicia para el intercambio de los menores cuando existe un aparente conflicto entre los progenitores o bien el lugar donde se realizan visitas vigiladas donde uno de los progenitores puede compartir un corto espacio de tiempo semanal con el menor puesto que se considera que no es apto para tener una convivencia normal con el mismo. Es cierto que hay un cierto porcentaje de casos en que la medida está justificada porque existen precedentes de violencia o abusos, pero en otros muchos se trata de montar una farsa para la satisfacción de una de las partes que ha salido beneficiada con la guardia y custodia del menor. Y no lo digo yo, me lo confesó una psicóloga de un punto de encuentro del Vallès. Según ella el porcentaje de conflictos reales entre el menor y el adulto que debe verlo en el Punto de Encuentro es muy pequeño y en general existe una buena relación. No ocurre desde luego lo mismo con la ex-mujer (puesto que los hombres son por regla general los que salen perjudicados en las disputas por la custodia del menor o menores) con la que se suele mantener una mala relación, algo que en principio no debería justificar la separacíón del niño del padre ya que los Puntos de Encuentro sólo deben determinar la relación padre-hijo, no la de la ex-pareja. Según esta técnica, a menudo los informes que se emiten cada tres meses tratan de favorecer a la madre y resaltar cualquier aspecto negativo – o que se manipule para resultar negativo – del padre por varias razones. La primera de ellas es que el 90% de los técnicos de los Puntos de Encuentra en Cataluña son psicólogas que por una mal entendida defensa del género propio piensa que los menores deben estar con las madres, de manera que no van tratar de que el padre no custodio recupere ningún tipo de convivencia con el menor. Más bien al contrario. Pero si quien debe acudir a las visitas vigiladas es la madre – ya se sabe que los jueces son tan imprevisibles como los tornados en Oklahoma – harán todo lo posible para que en el menor plazo de tiempo de posible dicha madre recupere a sus hijos en una convivencia normal. ¿Y a cuánto equivale el “menor plazo de tiempo posible”? Seis meses. Y el máximo un año con prórroga de otros seis, Y no más porque nadie les va a abonar un plazo extra.

La otra razón de manipular los informes es conseguir que las visitas “no conflictivas” se prolonguen lo máximo en el tiempo. Es decir, a pesar de que sea claro el cariño que se profesan padre y menor, si no presentan conflictos de cara al Punto de Encuentro es mejor mantenerlos ocupando una franja de tiempo que dar por zanjado el problema y que venga a ocupar dicha franja alguien que tal vez pudiera ser conflictivo. Es decir, que las familias no conflictivas tienen el doble de posibilidades de tener una estancia prolongada en los Puntos de Encuentro que las conflictivas. Las primeras seguramente agotarán todo el plazo de tiempo, prórroga incluida. ¿Cuál es la razón? Los Puntos de Encuentro son gestionados por fundaciones, asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro que cobran una determinada cantidad por cada familia que tratan. Resulta más fácil gestionar un servicio con familias no problemáticas que otro donde haya ir con armadura.

A mi pregunta de si existe una consigna por escrito que los técnicos de los Puntos de Encuentro deban cumplimentar me contestó que no, ya que es la psicóloga referente es quien “guía” qué hechos hay que consignar y cuáles no en los informes que se entregan al juzgado. Cada caso cuenta con un co-referente, otra psicóloga o grupo de ellas, que aportan los datos complementarios – en realidad la totalidad de los mismos – ya que la psicóloga referente rara vez se encuentra con las familias durante las visitas de fin de semana. Es muy fácil que una psicóloga con experiencia manipule al resto de técnicos del Punto de Encuentro ya que por regla general éstos sólo acuden al mismo a realizar horas extras mientras que su jornada laboral transcurre en otros ámbitos de la salud – o ni siquiera eso – y carecen por tanto de la más mínima preparación  y suficiente dedicación para siquiera entender la labor que realizan.

Otra pregunta que hice a la ex-técnica de un Punto de Encuentro era si en algún informe entregado a un juzgado se había omitido un dato ex profeso que pudiera favorecer la reunión definitiva del padre con sus hijos. Me confesó que sí que había visto informes manipulados o tendenciosos donde se pretendía dar un determinado sesgo a la familia en conflicto, pero que seguramente era por el “bien superior del menor”.

