Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

 

Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

-o-o-o-o-

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

-o-o-o-o-

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

 

Las feminazis siguen introduciéndose en todos los estamentos.

Uno de los más importantes es la educación. Adoctrinar a las generaciones futuras es muy importante para ellas pues así se garantizan adeptos que las mantengan en el futuro.

Por supuesto sólo se enseñarán las consabidas mentiras de las feminazis.

Además se obtienen unos buenos ingresos económicos sin gastos ya que es el propio Estado quien lo sufraga con nuestros impuestos.

Negocio redondo.

¿Quién puede pedir más?

-o-o-o-o-

La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

Estudiantes de bachillerato asisten a la jornada de presentación del nuevo grado universitario de Estudios de Género en la UAB, el pasado martes. / RICARD FADRIQUE

María Jesús Ibáñez – Barcelona – Miércoles, 07/02/2018

Desde la psicología, la comunicación y la educación a la economía, el derecho y la antropología. Profesores de hasta ocho facultades distintas van a participar el próximo curso en el nuevo grado de Estudios de Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una carrera que hasta ahora ha sido prácticamente ignorada en España, a pesar de la creciente demanda que hay en este ámbito. “Es una formación que existe en otros países desde hace años, que imparten universidades del prestigio de Stanford o Yale, en Estados Unidos, y para la que aquí en España hay numerosas y muy diversas salidas laborales”, precisa Joan Carbonell, decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UAB, donde se va a impartir la nueva carrera. En algunos países de tradición anglosajona estos estudios existen desde hace más de 20 años.

“Nos dimos cuenta de que en España en temas de género e igualdad actualmente solo existen estudios o bien de formación profesional de ciclo superior o bien de máster, algunos muy prestigiosos, pero que no había posibilidad de obtener una titulación intermedia, un grado universitario específico sobre un asunto que es transversal y se puede abordar desde tantas perspectivas”, señala Carbonell.

El precedente más cercano hay que ir a buscarlo al curso 2013-2014, cuando la universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, suprimió el grado de Igualdad y Género que llevaba unos años impartiendo. La institución, de titularidad pública, alegó razones presupuestarias para justificar la desaparición, aunque desde sectores feministas se atribuyó a motivos políticos “porque eran unos estudios con un importante éxito de matrícula”, asegura Rosa San Segundo, presidenta de la presidenta de la recientemente creada Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género.

Los nuevos Estudios de Género de la UAB, una de las cuatro universidades públicas dirigidas por una mujer que hay en España (las otras tres son la de Granada, la de Huelva y la del País Vasco), tienen rango de estratégicos. “Eso nos permitirá contratar profesorado, además del que ya está trabajando en otros departamentos de la universidad y que van a hacerse cargo de diferentes asignaturas”, detalla el decano de Filosofía y Letras.

Entre estas materias están, por ejemplo, el Derecho Antidiscriminatorio y la Historia del Feminismo Occidental de segundo curso hasta el estudio de las Clases Sociales y la Estratificación que se hace el primer año y el de los Espacios y Vida Cotidiana de tercero.

Una carrera de tres años

Será, explica el decano, un grado de tres años de duración, es decir de 180 créditos, porque “la oferta de másteres para que los alumnos luego puedan especializarse en un ámbito más concreto es muy amplia”. De momento, la facultad ha recibido más de 200 peticiones de estudiantes de bachillerato interesados en la nueva carrera, para la que el próximo curso habrá 60 plazas disponibles.

Con todo, pese al carácter multidisciplinar que quiere tener el nuevo grado, “es una lástima que no incorpore cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud o los estudios politécnicos, en los que hay un gran camino por recorrer en términos de género”, lamenta San Segundo. “Es importante, por ejemplo, porque suelen ser los profesionales del ámbito sanitario quienes primero detectan situaciones como los malos tratos”, subraya. “O porque, cada vez más, en el mundo de las ingenierías se puntúan mejor los proyectos que tienen en cuenta la perspectiva de género”, agrega la presidenta de la plataforma de estudios feministas, que agrupa a más de 30 entidades universitarias, agencias de investigación y asociaciones.

