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Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

 

Las feminazis se aseguran el adoctrinamiento a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Se les inculca las mentiras feminazis basadas en los consabidos disparates feminazis. Empezando por el lenguaje “inclusivo”. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados.

La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, reflejada en el artículo veintisiete de la Constitución, nuevamente conculcada por los desmanes totalitarios feminazis.

Por supuesto, todo ello controlado y fiscalizado por las respectivas comisarias políticas feminazis como la del vídeo adjunto.

Más estómagos agradecidos viviendo del erario público que sustenta la industria del maltrato.

El Estado totalitario cada vez más presente.

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Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

Aula de Secundaria en un colegio de Murcia. / VICENTE VICÉNS / AGM

DANIEL VIDAL – Viernes, 12 octubre 2018

El Pacto Regional para frenar esta lacra, que se firmará este mes, promoverá formación estructural con perspectiva de género en las universidades

Extirpar el problema desde la raíz, incidiendo en la educación, a la vez que se incrementa la protección y la atención a las víctimas. Este es uno de los principales objetivos del Pacto Regional contra la Violencia de Género 2018-2022, que la Consejería de Familia e Igualdad y los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional acaban de sacar del horno tras muchos meses de cocción y que, previsiblemente, los partidos firmarán a lo largo de la segunda quincena de este mes. El texto, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, contempla hasta siete grandes ejes de actuación y un total 69 medidas específicas, entre las que destacan las relacionadas con la sensibilización, la prevención y la formación. Solo para la puesta en marcha del acuerdo durante este año y el que viene hay presupuestados más de 9 millones de euros, entre los fondos del Gobierno regional y los que aporta el Ejecutivo nacional.

Así, y entre las muchas tareas que tendrá que asumir la Consejería de Educación (uno de los muchos departamentos del Gobierno regional implicados en el desarrollo del acuerdo), el documento recoge la introducción (entre los años 2019 y 2020) de «una asignatura de libre configuración en materia de igualdad y dirigida a la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia de género, en el segundo tramo de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria». También en los centros educativos, el pacto contempla la creación para el año próximo de la figura del responsable de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuyo objetivo será impulsar y llevar a cabo un Plan Educativo en el centro para ese fin, y que estará liberado para ello. Asimismo, se busca «promover la educación formal y no formal de niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores, especialmente en los valores de igualdad y respeto», y el texto recalca que será necesario «asegurar la presencia en los Consejos Escolares y en las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros de una persona encargada de impulsar y velar por el cumplimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Pero no solo eso. También se promoverán «acuerdos entre la Comunidad Autónoma y las universidades de la Región para introducir en los planes de estudios la formación estructural en perspectiva de género, así como contenidos relacionados con la prevención de la violencia de género». Esta medida, como otras muchas contempladas en el pacto, precisará de un «desarrollo reglamentario a determinar», según se especifica en el documento.

El docente será el responsable también de elaborar el plan del centro para tal fin

«La formación y la prevención nos ha parecido fundamental, y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero», afirma una de las representantes de los grupos parlamentarios. Aunque lo realmente importante «es que la Región contará con un instrumento para luchar contra la violencia de género que servirá para todos los gobiernos, independientemente de su color político», señaló.

Tipos de violencia y acoso

Fuera de las aulas también se incidirá en las campañas de sensibilización, «fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, incidiendo en los patrones y valores culturales». De este modo, la Comunidad Autónoma desarrollará «campañas de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad para favorecer la concienciación ciudadana». Las campañas -contra el juguete sexista o las agresiones sexuales, por ejemplo-, estarán dirigidas «tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, prestando atención a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, adolescentes y hombres», para lograr su implicación en el rechazo y prevención de esta lacra. Se divulgarán «todos los tipos de violencia y acoso que se ejercen sobre las mujeres», además de dar a conocer que «la violencia machista es un delito público que todo el mundo debe denunciar». También campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes, incidiendo en el ciberacoso y en la prevención de las relaciones tóxicas. Los hombres también serán destinatarios específicos de políticas de igualdad y prevención de la violencia, «habilitando cauces de atención a comportamientos de violencia potencial».

El texto prevé la creación del agente de Policía Local especializado en atención a las víctimas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, también realizará a partir del año que viene «diagnósticos especiales» para colectivos vulnerables, con implicación de los mismos, identificando las dificultades y desventajas que experimentan diferentes tipos de mujeres, que enumera el texto acordado por los grupos políticos: «Las que viven y trabajan en el ámbito rural; mujeres con discapacidad; inmigrantes; las que ejercen la prostitución; de la tercera edad; exreclusas; viudas; embarazadas; mujeres a cargo de familias monoparentales; paradas de larga duración; y las que desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por el cuidado de la familia, entre otras».