A la pregunta de si ante un informe tendencioso había objetado algo como co-referente me dijo que no puesto que confiaba en la experiencia de la referente. “¿Pero si ahora me estás explicando esto es porque viste algo anómalo en la actuación de la misma?, ¿se lo hiciste ver?”. Por toda respuesta se puso nerviosa y empezó a recelar del cariz de la entrevista, entrando en una fase defensiva de la cual no la pude volver a sacar.

A pesar de que su propia confesión la delataba, la psicóloga con la que hablé finalizó la entrevista especificándome que todos los menores que habían pasado por sus manos en el Punto de Encuentro habían salido felices de la experiencia y ella estaba orgullosa de ser parte de “esa felicidad”.

Según algunos psicólogos con experiencia en el tema con los que he hablado los “menores felices” guardan traumas importantes debida a  la prolongada ausencia del progenitor al que sólo podían ver en el Punto de Encuentro. Además están resentidos con el progenitor custodio que ha impedido que puedan ver a su padre y además el conflicto entre los progenitores se ahonda aún más por el uso de la guerra sucia por parte de la madre para separar al padre de sus hijos. Si España va como va, desde luego es gracias a sitios como los Puntos de Encuentro. Y no lo digo esto mas que comparando el larguísimo proceso que se lleva a cabo en nuestro país con el que ocurre en Inglaterra, donde entre el divorcio, aunque sea  contencioso y conflictivo, y la resolución final transcurre un máximo de 6 meses. Porque allí, sin ser rimbombantes, sí que piensan en los niños. Y además no utilizan la banalidad del mal para justificarse.

5. Servicio sociales

Tengo varias entrevistas con antiguos técnicos de los servicios sociales. Les planteo casos hipotéticos para que los resuelvan. Sus contestaciones son tranquilas, pausadas, coherentes y llenas de lógica, humanidad y una más que razonable empatía hacia los menores pero también hacia los progenitores. No reconocen los casos que les he planteado, pero de hecho son los mismos que una vez trataron cuando estaban dentro del Sistema. He modificado los nombres y las fechas, pero en esencia son los mismos. Les desvelo este hecho y les pregunto el por qué, cuando trataron el caso desde dentro del Sistema, su resolución fue tan lesiva para las partes y especialmente para el menor. Se ofuscan, se ponen nerviosos. No saben que decir, Murmuran que era esa la manera “en que se resolvían los expedientes en tal o cual servicio”. Les pregunto si están convencidos que actuaron de forma correcta. Todos están convencidos de que sí, que hicieron lo mejor para el bien del menor porque siguieron la consigna. Porque sin saberlo eran Eichmann.
 

6. El dinero es mío

Mantengo una conversación telefónica con una antigua directora de un CRAE. Hablamos de muchos temas y de repente me suelta que tuvo un problema con la Generalitat. Parece ser que durante dos semestres entre 1990 y 1991 Benestar Social decidió que la Protección familiar (una paga que se entrega desde Madrid por cada niño tutelado y que actualmente asciende a 24,25 euros) fuera ingresada en las cuentas personales de los directores de los centros. Al cabo de un tiempo Benestar Social reclamó a los directores el dinero ingresado. Era lógico puesto que dicho dinero, al menos hasta el 2010, se entregaba a los menores una vez alcanzaban la mayoría de edad.
Pues bien, esta señora estaba cabreadísima por el hecho de que le hubieran reclamado el dinero. Decía que se lo había gastado (sic)  y ya no disponía del mismo. Me dejó atónita. Le hice ver que ese dinero no era suyo. Estuvo de acuerdo, pero “al resto de directores de otros CRAE no les obligaron a devolver el dinero”.  Le expliqué que investigaba el sistema de protección de menor y me conminó a hacerlo “porque había muchas cosas raras y ella padecía por el modo en que se trataba a los niños”. Niños a los que había birlado dos semestres de PF. Si esto no es la banalidad del mal que baje Dios y lo vea.

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Banalidad_del_mal

 

(2) Documental sobre Adolf Eichman

El TS fija doctrina sobre la suspensión del régimen de visitas de menores bajo tutela de la Administración

 
Recordemos que Servicios Sociales tiene “secuestrados” a miles de niños con los más variopintos argumentos. 
Es norma intentar impedir el contacto entre padres e hijos para romper el vínculo y poder darlos en acogida o adopción.
Esta sentencia fija los criterios para suspender las visitas entre padres e hijos que están bajo la “tutela” de la Administración.
 