Con todo, San Segundo, que es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, considera positivo el paso adelante que va a dar la UAB. “Es importante, sin duda”, afirma. Entre otras cosas, argumenta, “porque lamentablemente en España los estudios sobre feminismo o igualdad de género están totalmente marginados, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa y en la mayoría de países desarrollados, donde sí se tienen muy en cuenta”.

“Un ejemplo del desprecio con el que se trata a esta área de conocimiento desde la Administración española lo encontramos en el hecho de que los organismos oficiales encargados de acreditar la actividad universitaria, como la agencia Aneca, no la consideran como tal, lo que perjudica a las profesoras e investigadoras que se dedican a estos temas”, denuncia San Segundo. “Y eso, además, hace que la universidad española sea menos competitiva frente a las de otros países, porque no incluye la perspectiva de género en sus proyectos internacionales”, lamenta la docente.

 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180207/uab-tendra-curso-2018-2019-unica-carrera-sobre-feminismo-espana-6609060

 

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

-o-o-o-o-

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 

Los sindicatos de “clase” no se bajan del carro feminazi propalando las habituales mentiras de las feminazis.

No en vano son herederos de Engels, Marx y Hegel y de sus criterios sobre la familia, la propiedad privada y el Estado.

A ello hay que añadir el dineral que roban vía subvenciones por apoyar y defender estas canallescas aberraciones.

-o-o-o-o-o-

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez. EFE

ISABEL MUNERA

Madrid – 29 enero 2018

UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de “paros laborales” de dos horas de duración (por la mañana y por la tarde) para protestar contra “la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el empleo”.

Con esta convocatoria, explicó Elena Blasco, responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, “los sindicatos queremos dar visibilidad a las discriminaciones que sufren las mujeres y combatirlas”.

Los sindicatos han optado por esta fórmula, según explicó Blasco, para “garantizar el éxito de la convocatoria”, darle “cobertura legal”, facilitar la negociación de los trabajadores que quieran consensuarlo con las empresas para sumarse, y “dar impulso político a la reivindicación”. Pretenden así “dar un paso más” tras los parones simbólicos que se convocaron el año pasado y visibilizar un problema para que “la gente reflexione en los puestos de trabajo”.

Estos paros son oficiales y, por tanto, se tratarán desde los sindicatos igual que se abordan las huelgas: se establecerán comités de huelga, asambleas informativas y se hará una provisión de servicios mínimos para cubrir la actividad imprescindible durante esas cuatro horas de parada.

Además, los sindicatos participarán en las movilizaciones y actos que se convoquen en los distintos territorios con motivo del 8 de marzo, así como en las manifestaciones que cada año se celebran en las capitales de provincia de prácticamente todo el país.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta campaña, tanto Blasco como la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ofrecieron algunos datos de “la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y la retribución en el trabajo”.

Así, explicaron que las mujeres tienen una mayor tasa de paro -en concreto la tasa de desempleo femenino es un 3,5% superior-, desempeñan trabajos de peor calidad -un 74% de los empleos a tiempo parcial los ocupan las mujeres- y presentan también una tasa de actividad 11,5 puntos más baja. “A las mujeres nos están robando”, denunció Antoñanzas. Además, añadió Blasco, “todo esto repercute en las diferencias salariales”. Las mujeres cobran un salario inferior en unos 6.000 euros anuales.

De hecho, entre las principales reivindicaciones el próximo 8 de marzo está la de una ley de igualdad retributiva, que contribuya a reducir la brecha salarial (la diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer en igual o similar puesto se sitúa en el 23,5%, según el INE), sobre todo, después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestase en una entrevista que no se iban a meter en eso cuando se le preguntó si se debería sancionar a las empresas que pagan distinto en función del género.

 

Además, en esta campaña con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad” también estarán muy presentes la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6f114ae2704e7f618b45e7.html

 

Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

 

Las feminazis no quieren arreglar la supuesta lacra.