Tipos de violencia y acoso

El Pacto, que también viene a mejorar (o a poner en marcha) muchos de los mecanismos de los que ya disponen las administraciones locales y regionales, también pone el foco en la protección de las víctimas. Enseñando a defenderse, por un lado, con la «elaboración de un programa de difusión de técnicas de autoprotección y defensa personal para las personas en programas de violencia de género y para quien lo solicite a través de los centros de atención a las víctimas (Cavis)». Por otro, habilitando «procedimientos específicos de actuación para las mujeres que, por diversas causas, retiran la denuncia», y «para el acompañamiento personalizado a las víctimas durante todo el proceso (antes, durante y después de la denuncia), y en todas las actuaciones o situaciones por las que tenga que atravesar», según se recoge en el texto. De hecho, el Pacto promueve «sistematizar el seguimiento de las mujeres atendidas en los recursos especializados de acogida inmediata y los centros de atención». También contempla el acuerdo «facilitar a las víctimas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, y cuyo riesgo sea elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habilitando una bolsa de viviendas con los ayuntamientos para alquiler social».

El documento recoge actuaciones para las mujeres que retiran la denuncia

El documento recoge la necesidad de «garantizar la atención especializada en los recursos de carácter asistencial». Ya en el ámbito sanitario, el acuerdo alcanzado incluye la implantación de un sistema de envío directo de partes médicos al juzgado desde los servicios de urgencias y desde los centros de Atención Primaria. Asimismo, el Pacto pretende «desarrollar una atención sanitaria integral para las víctimas y menores a su cargo mediante la creación y establecimiento de equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres».

Todos los funcionarios

Además de impulsar la figura del policía local especializado en violencia de género, en la negociación se consideró «muy importante» la formación de los especialistas que «acompañan a la víctima durante todo el proceso», según las mismas fuentes. La formación contra la violencia de género, de hecho, se extenderá en todos los ámbitos. Desde «todo el personal de la Función Pública y al servicio de la administración autonómica, profesorado, orientadores y otro personal de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, a inspectores de educación y otros profesionales técnicos de la Consejería de Educación, pasando por profesionales de atención primaria, técnicos y representantes políticos de los ayuntamientos».

El pacto, que también recoge diferentes medidas de actuación en el ámbito laboral, contempla además la creación de diferentes organismos para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Uno de estos organismos es el Observatorio de Igualdad y Violencia de Género de la Región de Murcia, como establece la Ley 7/2007. Además, también se creará una unidad en el Centro Regional de Estadística de la Consejería de Hacienda para extraer los datos relacionados con la violencia de género y la situación de mujeres y hombres en la Región; una Mesa de Coordinación con responsables políticos y técnicos de los 45 municipios; y también una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo será «seguir adaptando las respuestas que ofrece el pacto, que no está cerrado, a las necesidades de la realidad».

https://www.laverdad.es/murcia/colegios-profesor-liberado-20181012010701-ntvo.html

 

Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

 

Dicen exigir derechos e igualdad pero lo único que defienden son prebendas y privilegios a costa de los derechos e igualdad de los demás.

Por supuesto todo ello a costa del erario público.

Como bien dijo Orwell, todos somos iguales pero unos más iguales que otros.

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Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

Manifestación del Día del orgullo gay en Zaragoza. Oliver Duch

Estos cupos se unen a los que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas de terrorismo

B. Travesí – Zaragoza – 01/10/2018

Las personas transexuales y las víctimas de violencia de género van a tener en breve el mismo tratamiento en las ofertas públicas de empleo (OPE) que convoquen las diferentes administraciones públicas de Aragón que tienen ahora las personas con alguna discapacidad y las víctimas -y familiares de víctimas- de terrorismo.

Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de empleo público.

Este cupo será, como mínimo, del 1% en ambos casos, según queda recogido en la ley de Identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación -conocida como ‘ley trans’- y en la de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las dos normas han sido aprobadas recientemente, pero falta que se elaboren los reglamentos para que puedan desarrollarse y aplicarse.

En el caso de la que regula la identidad y no discriminación de las personas transgénero, que es pionera en la legislación española, fue fruto del acuerdo alcanzado entre los partidos políticos y los colectivosLGTBI -lesbianas, gais, bisexuales y transgénero-.

Trata de recoger en su articulado la mejor forma de abordar íntegramente los problemas que este colectivo sufre en diferentes ámbitos como el laboral, educativo, social, familiar, sanitario, juventud y personas mayores, de ocio, cultura y deporte, cooperación internacional, comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.

Tras su aprobación, y a falta de que el reglamento que desarrolle su puesta en marcha vea la luz, CC. OO. consideró que la reserva de plazas fijada, no inferior al 1%, es “insuficiente y mejorable”, por lo que ya avanzó que en los sectores de las administraciones aragonesas en los que el sindicato esté presente -local, autonómica, justicia, sanidad y educación-, plantearán que se aumente ese porcentaje.

“Hay que dar mayor visibilidad al colectivo y facilitar de este modo una mejor inclusión laboral lo que a su vez contribuye a una participación igualitaria en la sociedad”, explicó en su momento en una nota de prensa.

Estas dos nuevas reservas de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de las diferentes administraciones públicas de Aragón vienen a sumarse a las que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas y familiares de víctimas del terrorismo.