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El TS fija doctrina sobre la suspensión del régimen de visitas de menores bajo tutela de la Administración

Las entidades públicas podrán adoptar esta medida en interés del menor si hay control judicial
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido que la Administración podrá suspender de forma cautelar el régimen de visitas de menores bajo su tutela y en acogida con sus padres biológicos siempre que lo comunique de inmediato al juez.

En una sentencia, la Sala de lo Civil del alto tribunal ha fijado como doctrina que “la entidad pública está legitimada para decidir sobre la suspensión del régimen de visitas y comunicaciones de los menores bajo su tutela por ministerio legal y en situación de acogida, para garantizar el buen fin de la medida de protección acordada, sin perjuicio de la función supervisora del Ministerio Fiscal y del preceptivo control judicial de la resolución administrativa adoptada, a quienes se dará cuenta inmediata de la misma”.

El Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 31 de enero de 2014, que dejó sin efecto la suspensión del régimen de visitas de una menor con su madre biológica, acordada por la Administración autonómica.

El fiscal se adhirió al recurso y solicitó a la Sala de lo Civil la revisión de su doctrina para que la Administración pueda suspender el régimen de visitas cuando sea necesario en interés del menor, siempre que su decisión quede sujeta al debido control judicial.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores de la Junta de Andalucía decidió interrumpir de forma cautelar las relaciones de una niña con su familia, después de recibir una nota de una profesora del Centro de Protección donde estaba acogida alertando de la “regresión” que sufría desde que acudía a las visitas con su madre biológica.
La Administración –mediante expediente de jurisdicción ordinaria- instó al Juzgado para que, en interés de la menor, ratificase la medida, como así hizo el juez.

El Tribunal Supremo señala que, en este caso, la entidad pública, amparada en una norma autonómica –el decreto que autoriza a la administración andaluza a determinar el régimen de relaciones personales de los menores con sus padres o tutores, parientes y allegados-, puede cancelar las visitas y las relaciones familiares del menor con sus progenitores.

Los magistrados añaden que se trata de garantizar de una forma inmediata el buen fin de la medida de protección adoptada, atendiendo a las circunstancias y al interés superior del menor por parte de quien está facultado para adoptar la medida de separar a los hijos de sus progenitores.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Seijas, señala que el control judicial de la resolución administrativa queda a salvo cuando la administración solicita al juez que confirme su decisión.

El Pleno de la Sala de lo Civil considera que el hecho de impedir la relación de la niña, que entonces tenía 8 años, con su madre biológica es una “medida importante” en cuanto le priva del derecho que tiene a relacionarse con su familia.

La sentencia establece que sólo se podrá acordar para limitarla o suspenderla en “casos muy excepcionales y mediante una resolución judicial fundada, lo que ocurre en este caso, en el que la medida se adopta para garantizar la protección e integridad física y psicológica de la menor, a partir de un análisis detallado de todas las pruebas que se han practicado, en su beneficio e interés”.

 

Ni pobreza ni discapacidad podrán ser causa para separar a un menor de sus padres

Parece tener buena pinta.
Ahora mismo los servicios sociales te quitan a los hijos por cualquier motivo.
Incluido el estar en paro.
Hay un gran negocio montado al respecto.
Habrá que vigilar la aplicación de la ley.
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http://www.20minutos.es/noticia/2463375/0/congreso-aprueba/ley-proteccion/infancia-adolescencia/

Ni pobreza ni discapacidad podrán ser causa para separar a un menor de sus padres

Niños en el comedor

Un grupo de niños almuerza en el comedor del colegio. (ACN)

  • El Congreso blinda por ley que no sean factores a tener en cuenta.
  • Aprobado el proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
  • Incluyen un Registro Unificado de Maltrato Infantil, que obliga a las comunidades y la Administración a establecer un sistema de información compartido.