La industria del maltrato da pingües beneficios de los que viven miles de estómagos agradecidos. No quieren ni compartir el botín ni arriesgarse a que los datos demuestren sus mentiras. Por ejemplo, las denuncias falsas.

En realidad era el teléfono que pusieron en época de Aído para orientar sobre la nueva masculinidad. El teléfono lo quitaron en época de Pajín para ahorrar cuando llegó la crisis que según el Gobierno de ZP no existía.

El PP ha intentado ponerlo en marcha de nuevo con alguna función nueva y ha tardado dos milisegundos en echarse atrás por las presiones feminazis que no quieren perder sus privilegios. Empezando por las de su propio partido.

-o-o-o-o-

Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ANTONIO HEREDIA

OLGA R. SANMARTÍN Madrid

9 ENE. 2018

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha provocado las primeras grietas dentro del recién alcanzado Pacto de Estado contra la Violencia de Género al abrir el teléfono 016, que presta ayuda a las mujeres maltratadas, a hombres con todo tipo de dudas sobre igualdad de género, separaciones, divorcios, custodia de los hijos o conciliación de la vida laboral con la familia.

Después de que le llovieran todo tipo de críticas por “distorsionar” un servicio que las organizaciones sociales consideran “esencial”, el Departamento que dirige Dolors Montserrat ha decidido rectificar el pliego con las condiciones de licitación, que ya se había publicado, con el fin de eliminar el punto en el que, a los tradicionales servicios de información de emergencia y asesoramiento legal a las víctimas de violencia de género, se había añadido una tercera finalidad: “Informar a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno-filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etc.”, tal y como aparece en el pliego al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Fuentes del Ministerio explican a este periódico que la “redacción de esta cláusula da lugar a equívoco” y que este teléfono “no es para que el hombre llame y haga una consulta sobre él”, sino “para informar sobre casos de violencia contra la mujer”, por lo que “se corregirá en el BOE”.

En un comunicado emitido a última hora de la tarde de este martes, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha expresado que “debido a la polémica creada en torno a la nueva contratación del servicio telefónico 016 por las modificaciones introducidas en los nuevos pliegos de prescripciones técnicas publicados recientemente, en el sentido de que atenderá llamadas y consultas de hombres […] modificará el pliego y suprimirá esta cláusula”.

“El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, ha añadido, y ha asegurado que “el 016 mantiene su identidad, no va a cambiar su naturaleza. Los hombres y las mujeres lo vienen utilizando para denunciar la violencia de género contra las mujeres”.

El PSOE, Ciudadanos, Podemos y Compromís, así como todos los colectivos feministas, habían reclamado al Gobierno que retirara el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016, que cambió sólo en este punto, “y sin avisar a nadie”, con el fin de incluir también a los hombres. En palabras de Ángeles Álvarez, diputada responsable de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, “no se puede usar un recurso pensado para situaciones de emergencia y apoyo a las víctimas para hacer campañas para los hombres”.

“Se han introducido nuevas condiciones, pero sin incrementar el presupuesto del servicio, por lo que se están derivando unos recursos que son fundamentales para otro tipo de actividad”, manifestó, tras pedir la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

“Rectificar es de sabios”, ha celebrado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto. “No tenía ningún sentido este cambio. No se discute la necesidad de un teléfono de atención a los hombres, pero debe hacerse desde otro teléfono, no desde el 016”.

Montserrat ya tuvo que recular el año pasado por estas mismas fechas después de anunciar que el Gobierno iba a subir el copago farmacéutico para los jubilados que cobran una pensión de más de 18.000 euros anuales.

El teléfono 016 también ha sido blanco de críticas por su “mal funcionamiento”, en palabras de Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Tenemos tantas denuncias que no podemos gestionarlas, ya sólo nos faltaba este disparate”.

“Lo de abrir el teléfono a este tipo de consultas es como poner el 112, que es para emergencias, para asesorar a conductores que llaman para preguntar qué tipo de neumáticos tienen que poner en su coche cuando nieva”, ha expresado Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género en elMinisterio de Igualdad poco después de estrenarse este servicio, en 2007, que ha atendido ya 2,6 millones de llamadas.