Para el primer caso, la legislación autonómica contempla un cupo del 7%, de que el 2% debe ser reservado específicamente para discapacitados intelectuales; en el segundo, regulado en la ley estatal de protección a las víctimas de terrorismo, el cupo de reserva es del 1% de las plazas que se oferten.

Francisco José González, secretario general de Administración Autonómica de C. OO., ha explicado este lunes que estos cupos se aprueban para fomentar y facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, aquellos que a priori tienen más dificultades para encontrar empleo.

“Debe haber cupos”, afirma. “Es una manera de estimular que se presenten a las OPE -recuerda-. Aunque ni siquiera con reserva de plazas hay garantías de que vayan a inscribirse. En muchas ocasiones, los puestos quedan vacantes y se suman a las plazas que se ofertan en el turno libre”.

Para el representante de CC. OO. es una cuestión de coherencia. “Las administraciones deben dar ejemplo -afirma-. Si aprobamos leyes contra la discriminación y a favor de la integración social y laboral y luego no la fomentamos estaríamos dando un mensaje muy contradictorio”.

Por otra parte, considera que con estas medidas se hace un llamamiento a la empresa privada para que “haga un esfuerzo” e integre también en sus plantillas a ciudadanos pertenecientes a estos colectivos.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se ha avanzado este lunes que el desarrollo normativo de ambas leyes va a buen ritmo y que, en todo caso, los reglamentos estarán antes de que finalice la legislatura.

Natalia Salvo, directora general del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a explicado que la razón por la que las Cortes de Aragón, que aprobaron ambas leyes, contemplaron la necesidad de que hubiera cupos en las ofertas públicas de empleo de la Comunidad para estos colectivos es porque se consideran “especialmente vulnerables”. “En el caso de la violencia de género -ha apuntado-, se ha intentado que las situaciones se asemejen a las de las víctimas de terrorismo”.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/10/01/aragon-reservara-las-plazas-oposiciones-empleo-publico-para-transexuales-victimas-violencia-genero-1269255-300.html

 

La Junta de Andalucía obligará a los profesores a recibir clases de feminismo

 

El adoctrinamiento a nuestros hijos desde la más tierna edad.

El artículo veintisiete de la Constitución es papel mojado. No son los padres sino el Estado quien enseña a los niños lo que está bien y lo que está mal. Lo harán con las consabidas mentiras feminazis impartidas por las comisarias políticas feminazis como la del vídeo adjunto. Todo ello con cargo a los bolsillos del contribuyente.

 

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La Junta de Andalucía obligará a los profesores a recibir clases de feminismo

Una nueva ley obliga a la revisión “feminista” de libros y profesores en los centros escolares.

Pedro de Tena (Sevilla)

2018-09-27

Este miércoles, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) –Podemos e IULV-CA votaron en contra–, la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La nueva ley, que incluye como una de las medidas la subida conforme al IPC del complemento autonómico a las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas, dota a la Junta de capacidad sancionadora contra la discriminación de la mujer y se propone la revisión de los textos escolares para impedirla.

Considerada por el PSOE como una ley que cambia la vida de la mujer y sitúa a Andalucía como un referente –”feminismo de salón” la ha calificado Podemos–, de manera inmediata se ha destacado la importancia de la capacidad sancionadora que se recoge en la norma y que se dote de más funciones al Instituto Andaluz de la Mujer, entre ellas la de sancionar.

El nuevo régimen sancionador permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. La ley detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.

Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.

Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora la ley aprobada por el Parlamento se incluyen la realización de actos, campañas o anuncios que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.

La nueva ley hace que los centros escolares sean vehículos de transmisión del desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de estos.

Además, se establece la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos. Esto es, los profesores andaluces recibirán cursos especiales con contenidos feministas.

La revisión “feminista” de los libros escolares

Frases como “mi madre va a comprar el pan”, detectado en los libros escolares que se utilizan en Andalucía y otras regiones españolas, son consideradas añejas y machistas por quienes van a ser encargados, probablemente, de la revisión de los textos vigentes. Dice El País que la nueva ley trata de que la igualdad de género no sea un mito en las aulas y revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos.

Para conseguirlo, una comisión de expertos revisará todos los libros de texto desde infantil a bachillerato, según la ley aprobada en el Parlamento andaluz. Hasta ahora, todo se dejaba a la voluntad del profesorado, pero eso se ha acabado en Andalucía. La comisión de expertos analizará los materiales curriculares y emitirá un informe anual para evaluar su implantación real. Pero, como es costumbre, todo dependerá de la diligencia de la Junta de Andalucía que dispone de un año para aplicar las medidas.

Esta revisión de los libros de texto es la medida estrella de la nueva norma, que dispone de 1.793 millones hasta 2021 pero su inmediata dotación depende de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2019 y estos son aún una incógnita ante el posible adelanto electoral.

Una de las expertas en el tema, Ana López-Navajas, en un trabajo de 2010, consideraba que los datos analizados señalaban sólo un 12% de presencia femenina en los textos escolares demostrando que la ausencia de las mujeres en los contenidos de secundaria es sistemática y abarca todas las asignaturas.