EP. 18.05.2015

La situación de pobreza no podrá ser un factor a tener en cuenta para separar a un menor de sus padres ni tampoco la discapacidad del niño o de alguno de sus progenitores. Así ha queda redactado en una enmienda transaccional de entre el medio centenar aprobadas e introducidas este lunes en el texto del proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que ha sido aprobada, con los votso del PP, por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Congreso de los Diputados. De esta forma, frente al texto original que establecía que “la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser la única circunstancia para valorar la situación de desamparo”, en la nueva redacción acordada por PP, la Izquierda Plural y Grupo Parlamentario Mixto, se precisa más claramente que la pobreza “no podrá ser tenida en cuenta” para separar al menor de su familia. Se crea la adopción abierta, que permitirá contacto con la madre biológica si lo establece un juez

Asimismo, el Grupo Popular y el Grupo Socialista han acordado mediante otra enmienda transaccional incluir en el articulado de la ley la disposición de desarrollar un Registro Unificado de Maltrato Infantil, que se suma a la obligación de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado de establecer un sistema de información compartido que permita conocer la situación de la protección a los niños, niñas y adolescentes en España, con datos por género y discapacidad. Por otra parte, tras aprobarse las enmiendas transaccionales, el redactado de la norma incorpora una nueva disposición adicional por la que se garantiza la atención integral a jóvenes extutelados, concretamente, su formación en habilidades para propiciar su autonomía al cumplir los 18 años, el alojamiento y la formación para el empleo. Sobre las familias de acogida, el nuevo texto añade que las familias acogedoras tendrán “los mismos derechos” que la Administración reconoce al resto de unidades familiares pero también “las mismas obligaciones” respecto del menor acogido.

A su vez, la Comisión ha aprobado una enmienda transaccional de CiU y PP según la cual se añade un nuevo apartado referido a “las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas” y se dicta que “recibirán el asesoramiento y apoyo adecuados a su situación” y que en el plan individual que se realice a la menor se contemplará “la protección del recién nacido”.

Al Pleno el 28 de mayo

El proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que deberá ser refrendado por el Pleno, previsiblemente el próximo 28 de mayo, para remitirlo al Senado, tiene el objetivo de agilizar los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia.

Además, con esta norma se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez, y con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva. Igualmente, se regula el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.

Por otra parte, la norma reconoce como víctimas de violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres y regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. A su vez, el texto renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable, como el caso de los menores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles. A los menores con discapacidad se les garantizará plena accesibilidad, así como unos servicios sociales especializados y adaptados. En materia de prevención, se impone como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto son niños, no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.

Registro de delincuentes sexuales

Entre las novedades introducidas por el PP a través de enmienda, destaca la creación del Registro de Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores e información sobre su perfil genético de AND y que será confidencial. Además, la ley modifica la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas. A su vez, se reforma la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos con una bonificación para el empleador de 1.500 euros al año durante dos años por trabajador contratado de forma indefinida.

 

Los hijos desamparados de la Generalitat

 

El gran negocio de los servicios sociales que “cuidan” de los niños a razón de tres mil euros al mes por niño.
Con los gastos cubiertos por estar subvencionados además de contar con las instalaciones públicas cuyo uso se les cede gratuitamente.
ONGs que dependen directamente del gobierno de turno, regidas por familiares o amigos del dirigente político de turno.
La destrucción de la familia, de la relación paternofilial, so capa de defender a los niños.

 

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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396621195_922784.html

Los hijos desamparados de la Generalitat

8.000 niños están tutelados por la Administración catalana, el 25% de los que lo son en toda España

JESSICA MOUZO QUINTÁNS / GUSTAVO FRANCO Barcelona 4 ABR 2014
 

A.M. abraza a su hijo, al que le retiraron la tutela a los tres días de nacer. Tardó cuatro años en recuperarlo. / ALBERT GARCÍA

No entiendo por qué vinieron con la Policía para llevarme. Tengo 11 años, no creo que hubiese podido escapar”. Manel recuerda el primer día de los 136 que pasó internado en un centro de acogida de Barcelona. Eran las 10.00 del 19 de abril de 2013, cuando un dispositivo de técnicos de servicios sociales y Mossos d’Esquadra se presentó en una escuela de Premià de Mar (Barcelona) con la orden de llevárselo. “Compañeros, profesores y padres estaban delante cuando me metieron en la furgoneta. Fue como en las películas”, asegura el menor.

Al mismo tiempo, a unos 30 kilómetros de allí, en la sede barcelonesa de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña, un funcionario comunicaba al padre que Manel (nombre ficticio) no volvería a casa antes de seis meses. Lo habían convocado a la misma hora en la que su hijo salía escoltado rumbo a un centro de acogida. Al padre le explicaron que era una medida “provisional” mientras se realizaba un “estudio”. “En aquella reunión supe por primera vez lo que es una resolución de desamparo”, recuerda S. N., un neurocientífico de 58 años. El motivo del desamparo fue una supuesta “especial conflictividad” del padre denunciada por la madre, separados. Sin embargo, cuatro meses después, la Generalitat reculaba y suspendía la medida protectora. La resolución, firmada por dos altos cargos de la DGAIA, concluyó que no había motivos para separar a Manel de su padre y mantenerlo interno y casi incomunicado con su familia.