Lorente recalca que el 25% de las llamadas recibidas son “maliciosas, insultantes, obscenas o críticas con la igualdad” y que mayoritariamente están realizadas por hombres.

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/09/5a5519bf46163ffe1d8b458a.html

Oleada de críticas a la iniciativa del Gobierno de asesorar a hombres en el teléfono 016 para maltratadas

Dolors Montserrat (centro), el día que las comunidades se sumaron al pacto contra la violencia de género. CLAUDIO ÁLVAREZ

Pilar Álvarez – Madrid – 9 ENE 2018

Sanidad guarda silencio y la oposición denuncia que desvirtúa el servicio y debe rectificar. El Ejecutivo es “sádico con las mujeres”, dice la exsecretaria de Igualdad

El teléfono de atención a mujeres maltratadas 016 tendrá más funciones. Los pliegos del nuevo contrato para 2018 incluyen dar atención “a hombres que accedan al servicio”. Y detalla que se ampliará su utilidad para facilitar a “hombres por la igualdad” enlaces y recursos de organizaciones e informar sobre conciliación, separación, divorcio, custodia de hijos y “resolución pacífica de conflictos”.

PSOE y Podemos han pedido la retirada de los pliegos de contratación y piden explicaciones al Ministerio de Sanidad y a la delegada del Gobierno de Violencia de Género. El cambio ha provocado una oleada de críticas de distintos colectivos. La exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ser “sádico con las mujeres y desfigurar” la utilidad de este número.

Es la primera vez que el contrato de este servicio, creado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) contra la violencia de género, se amplía a nuevas tareas en el pliego de condiciones, tal como ha adelantado eldiario.es. Una modificación en un asunto delicado, como es la lucha contra los asesinatos y agresiones a mujeres, que ha provocado críticas de una de las políticas que impulsó el 016 y de quienes tratan a diario con las maltratadas que alertan del riesgo de que se desvirtúe y deje de ser útil para las mujeres. El Gobierno, de momento, guarda silencio.

“Es una manera de deshabilitar un servicio generado, creado y pensado para atender a las víctimas”, critica Soledad Murillo, exsecretaria de Políticas de Igualdad con el Gobierno de Zapatero. “El 016 tenía como cometido garantizar a las víctimas una primera información en clave confidencial y para que las comunidades autónomas derivaran a posibles afectadas desde los números regionales”, añade.

“Conseguimos que fuera un número de referencia en todo el Estado para la lucha contra la violencia de género”, añade la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. “Ampliar a cuestiones que nada tienen que ver con la violencia de género es confundir a los ciudadanos y desnaturalizarlo”, incide. Para Gonzalo, este cambio supone “una total contradicción con la filosofía del pacto de Estado contra la violencia de género. Que el Gobierno promueva el pacto y al mismo tiempo medidas de este tipo significa que no se lucha de manera eficaz o no se sabe hacer”.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, despidió 2017 con una reunión en las que las comunidades autónomas se sumaron al pacto de Estado y se comprometió a financiar los primeros 200 millones para ponerlo en marcha, si bien solo el 12% de las medidas anunciadas están previstas para 2018.

“LOS PROGRAMAS PARA HOMBRES DEBEN TENER SU PROPIO LUGAR”

El grupo socialista ha reclamado la retirada del pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016. “Está bien que se promueva la implicación de los varones, pero el 016 no es el canal. El Gobierno se ha confundido y debe corregirse”, señala la diputada Ángeles Álvarez. “Los programas de prevención, sean estos destinados a hombres o a mujeres, deben de tener plataformas propias y específicas”, añade la diputada.

“¿Alguien se imagina que el 112 se destinase a hacer programas de prevención”, añade Álvarez que ha pedido la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, para que “explique la utilización de un pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 016 para cambiar las funciones de ese servicio”.