Y añadía que los actuales textos escolares “transmiten una visión de mundo donde la mujer apenas participa, que hace percibir como normal lo que es un elemento de marginación… que es una visión falseada por inexacta y carente de rigor”. Esta visión de mundo “normaliza la marginación, patrones sociales que ayudan a perpetuar las desigualdades y que se encuentran en la base de todo un abanico de comportamientos entre los que destaca la violencia machista, pero donde no son menos graves las desigualdades laborales, las relaciones personales insatisfactorias o los techos de cristal”.

Para Izquierda Unida y Podemos, la anterior ley de Igualdad de 2007 también tenía estas intenciones pero nunca se ha cumplido por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía.

https://www.libertaddigital.com/espana/2018-09-27/la-junta-de-andalucia-obligara-a-los-profesores-a-recibir-clases-de-feminismo-1276625579/

Andalucía revisará los libros de texto para asegurar la igualdad

La nueva ley prevé cursos obligatorios para formar a los profesores en feminismo y tendrá capacidad sancionadora

JAVIER MARTÍN-ARROYO

Sevilla 27 SEP 2018

“Los problemas de Matemáticas siempre mencionan ‘mi madre va a comprar el pan’, el análisis morfológico de una frase suele ser ‘ella cocina y él trabaja’ y en Ciencias no hay mujeres excepto Marie Curie”. Miguel Ángel Martínez, responsable del plan de Igualdad del colegio Blas Infante de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), destaca ejemplos añejos y machistas presentes en la inmensa mayoría de los libros de texto de los escolares. Para que la igualdad de género no sea un mito en las aulas y revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos, Andalucía ha reformado este miércoles su Ley de Igualdad de 2007.

El “conocimiento amputado” de los libros de texto sin mujeres

Una comisión de expertos revisará todos los libros de texto desde infantil a bachillerato, según la ley aprobada en el Parlamento andaluz. “En Asturias y Valencia recogen en su normativa la necesidad de incluir a las mujeres, pero no se concreta y se deja a la voluntad del profesorado. Si ahora en Andalucía se crea una comisión, eso estaría muy bien”, ensalzar Ana López-Navajas, autora del mayor estudio sobre la presencia de mujeres en los materiales educativos, que analizó 115 textos y contó un 7,5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas.

Una veintena de editoriales elaboran los libros educativos para las escuelas andaluzas. “Hay un compromiso de los editores de asumir los contenidos y estamos a la espera de conocer la comisión”, afirman fuentes de Anele, la asociación que agrupa a empresas del sector.

La comisión de expertos analizará los materiales curriculares y emitirá un informe anual para evaluar su implantación real. Eso sí, su creación efectiva y por tanto la velocidad de los cambios reales dependerá de la voluntad del Gobierno andaluz, ya que este se ha concedido un año de margen para aplicar las medidas. “La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten, incorporando la historia del feminismo como movimiento social y político”, refleja la reforma legal andaluza. Esta revisión de los libros de texto es la medida estrella de la nueva norma, que dispone de 1.793 millones hasta 2021 pero su inmediata dotación depende de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2019 y estos son aún una incógnita ante el posible adelanto electoral.

En paralelo, la reforma obligará a que los profesores reciban formación sobre igualdad para que la incorporen en todas las asignaturas. Hasta ahora, los docentes solo se formaban con cursos optativos y cada centro escolar imponía estos contenidos en función del interés del profesor responsable de turno.

Las leyes de igualdad suelen tener un carácter propositivo y de buenas intenciones, pero desde ayer la andaluza ha cobrado capacidad sancionadora. Esto es, cualquier persona, empresa o institución puede ser denunciada ante la Junta por incumplir la ley en cualquier manifestación o acto, y se enfrentará a multas de hasta 120.000 euros. Incluidas las campañas publicitarias sexistas y los eventos deportivos. De este modo, los cánticos de la hinchada del Betis en la que los ultras ensalzaron en 2015 la violencia de género podrán ser denunciados ante la Administración, no solo en los juzgados.

Dinero y selección

Los expertos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) analizarán las denuncias sobre discriminación directa o indirecta por razón de sexo y las elevarán en función de su gravedad a la Consejería de Igualdad o al Consejo de Gobierno de la Junta. Pero para recabar las denuncias, el Gobierno autonómico aún debe dotar de un cuerpo de funcionarios extra al IAM para que sea capaz de acoger todas las denuncias que presenten los ciudadanos. En otras palabras, es necesario dinero y una procelosa selección de personal.

La reforma de la ley ha salido adelante con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que Podemos e IU han votado en contra en un ambiente preelectoral. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado la prevención de la violencia de género desde las aulas como medicina para esta lacra. “Detrás de la desigualdad late un concepto de inferioridad de la mujer respecto al hombre que hay que trabajar”, ha admitido.