Experiencias como la de Manel han desencadenado una oleada de protestas contra las actuaciones de la DGAIA en los procesos de protección de menores. Unos trescientos padres, organizados en varias plataformas, denuncian el “excesivo celo” de la institución catalana para retirar la tutela a los padres biológicos. “La Administración investiga, juzga y ejecuta. La impunidad de los técnicos es total y las familias son como enemigos. No es un sistema garantista”, protesta Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, una de las asociaciones que acumula más denuncias. Del medio millar de quejas que ha recogido su entidad en toda España, 200 son de familias catalanas. La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas (Adenicat) y la recién constituida Real Rights for Children Stop Desamparament son las otras entidades que denuncian la praxis de la DGAIA y suman otras 20 y 60 quejas, respectivamente.

Unos trescientos padres, organizados en varias plataformas, denuncian el “excesivo celo” de Bienestar Social

En el centro de la polémica está la actuación de los técnicos de la DGAIA, que evalúan las situaciones de las familias cuando detectan supuestos factores de riesgo de desamparo. Los padres denuncian “la arbitrariedad” con la que los técnicos hacen sus informes y critican la ausencia de una figura jurídica imparcial que medie entre la versión de la Administración y la de los padres. Al tratarse de un proceso administrativo, la DGAIA toma las decisiones de forma unilateral y se ejecutan en el momento. Pero los padres, si quieren oponerse, tienen que iniciar un proceso administrativo y judicial más largo y costoso.

A. M. tardó cuatro años en revertir la decisión administrativa que la separó de su hijo a los tres días de dar a luz. “Todos los documentos adjuntados [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][por los técnicos de Bienestar Social] efectúan el seguimiento de una enfermedad que la madre no padece”, rezaba la sentencia judicial que le devolvió la tutela del niño. La Generalitat se opuso a esta sentencia y la Audiencia Provincial volvió a ratificarla en marzo de 2011. “No ha sido fácil recuperar el tiempo perdido con mi hijo y vivir con la desconfianza hacia los servicios sociales”, reconoce A. M.

El paso por los tribunales produce un desgaste emocional para las familias. No solo por el largo proceso, sino por los efectos que las medidas de protección tienen sobre las relaciones paterno-filiales. En diciembre de 2011, un juzgado de Barcelona dijo sobre el caso de Cristina Moncada: “No se acaba de comprender el escaso contacto de la madre con sus hijos, ceñido a una hora al mes, que más parece una sanción a la progenitora que una medida de protección de los menores”. El juez advirtió que este régimen hacía “inviable plantearse cualquier alternativa seria de que la madre pueda ejercer el papel que le corresponde”.

Las denuncias contra las actuaciones de la DGAIA han llegado incluso hasta la plataforma de peticiones online Change.org, donde unas 15 familias han conseguido más de 100.000 firmas de apoyo a su causa. “Nosotros no nos posicionamos, pero sí es cierto que hemos detectado una tendencia, un patrón común de quejas contra la actuación de la DGAIA”, señala un portavoz.

También algunos jueces han avalado las denuncias de los padres con sentencias judiciales que fallan en favor de las familias, calificando de “desproporcionadas” las medidas tomadas por la Administración.

La directora de la DGAIA, Mercè Santmartí, asegura que el sistema catalán de protección de menores “es el más garantista de toda España” y las actuaciones están dirigidas a “favorecer el retorno con las familias biológicas”. Con cerca de unas 8.000 tutelas tomadas por la Administración en 2013, Santmartí ha reconocido que “solo” una media de 7,6 medidas de desamparo son revocadas por imperativo judicial cada año.

El absentismo escolar, síntomas físicos o emocionales de maltrato o abandono, negligencia por parte de los padres en el cuidado cotidiano de sus hijos, o incluso un conflicto crónico entre los progenitores son algunos de los indicios que alertan a los servicios sociales para intervenir. Cuando se declara a un menor en desamparo, la Administración retira la patria potestad y asume la tutela del niño, apartándolo de su núcleo familiar en centros o familias de acogida. Durante 2013, 7.871 menores de edad estuvieron tutelados por la DGAIA. Cataluña suma alrededor del 24% de los menores tutelados de toda España, según datos del Ministerio de Sanidad de 2011.