Unidos Podemos ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre el cambio. La diputada Sofía Castañón considera “alarmante” lo ocurrido y considera que añadir “más objetivos a un servicio tan precarizado como el 016 es no entender las prioridades”. Castañón también defiende la necesidad de habilitar formación en igualdad y contra la violencia para hombres “pero no ahí”. “Deben rectificar y dar explicaciones de en qué estaban pensando”, añade la diputada.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha exigido la retirada “inmediata” por parte del Gobierno del pliego. La directora del IAM, Elena Ruiz, ha explicado en un comunicado que dicha ley contempla garantizar este servicio sólo para las víctimas de la violencia de género, por lo que ha instado al Gobierno central a cumplir con la legislación estatal y con el marco jurídico internacional.

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco Martín, considera que incluir en la línea un servicio para orientar a los hombres “desvirtúa” este servicio y puede “influir negativamente” en él. “Su iniciativa de atención a los hombres es buena y necesaria, pero para ello deben crearse servicios y recursos específicos”, ha añadido.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515500631_611703.html

Sanidad rectificará el pliego del 016 para suprimir el servicio de atención a hombres

09/01/2018

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, modificará el pliego de condiciones para la contratación del servicio de la línea de atención al maltrato 016 a fin de eliminar la cláusula que preveía introducir también un servicio de atención para hombres sobre asuntos de igualdad, divorcios y custodias, entre otros.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press, “la redacción de esa cláusula lleva a equívoco” y por eso se ha decidido eliminarla, ya que “nunca fue la intención” desnaturalizar el 016 ni variar sus servicios, dirigidos a consultas sobre violencia de género.

Estas fuentes no explican por qué en el pliego para la contratación del 016 en 2018 se decidió incorporar una cláusula por la que se introducía entre sus funciones la de “facilitar a hombres interesados por la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia enlaces y recursos que potencien y canalicen sus intereses” así como “informar a hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etcétera”.

Inciden no obstante en que “en ningún momento se ha querido modificar la identidad del 016” y que a esta línea pueden seguir llamando hombres como hasta ahora pero “siempre que se trate de comunicaciones sobre violencia de género.

En un comunicado posterior, la Delegación explica que “con la finalidad de dar cobertura jurídica a una atención telefónica que ya se está prestando de hecho, y de mejorarla” se incluyó ese servicio “dirigido a atender las consultas planteadas por hombres; no como víctimas sino como parte del entorno de la mujer que puede estar sufriendo violencia de género”.

Sin embargo, “por el equívoco generado en la redacción de la cláusula” se ha decidido modificar el pliego y suprimirla. “El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, asegura.

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-rectificara-pliego-016-suprimir-servicio-atencion-hombres-20180109195331.html

 

Decimotercer aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

 

Decimotercer aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

28 de diciembre de 2017

Se cumple el decimotercer aniversario de la Ley integral de medidas contra la violencia de género.

Ley que vulnera principios jurídicos elementales como el de igualdad ante la ley o la presunción de inocencia.

Como era fácilmente previsible, los asesinatos de mujeres no sólo no han disminuido sino que han aumentado. La ley y su aplicación no sólo no han terminado con el problema para el que nos dijeron que se crearon, sino que además ha dado lugar a una más que lucrativa industria del maltrato sustentada en el saqueo de las arcas del Estado mantenidas con los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Lejos de reconsiderar lo hecho, se están endureciendo las medidas que se han demostrado ineficaces y se ha incrementado el presupuesto para alimentar el aparato de represión.

Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Albert Einstein.

Ni las opiniones de los expertos llevados al Congreso de los diputados en la tramitación de la ley ni los informes contrarios del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etc., echaron para atrás tamaño disparate que eliminaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia que estipulan los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución.

Porque la ley es pura ideología. Ideología de género basada en mentiras y datos falseados. Empezando por el lenguaje. Y esta ideología aberrante es la que ha presidido las pasadas legislaturas en las que todas las leyes que se han aprobado han pasado por el tamiz de la ideología de género. Desde la ley del Registro Civil hasta la Ley de Ciencia pasando por la Ley de Sanidad, la Ley de igualdad o la Ley del divorcio. Sin olvidar la Ley del aborto, la Ley de identidad sexual o la Ley de matrimonios homosexuales.