Para Izquierda Unida la reforma aprobada ayer es una oportunidad perdida y la ley se queda coja. “¿Avances? Sí, pero pedaleando en el aire porque la anterior ley no se cumple. Hemos perdido 11 años”, ha criticado Elena Cortés. La diputada ha censurado que la Junta no fije contenidos mínimos para los planes de igualdad de las empresas para reducir la brecha salarial, que no haya establecido aún protocolos contra el acoso en el trabajo, ni deje de contratar con empresas condenadas por discriminación laboral, pese a repetidas promesas.

Soledad Granero, portavoz del movimiento feminista del 8-M y que ilustró a los diputados durante la tramitación de la ley, ha criticado este miércoles que “la ley está descafeinada”, “no es transversal” y aún carece de reflejo en los Presupuestos de las diferentes consejerías. “La Junta lleva con el mismo presupuesto, entre 40 y 43 millones para igualdad y violencia de género, desde hace 10 años, con una subida anual del 0,2%”. Para Granero, el Ejecutivo andaluz ha perdido una “gran oportunidad” para plasmar la igualdad en sus políticas sociales.

LAS MUJERES, FUERA DEL RELATO DE LAS AULAS

La comisión de expertos revisará todas las imágenes, lenguajes y contenidos incluidos en los materiales curriculares y libros de textos de las escuelas e institutos andaluces. El objetivo es realizar “un análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica” que ha imperado hasta ahora, según la nueva norma andaluza. Ante esta revisión página a página, la experta Ana López-Navajas destaca cómo esta labor debe ir más allá del cambio del relato histórico que ha hecho de las mujeres las grandes perdedoras.

“Hace falta que se haga correctamente. No se trata de incluir solo a las mujeres, sino de adecuar la perspectiva. En Tecnología, contemplar las tecnologías del hogar como un avance social. En Historia, incluir la lucha de las mujeres como un movimiento de tres siglos y en literatura incluir géneros como la novela corta”, donde ellas están muy representadas.

https://elpais.com/sociedad/2018/09/26/actualidad/1537988965_857877.html

 

Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

 

La industria del maltrato busca nuevos nichos de negocio.

A este gran negocio se apuntan muchos vividores.

Curiosa la foto del artículo. No se molestan en poner algo mínimamente creíble. Esas marcas tienen toda la pinta de ser autolesión. Las habituales mentiras de las feminazis entre las que está la inexistencia de denuncias falsas.

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Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

Mimí sustituyó las cicatrices de sus brazos por unas ramitas de romero.

GABRIELA BALAREZO – 16 MAR. 2018

A una joven le cubrieron los cortes con pequeñas flores. A otra le sustituyeron los navajazos por plumas…

Entramos en el primer servicio de tatuaje terapéutico para víctimas. “Cubrimos con arte el horror vivido”, nos dice una de las siete tatuadoras

Cae la tarde en Barcelona. Es un día frío de finales de febrero. En el número 3 de la calle Calders, Shinda -pelirroja y gafas de marco fino- prepara sus herramientas de trabajo. Botes de tinta negra, una máquina de tatuar, guantes desechables, agujas esterilizadas… Tumbada sobre una camilla y rodeada de paredes blancas e inmaculadas, espera una mujer de veinte y tantos. La llamaremos Paula. Tras transferir el diseño, con papel calco, a la piel desnuda, la tatuadora enciende la máquina. Punto a punto, repasa las líneas estampadas. Múltiples pinchazos atravesando la epidermis. Un dolor que no es nada en comparación con lo que Paula ha vivido. Como si estuviera amortiguado por el susurro continuo de la máquina de tatuar. Cuando Shinda ha terminado no queda rastro de ese nombre gastado de cinco letras. En su lugar emerge una flor.

Dos horas y media separan el antes y el después de Paula. El tiempo que le llevó a Shinda cubrir a golpe de aguja y tinta negra el nombre que desde hace años llevaba tatuado en su hombro derecho. El de su ex pareja. El que hizo de su vida un infierno. La llamamos Paula porque no quiere revelar su identidad. Tampoco muchos más detalles de su vida. Sólo ha accedido a mostrar las fotografías de su antes y después. Que es una suerte de metáfora abreviada -grabada en su piel- de su vida pasada y su presente. Ella, como otras 150.000 [los casos denunciados según las fuentes oficiales], es una víctima de la violencia de género. Una «luchadora», una «superviviente». Llegó hasta el peculiar estudio de tatuajes del que es parte Shinda para hacerse un cover. Un paso más en su proceso de recuperación.

Un “público muy especial”

La idea es transformar esa herida, que en el caso de Paula es un nombre tatuado, en algo hermoso. En arte. Es lo que hacen en Desideratum [«deseo que aún no se ha cumplido»]. Convertir cicatrices o cualquier otro rastro de dolor en algo que sea digno de admirar. El estudio se levanta en una de las medievales callejuelas del barrio del Born, rodeado de sofisticadas galerías y boutiques. A escasos 200 metros del famoso Museo Picasso. Podría parecer un estudio como cualquier otro, salvo porque está comandado sólo por mujeres y atienden a un «público especial». Aunque por sus camillas desfilan todo tipo de clientes, es de los pocos, sino el único, que ofrece un servicio de tatuaje terapéutico y social para mujeres víctimas de maltrato.