Hay niños totalmente incomunicados. Y no son delincuentes, solo están desamparados”, dice Real Rights for Children

A pesar del breve paso de Manel por un centro de acogida, su expediente llegó a acumular más de 700 folios. Desde la detección del supuesto riesgo hasta la resolución de desamparo, intervienen una retahíla de profesionales que actúan, transversalmente, emitiendo una cadena de informes sobre el menor. Los servicios sociales básicos son el primer eslabón del entramado burocrático, y actúan frente a “las alertas que puedan detectarse desde la escuela, centros sanitarios, familia, vecinos o el teléfono de asistencia a menores”, explica Santmartí. Según la gravedad de los factores de riesgo, se decide asistir a las familias desde las estructuras básicas de apoyo o derivar su expediente a los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia (EAIA), brazos ejecutores de la institución. Tras un seguimiento médico y psicosocial del menor y su entorno, los técnicos deciden si puede permanecer dentro del núcleo familiar, bajo un exhaustivo control, o conviene apartarlo de su familia.

Aunque el procedimiento habitual atraviesa todos los estamentos de la cadena de servicios sociales, la DGAIA tiene legitimidad para saltarse los eslabones y aplicar inmediatamente, como en el caso de Manel, una medida cautelar de desamparo y asumir la tutela del niño. Fueron necesarios cuatro meses de abogados y papeleo burocrático, cubriendo instancias y poniendo reclamaciones, para impugnar el desamparo de Manel. Mientras el niño permanecía casi incomunicado en un centro de acogida, su familia sacaba fuerzas de flaqueza y conseguía que la misma Administración que lo apartó de su casa, suspendiese la medida.

“No se ha atendido la versión del niño, que se negaba a vivir con su madre. Se le ha separado contra su voluntad de su padre [con el que estaba de vacaciones] y ha sido obligado a vivir con su madre. Ante la situación actual, sin duda perjudicial para el menor, cabe evitar los posibles daños que mantener esta intervención coactiva puede tener”, aseguraba la resolución, firmada por dos altos funcionarios de la DGAIA, que revocaba el desamparo.

El tiempo en el que los hijos de la Generalitat transitan por los centros y pasan de una a otra familia de acogida, también es objeto de polémica. Lo común es oponerse por la vía administrativa, con un plazo de tres meses desde que se ha decidido el desamparo. Después, si esto no resuelve las diferencias, llega la larga travesía judicial. “La celebración del juicio tarda un año”, asegura Cárdenas, de Aprodeme.

“Al igual que los juzgados de violencia de género, debería haber uno especializado para estos casos, con capacidad para actuar con celeridad”, apunta Juan José Márquez, fiscal decano de Menores de Barcelona. Cárdenas, por su parte, defiende que los jueces participen en todo el proceso y sean ellos los que decidan las medidas protectoras: “Si hubiera más mecanismos de control todos saldrían ganando; sin embargo, primero retiran al menor y luego se hace la reclamación”, añade.

“Las formas actuales, como ir a buscar menores en las escuelas con mossos d’esquadra, son completamente desechables”, puntualiza Silvia Giménez Salinas, abogada especialista en derecho de familia y exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona. El responsable del área de menores del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña, David Nadal, insiste en “trabajar con transparencia y de forma clara” con las familias: “Lo que no tiene que ocurrir es que a las familias les llegue la notificación por sorpresa. Hay que cuidar todo el proceso y trabajar con respeto con ellos”.

Manel (nombre ficticio) pasó cuatro meses internado en un centro de acogida. La Generalitat revocó su desamparo reconociendo que no había tenido en cuenta la opinión del menor. /ALBERTO GARCÍA

Aunque en el caso de Manel fue la misma DGAIA quien, motu proprio, revocó el desamparo aplicado cuatro meses atrás, los jueces también han cuestionado las medidas protectoras y han fallado en favor de las familias, devolviendo la patria potestad a los padres. La directora de la DGAIA asume los errores como “un riesgo” que están dispuestos a correr: “A lo mejor ha habido un exceso de protección en 7,6 casos, pero asumimos el riesgo por los otros 7.000 en los que no nos equivocamos”.