No en vano la Ley integral de medidas contra la violencia de género fue la primera que se aprobó en el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero pues esta Ley obliga a cambiar todas las leyes anteriores y redactar las posteriores de tal forma que cumplan los disparatados postulados de la ideología de género.

Para ello se han manipulado y falseado datos oficiales, se han impuesto cuotas, se ha forzado el lenguaje, se ha dilapidado el dinero público, se ha controlado los medios de comunicación, se ha cambiado el programa académico de colegios y universidades y se ha creado un entramado de instituciones, organismos, observatorios y supuestas ONGs que se retroalimentan para manipular la opinión pública y justificar sus canalladas, su existencia y sus salarios.

Porque el fin último es eliminar los derechos del ciudadano y sojuzgarle mientras se le esquilman sus bienes.

Está ley está basada en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes“.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

Cualquiera con un mínimo de sentido común y con el más elemental criterio de justicia entiende que esta legislación es aberrante. Baste el ejemplo de Jean Lucien, ciudadano belga, que terminó suicidándose tras sufrir las consecuencias de una legislación inicua.

– Desde la perspectiva belga, ¿qué opinión le merece la legislación española para este tipo de situaciones?

Aberrante. Tenemos amigos abogados y policías y cuando les contamos lo sucedido nos dijeron que en Bélgica nunca hubieran detenido a un hombre en esas circunstancias sin hacer diligencias de investigación primero. Que sí se le hubiera retirado el pasaporte, se hubieran tomado medidas como ir a firmar al Juzgado cada x días para asegurarse de que no salía del país, se hubiera pasado aviso a la policía de fronteras, etc., pero su hubiera esperado a detenerle o no, al resultado de la autopsia por el médico forense. Les parecía que era actuar `al revés’: en toda Europa eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero este modo de actuar en España, para mi y para los demás compatriotas, profesionales o no de este campo a los que les hemos contado esto, nos parece que es sentar que los hombres son culpables hasta que demuestren lo contrario. De hecho, cuando nuestra abogada nos informó de que esto era posible a través de la Ley de Violencia de Género española, nos pareció una completa locura. En Bélgica hay legislación sobre violencia doméstica, pero nunca se haría de este modo. Como digo, siempre se haría una investigación primero y se encarcelaría después“.

www.diariodeavisos.com/jean-lucien-no-soporto-pensar-acusan-hacerle-dano

Tarde o temprano las aguas volverán a su cauce y los responsables serán juzgados y condenados como lo fueron los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg.

 

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

info@projusticia.es

www.projusticia.es

Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/decimotercer-aniversario-de-la-ley-1-2004-integral-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

EJEMPLOS DE LA LEGISLACIÓN FEMINAZI ESPAÑOLA.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

Las 26 medidas contra la violencia de género que serán implementadas en 2018

 

Ya han decidido cómo repartirse nuestro dinero con la excusa de ayudar a las maltratadas. Saben perfectamente que no sirve para nada como ejemplifican los dos últimos casos en Villa Real y en San Adrián de Besós.

– La joven de Vila-real sólo tenía protección por “riesgo medio”

– La mujer asesinada en Sant Adrià había presentado dos denuncias contra su pareja

Una vez más el dinero irá a alimentar a los miles de estómagos agradecidos que viven de la industria del maltrato argumentando las consabidas mentiras feminazis.

Dinero destinado a:

Lejos de reconocer el fracaso de las medidas tomadas hasta ahora lo que van a hacer es dar más vueltas de tuerca a la aberrante legislación feminazi.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

-o-o-o-o-

Las 26 medidas contra la violencia de género que serán implementadas en 2018

Isabel Miranda – 27/12/2017

El Ministerio de Igualdad y Justicia se reunirán la primera semana de enero para elaborar un calendario legislativo.

El Pacto contra la Violencia de Género echó ayer a andar de forma efectiva. Las comunidades autónomas aprobaron por unanimidad el texto durante la Conferencia Sectorial de Igualdad y, por tanto, el pacto se puso en marcha. Ya no hacen falta más trámites, destacó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

De la reunión de más de tres horas entre el Ministerio, las regiones, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, salieron dos compromisos. El primero, el de ejecutar de forma prioritaria 26 medidas de las 213 que contenía el Pacto aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre. Entre las que se pondrán en marcha en 2018, está la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, mejor coordinación entre juzgados y administraciones, la elaboración de estudios sobre la situación de los menores o nuevas campañas informativas sobre violencia sexual.