Noemí García Sánchez -40 años, menuda y cabello rizado- es la mente detrás de un proyecto que abrió sus puertas hace menos de un año. Cuenta Noemí a Crónica que Desideratum es el resultado de combinar su vocación social y su amor por los tatuajes. «Siempre he ido tatuada, porque me ha gustado mucho lo que significa el empoderamiento del tatuaje en la mujer», dice. Por eso el suyo no podía ser un estudio al uso. Quería darle un carácter social. Por su trabajo en un centro de equinoterapia que atiende a personas con adicciones supo cómo podía llevarlo a ese nivel. Allí había conocido a varias mujeres víctimas de violencia de género y le pareció que el tatuaje podía ayudarlas, de alguna manera, a mejorar sus vidas. O «intentar cubrir con una obra de arte el horror vivido».

El equipo que da vida a Desideratum está formado por siete mujeres. Tatuadoras, con diferentes backgrounds y vertientes artísticas. Shinda, de 27 años con tres dedicados al mundo del tattoo, es una de ellas. Junto a Noemí, nos desvela los detalles del cover de Paula. Dice la fundadora del estudio que todavía son pocas las que se animan a visitar el lugar para transformar sus cicatrices, aunque reciben llamadas de muchas interesadas. Sobre todo cuando se trata de mujeres que han sido maltratadas en el pasado. Desde su apertura no más de una decena de ellas han llegado hasta el estudio. Y por ahora, sólo una se ha atrevido a compartir las imágenes del antes y después de su tatuaje.

La historia de la valiente Paula es como la de otras tantas. Un círculo vicioso, un patrón que se repite hasta el cansancio. Cuenta la líder de Desideratum que la chica conoció a su pareja muy joven y se hizo el tattoo por amor. Con el paso del tiempo él se volvió muy controlador. Empezó por aislarla socialmente, continuó con dosis de maltrato psicológico y terminó en los golpes. Hasta que un día ella dijo basta.

Shinda nos cuenta que una educadora de la residencia en la que vive Paula actualmente le recomendó el estudio. Enseguida se puso en contacto con Noemí y acordaron una primera visita. En ese encuentro previo tatuadora y tatuada se conocieron y congeniaron. La chica les contó un poco lo que había vivido y les mostró la marca que quería cubrir. Sobre el proceso de diseño -explica Shinda-vieron entre ambas «algo que fuera bonito y que no se relacionara con lo que tenía». Y añade: «Con esta chica fue todo muy cercano y abierto desde el primero momento».

Otra peculiaridad de Desideratum es que procuran que la creación del tatuaje sea un ejercicio conjunto entre cliente y artista. En el caso de Paula y Shinda optar por una flor fue unánime. Las dos querían cubrir ese nombre de letras gastadas con algo «femenino y delicado». Que la representara más a ella. Por eso la flor de pétalos abiertos en negro -que simboliza la fortaleza-. Una obra de arte impresa en su piel que ahora luce con alegría. Debajo de ésta se lee con trazo fino: Manuel, el nombre de su padre. Quien ha sido su «pilar» en la lucha por vencer las secuelas del maltrato.

Noemí recuerda también otros casos. Mujeres que se han animado a tatuarse pero que todavía tienen miedo o vergüenza de exhibirse como víctimas de violencia machista ante la sociedad. Son mujeres que ya no están con sus parejas pero que están todavía en camino de superar el trauma. Si es que algún día puede llegar a superarse del todo. Una de ellas llegó al estudio con unas cicatrices en forma de garra en el hombro. Su chico, en un momento de furia, le había arrojado un cenicero. Para cubrir las terribles marcas usaron pequeñas flores. Otra historia, es la de una chica que escondía los vestigios alargados de unos navajazos en su abdomen que le hizo su pareja. Para cubrirlos, usaron plumas.

Un año después de la herida

La única restricción para optar por este tipo de tatuajes es que haya pasado al menos un año desde la cicatrización de la herida. Ni siquiera la cuestión económica es una limitación. Explica Shinda que varias de las mujeres que han acudido no tienen muchos recursos. En los casos concretos de violencia de género los trabajos se realizan de forma gratuita. Por el momento, han conseguido apoyo de una marca de tinta y aspiran a recibir, en un futuro, algún tipo de subvención municipal. Las víctimas de violencia machista conocen del estudio a través de entidades de apoyo y casas de acogida, como la Fundación Surt o la Fundación Ana Bella.

-¿Qué poder ejerce un tatuaje en estas mujeres [víctimas de maltrato]?- le preguntamos a Noemí.

-Tiene un efecto increíble. Pasa de ser una parte de la piel que ni siquiera miran o que evitan mirar a algo de lo que luego se sienten orgullosas. Me acuerdo de una chica que vino a tatuarse una cicatriz en la rodilla, que era incapaz de echar un vistazo a esa zona, que se ponía nerviosa cuando al bañarse se le caía el jabón y debía agacharse. Después del tatuaje empezó a reconocer otra vez esa zona de su cuerpo, empezó a gustarse, a llevar minifalda… es una forma de superar también.