Con el fin de recuperar la tutela de su hija, Sille Soo demostró en 2009, y así lo ratifica la sentencia judicial del caso, que había “muy serias dudas de que las medidas fueran proporcionales a la realidad que se planteaba” y que “no ha resultado suficientemente probado que la menor no estuviera bien atendida”. También, en diciembre de 2010, el juzgado de primera instancia número 19 de Barcelona apreció, en referencia a los dos hijos de J. N., que aunque “los problemas de higiene, por graves que fueran, podían haber dado lugar a una intervención domiciliaria para atajarlos, difícilmente pueden justificar la retirada de la patria potestad a los padres”. Además, el plan de mejora impuesto a J. N. introducía, según el auto judicial, “exigencias inadmisibles en un Estado de derecho”, como “acudir a un centro de planificación familiar para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”. La jueza consideró la exigencia “del todo impertinente y atentatoria a la dignidad de los padres”.

Mientras la Administración y los padres se disputan la razón y el proceso administrativo continúa sus tempos, los niños esperan, lejos de su hogar. Los profesionales de servicios sociales y las leyes vigentes priorizan la acogida familiar por encima del internamiento de los menores en centros. Sin embargo, la falta de familias de acogida aboca a un 40% de los menores tutelados a permanecer institucionalizados en residencias.

Manel fue uno de los 3.275 menores catalanes que pasó en 2013 por un centro de acogida. Mientras se resolvía su situación en los despachos de la Administración, permaneció en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en la comarca del Maresme (Barcelona). “Me preguntaron si me quería cambiar de ropa. ¿Cambiar de qué? ¡No tenía ropa! También me preguntaron si me había hecho pipí o caca encima, pero les dije que no. Entonces me dijeron que no debía sentir vergüenza, porque era normal que la mayoría de niños lo hicieran en los pantalones cuando los llevaban al centro”, recuerda el chico.

Los menores son enviados a diferentes tipos de centros, según su propia situación. Afirma la Administración que en los CRAE como el de Manel se acoge a los niños que vienen de un medio familiar inexistente, deteriorado o con graves dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Los Centros de Acogida, por su parte, alojan a menores que deben ser separados de su núcleo familiar mientras se realiza el diagnóstico de la situación. La ley dice que ambos tipos de centros han de ser abiertos y estar integrados en una comunidad. En la práctica, el acceso es restringido a los padres y la comunicación reducida a horarios muy limitados. Además, los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) reciben, según la DGAIA, a los menores tutelados que presentan alteraciones de la conducta. Ahí existen celdas de aislamiento en las que pueden internar a los chavales, hasta 72 horas, cuando ponen en peligro su integridad o la de sus compañeros, o incumplen las normas del centro.

El 41% de los tutelados van a centros públicos porque la oferta de familias de acogida es escasa

“Se intenta que los centros sean lo más parecido a un hogar”, explica la adjunta de menores del Síndic de Greuges, María Jesús Larios. Desde las instituciones se defiende que los centros no sean muy grandes y que los menores pueden continuar con las actividades habituales. Manel, en su caso, siguió jugando al hockey, pero no pudo ver a sus familiares el día de su cumpleaños. “Cada semana nos daban una paga de cinco euros, de los cuales te podías gastar dos, y con permiso, a veces, te podías gastar los ahorros. Cuando algún niño hacía algo indebido, le quitaban parte de este dinero”, relata.

A pesar de ser la solución menos recomendada por los expertos, los centros de acogida suplen la escasa oferta de familias de acogida. En 2013, solo un 13% de los menores tutelados estaban acogidos en familias ajenas y también la acogida en familia extensa, por vínculo sanguíneo o afinidad, disminuyó un 5% desde 2011, cuando se alcanzó el mayor número de menores (2.944) acogidos en esta modalidad. La legislación catalana, por su parte, da prioridad a la acogida en familia extensa sobre la ajena, excepto que los técnicos de la DGAIA consideren lo contrario por el bien del niño.

Eso le sucedió a Ramona Piñol cuando la Administración la consideró “no apta” para hacerse cargo de su nieto. Cuando nació el bebé, la abuela apenas pudo verlo unos minutos. Dos horas después del alumbramiento, los técnicos de servicios sociales se llevaron al recién nacido. “No sabíamos nada y no entendíamos qué estaba pasando. Cuando le dieron el alta a mi hija, nos dijeron que teníamos que ir a buscar al bebé a un centro de acogida pero cuando llegamos, no nos lo dieron”. La hija de Ramona, aquejada de una fuerte depresión, había sufrido los efectos de una sobredosis de fármacos durante el embarazo. Cuando acudió al hospital se activó el protocolo por maltrato prenatal. La ingestión de drogas durante la gestación está recogida en la legislación catalana como situación de desamparo.