Y la satisfacción es mutua. Tanto para la tatuada como para la tatuadora. Shinda describe su experiencia con Paula como «la más plena sonoridad». Por su parte, la joven reconoció estar encantada con que existieran este tipo de iniciativas. Para la artista es también una forma de dar visibilidad al problema y, a la vez, desviar los estereotipos negativos [de criminalidad, por ejemplo] asociados al mundo del tattoo.

Pero a Desideratum, no sólo llegan mujeres afectadas por la violencia de género a borrar sus cicatrices. Hay, asimismo, casos de personas que se autolesionaban y que buscan a través del tatuaje «romper con el pasado». Como Mimí, también de veinte y tantos. La joven que trabaja en el ámbito de la cultura y el teatro, eligió una ramita de romero para enterrar con arte las decenas de cicatrices lineales que le quedaron de los cortes que se hacía en el brazo.

El diseño corrió a cargo de la tatuadora e ilustradora Carla Bianchi. Una detallada ramita de romero acompañada de la palabra «Munay», que es el principio base de la cosmovisión andina y que significa amor. Esta planta -explica Mimí en una publicación de una red social- ha sido usada desde tiempos ancestrales con fines mágicos. Se lo hizo [como «ritual de bruja» que tiene para despedir cada año] a finales de 2017. Dice Noemí que la elección del diseño, aunque es un proceso conjunto con la artista, es una decisión muy personal. Hay chicas que prefieren «lo natural» y «lo femenino» y otras que piden trabajos más específicos. Como una chica, con los brazos saturados de cortes, escogió coloridos dibujos de personajes de Disney para taparlos.

Otros tattoos para públicos especiales que realizan en Desideratum son: reconstrucciones [en 3D] de pezones y para cubrir cicatrices de cesáreas o de operaciones de cambio sexo, en el caso de personas del colectivo LGBTI.

Your body, your choice [Tu cuerpo, tu decisión], reza el lema de este singular estudio de tatuajes donde sólo trabajan mujeres. Una resolución pensada, en principio, para generar un ambiente de confianza para el público especial que tienen. Y también, como enarbola Noemí, para «reivindicar un poquito el trabajo de la mujer en un mundo machista a tantos niveles».

http://www.elmundo.es/cronica/2018/03/16/5aa580b522601d78018b458a.html

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

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Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

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El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

 

Las feminazis siguen introduciéndose en todos los estamentos.

Uno de los más importantes es la educación. Adoctrinar a las generaciones futuras es muy importante para ellas pues así se garantizan adeptos que las mantengan en el futuro.

Por supuesto sólo se enseñarán las consabidas mentiras de las feminazis.

Además se obtienen unos buenos ingresos económicos sin gastos ya que es el propio Estado quien lo sufraga con nuestros impuestos.

Negocio redondo.

¿Quién puede pedir más?

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La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

Estudiantes de bachillerato asisten a la jornada de presentación del nuevo grado universitario de Estudios de Género en la UAB, el pasado martes. / RICARD FADRIQUE

María Jesús Ibáñez – Barcelona – Miércoles, 07/02/2018

Desde la psicología, la comunicación y la educación a la economía, el derecho y la antropología. Profesores de hasta ocho facultades distintas van a participar el próximo curso en el nuevo grado de Estudios de Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una carrera que hasta ahora ha sido prácticamente ignorada en España, a pesar de la creciente demanda que hay en este ámbito. “Es una formación que existe en otros países desde hace años, que imparten universidades del prestigio de Stanford o Yale, en Estados Unidos, y para la que aquí en España hay numerosas y muy diversas salidas laborales”, precisa Joan Carbonell, decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UAB, donde se va a impartir la nueva carrera. En algunos países de tradición anglosajona estos estudios existen desde hace más de 20 años.

“Nos dimos cuenta de que en España en temas de género e igualdad actualmente solo existen estudios o bien de formación profesional de ciclo superior o bien de máster, algunos muy prestigiosos, pero que no había posibilidad de obtener una titulación intermedia, un grado universitario específico sobre un asunto que es transversal y se puede abordar desde tantas perspectivas”, señala Carbonell.

El precedente más cercano hay que ir a buscarlo al curso 2013-2014, cuando la universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, suprimió el grado de Igualdad y Género que llevaba unos años impartiendo. La institución, de titularidad pública, alegó razones presupuestarias para justificar la desaparición, aunque desde sectores feministas se atribuyó a motivos políticos “porque eran unos estudios con un importante éxito de matrícula”, asegura Rosa San Segundo, presidenta de la presidenta de la recientemente creada Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género.

Los nuevos Estudios de Género de la UAB, una de las cuatro universidades públicas dirigidas por una mujer que hay en España (las otras tres son la de Granada, la de Huelva y la del País Vasco), tienen rango de estratégicos. “Eso nos permitirá contratar profesorado, además del que ya está trabajando en otros departamentos de la universidad y que van a hacerse cargo de diferentes asignaturas”, detalla el decano de Filosofía y Letras.

Entre estas materias están, por ejemplo, el Derecho Antidiscriminatorio y la Historia del Feminismo Occidental de segundo curso hasta el estudio de las Clases Sociales y la Estratificación que se hace el primer año y el de los Espacios y Vida Cotidiana de tercero.

Una carrera de tres años

Será, explica el decano, un grado de tres años de duración, es decir de 180 créditos, porque “la oferta de másteres para que los alumnos luego puedan especializarse en un ámbito más concreto es muy amplia”. De momento, la facultad ha recibido más de 200 peticiones de estudiantes de bachillerato interesados en la nueva carrera, para la que el próximo curso habrá 60 plazas disponibles.

Con todo, pese al carácter multidisciplinar que quiere tener el nuevo grado, “es una lástima que no incorpore cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud o los estudios politécnicos, en los que hay un gran camino por recorrer en términos de género”, lamenta San Segundo. “Es importante, por ejemplo, porque suelen ser los profesionales del ámbito sanitario quienes primero detectan situaciones como los malos tratos”, subraya. “O porque, cada vez más, en el mundo de las ingenierías se puntúan mejor los proyectos que tienen en cuenta la perspectiva de género”, agrega la presidenta de la plataforma de estudios feministas, que agrupa a más de 30 entidades universitarias, agencias de investigación y asociaciones.

Con todo, San Segundo, que es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, considera positivo el paso adelante que va a dar la UAB. “Es importante, sin duda”, afirma. Entre otras cosas, argumenta, “porque lamentablemente en España los estudios sobre feminismo o igualdad de género están totalmente marginados, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa y en la mayoría de países desarrollados, donde sí se tienen muy en cuenta”.

“Un ejemplo del desprecio con el que se trata a esta área de conocimiento desde la Administración española lo encontramos en el hecho de que los organismos oficiales encargados de acreditar la actividad universitaria, como la agencia Aneca, no la consideran como tal, lo que perjudica a las profesoras e investigadoras que se dedican a estos temas”, denuncia San Segundo. “Y eso, además, hace que la universidad española sea menos competitiva frente a las de otros países, porque no incluye la perspectiva de género en sus proyectos internacionales”, lamenta la docente.

 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180207/uab-tendra-curso-2018-2019-unica-carrera-sobre-feminismo-espana-6609060

 

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

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El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 

Los sindicatos de “clase” no se bajan del carro feminazi propalando las habituales mentiras de las feminazis.

No en vano son herederos de Engels, Marx y Hegel y de sus criterios sobre la familia, la propiedad privada y el Estado.

A ello hay que añadir el dineral que roban vía subvenciones por apoyar y defender estas canallescas aberraciones.

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CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez. EFE

ISABEL MUNERA

Madrid – 29 enero 2018

UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de “paros laborales” de dos horas de duración (por la mañana y por la tarde) para protestar contra “la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el empleo”.

Con esta convocatoria, explicó Elena Blasco, responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, “los sindicatos queremos dar visibilidad a las discriminaciones que sufren las mujeres y combatirlas”.

Los sindicatos han optado por esta fórmula, según explicó Blasco, para “garantizar el éxito de la convocatoria”, darle “cobertura legal”, facilitar la negociación de los trabajadores que quieran consensuarlo con las empresas para sumarse, y “dar impulso político a la reivindicación”. Pretenden así “dar un paso más” tras los parones simbólicos que se convocaron el año pasado y visibilizar un problema para que “la gente reflexione en los puestos de trabajo”.

Estos paros son oficiales y, por tanto, se tratarán desde los sindicatos igual que se abordan las huelgas: se establecerán comités de huelga, asambleas informativas y se hará una provisión de servicios mínimos para cubrir la actividad imprescindible durante esas cuatro horas de parada.

Además, los sindicatos participarán en las movilizaciones y actos que se convoquen en los distintos territorios con motivo del 8 de marzo, así como en las manifestaciones que cada año se celebran en las capitales de provincia de prácticamente todo el país.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta campaña, tanto Blasco como la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ofrecieron algunos datos de “la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y la retribución en el trabajo”.

Así, explicaron que las mujeres tienen una mayor tasa de paro -en concreto la tasa de desempleo femenino es un 3,5% superior-, desempeñan trabajos de peor calidad -un 74% de los empleos a tiempo parcial los ocupan las mujeres- y presentan también una tasa de actividad 11,5 puntos más baja. “A las mujeres nos están robando”, denunció Antoñanzas. Además, añadió Blasco, “todo esto repercute en las diferencias salariales”. Las mujeres cobran un salario inferior en unos 6.000 euros anuales.

De hecho, entre las principales reivindicaciones el próximo 8 de marzo está la de una ley de igualdad retributiva, que contribuya a reducir la brecha salarial (la diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer en igual o similar puesto se sitúa en el 23,5%, según el INE), sobre todo, después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestase en una entrevista que no se iban a meter en eso cuando se le preguntó si se debería sancionar a las empresas que pagan distinto en función del género.

 

Además, en esta campaña con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad” también estarán muy presentes la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6f114ae2704e7f618b45e7.html