3.275 menores pasaron en 2013 por centros de acogida en Cataluña. Muchos esperan meses a que se aclare su situación

La abuela del menor denuncia que los técnicos basaron su decisión en unos exámenes psicológicos que nunca se efectuaron. “Dicen que cada seis meses venían a hacerme pruebas psicológicas para valorarme, pero eso no es verdad. A mí no vino a verme nadie”, replica. “Yo sé que mi hija no estaba capacitada para hacerse cargo, porque está enferma. Pero ella no vive conmigo y yo puedo mantener al niño”, añade. La abuela, que lleva casi tres años sin ver al pequeño, aguarda la celebración del juicio.

Las prestaciones económicas que da la Generalitat para la manutención de los niños desamparados tampoco favorecen la reducción de menores institucionalizados. A pesar de ser la más recomendada, la acogida en familia recibe muchos menos recursos que la atención en centros. “Destaca la gran desigualdad en la inversión hecha en la atención residencial y en la atención familiar”, señaló el Síndic de Greuges en un informe de diciembre de 2013. El desequilibrio tiene sus números: por cada euro destinado al acogimiento en familias ajenas, se dedican 15 a los CRAE.

Silvia Cuatrecasas, abogada especialista en derecho de familia, cree que tanto técnicos como padres deben hacer un mayor esfuerzo por “mantener los vínculos afectivos”. Por no romper esos vínculos, Carmen, madre de acogida, también se enzarzó en una disputa con los servicios sociales. Ella es la tercera arista del triángulo de acogida del que dispone la Generalitat cuando un niño es desamparado. Las denuncias contra la DGAIA también alcanzan este eslabón.

“Era una más de la familia”, sonríe Carmen al recordar a la niña que acogió durante 18 meses. Ella y su marido, padres de dos hijos ya adultos, formaban parte del plantel de familias de acogida de urgencia de la DGAIA, que se hace cargo de niños menores de seis años mientras se estudia su situación familiar. Su conflicto con la Administración se inició cuando les comunicaron que, aunque la niña no podía volver con su madre biológica, tenían que llevársela igualmente, a una familia de acogida de larga duración. Según su edad y el tiempo de acogida que necesita el menor, se traslada a una familia de acogida de urgencia, de corta o larga duración, de fin de semana o permanente.

“Les dijimos que queríamos quedarnos con ella hasta que pudiese volver con su madre. Ya había estado con nosotros mucho más tiempo de los seis meses que estipula la normativa para familias de acogida de urgencia. Ella ya estaba integrada. Si les parecíamos viejos, porque teníamos 54 y 58 años, mis hijos se ofrecían a acogerla también”, relata. Pero los servicios sociales desoyeron su propuesta. En cuatro años y medio, Carmen solo ha podido ver a la pequeña en tres ocasiones. “No me cansaré de luchar por ella. Forma parte de mi familia y nosotros formamos parte de su mundo”.

Los horarios de visita, que dependen de los técnicos, también son otra pugna histórica. La escasa precisión de la Ley de Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia (LDOIA) de 2010 permite una amplia interpretación. La legislación dice que no se ha de “impedir la comunicación, la relación y las visitas con los familiares”, a menos que sea necesario por el “interés del menor”. “Hay niños que están totalmente incomunicados. Hasta los presos tienen derecho a una llamada. Y los niños no son delincuentes, solo están desamparados”, denuncia Judit Martínez, de Real Rights for Children.

Manel tuvo que esperar una semana para hablar con su padre. Luego, visitas de una hora cada dos semanas, y llamadas por teléfono de 15 minutos. “Las llamadas eran supervisadas por un educador, y creo que las grababan, porque tenía que usar el altavoz”, explica. Al cabo de 136 días, el chico salió del centro, sin la despedida con pastel que habitualmente hacían los educadores para los niños que se marchaban. “Qué lástima que no hay tiempo de preparar la fiesta, pero han avisado de la DGAIA que debes marchar hoy”, le explicaron. Pero Manel no echó de menos el pastel de despedida. La verdadera fiesta le esperaba de ahí en adelante, en casa, con su padre.

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