El segundo compromiso que salió adelante ayer fue el de la financiación necesaria para poder poner en marcha estas medidas. Montserrat se comprometió con las comunidades a destinar durante el primer trimestre del año 200 millones de euros, haya acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado o no. De ellos, 100 se repartirán entre las comunidades, 20 serán para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno. Falta por determinar los criterios de reparto entre las regiones, que serán elegidos por un grupo de trabajo específico y la Conferencia Sectorial.

En concreto, en la Conferencia Sectorial de Igualdad de ayer se aprobó el texto del Congreso y se determinó la toma en consideración del informe del Senado y las propuestas hechas por las comunidades autónomas en los últimos dos meses, pese a que en un primer momento se habló de refundir todos los textos en uno. Por ello, el acuerdo estaba listo desde el pasado mes de noviembre, pero se aplazó para que no interfiriese con las elecciones catalanas. «Si no hubiese habido periodo electoral, desde el 30 de noviembre estábamos en disposición de convocar la Conferencia», explicó Montserrat.

En total, el pacto prevé una dotación de 1.000 millones para los próximos 5 años. A lo largo de un lustro 100 millones serán gestionados por los ayuntamientos, 500 por las comunidades y 400 por el Gobierno. Precisamente la cuestión monetaria para el próximo año era un punto de fricción con las comunidades. «Necesitamos un presupuesto que se gestione de manera eficaz y rápida, modificaciones legislativas y una homologación en el sistema de acreditación de víctima en todo el Estado», reivindicó ayer la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez a la salida de la sectorial. «En los tres primeros meses del año tiene que estar la financiación para lucha contra la violencia machista encima de la mesa», reclamó por su parte la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, porque «sin recursos y sin medios no se puede combatir la violencia machista».

Con la garantía del Gobierno de que reservará los 200 millones, quedaban las medidas de 2018. Entre ellas se incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, medidas para la sensibilización y la educación, y la formación de los profesionales que intervienen en estos casos.

Tiempos diferentes

Sin embargo, las medidas tendrán tiempos de implementación diferentes. Para las de ámbito sanitario, como la agilización de protocolos de atención primaria, la ministra explicó que se ha trabajando ya en ello y se pondrá en marcha en cuanto el Consejo Interterritorial de Salud dé luz verde, previsiblemente en enero. Por su parte, las iniciativas que afecten al ámbito educativo, como las destinadas a la prevención de la violencia de género o el refuerzo de la inspección, serán implementadas en el Pacto Educativo.

Las medidas que requieren un cambio legislativo serán las más lentas. A partir de la primera semana de enero, Sanidad y Justicia trabajarán conjuntamente para elaborar un calendario de las reformas necesarias, según pudo saber Abc.

Mientras, algunas normas ya han sido implementadas, afirmó la ministra, como el lanzamiento de campañas de concienciación con el foco puesto en el maltratador. También se han creado varios grupos de trabajo. Uno interministerial y otro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con las comunidades. En este último caso, habrá seis subgrupos que trabajarán en torno a diez ejes, como la detección, sensibilización y formación en violencia; la respuesta institucional y coordinación; la asistencia y protección a las víctimas; otras formas de violencia o compromiso económico y seguimiento del pacto.

Las 26 medidas desglosadas

—Medidas de sensibilización y prevención (6 medidas): prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario.

—Mejora de la respuesta institucional (3 medidas): mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección.

—Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas (una medida): protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario.

—Asistencia y protección de los menores (6 medidas): suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, el régimen de visitas, refuerzo del apoyo y asistencia y prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores.

—Impulso a la formación de los distintos agentes (4 medidas): se amplía la formación de profesionales de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores.

—Seguimiento estadístico (una medida): transmisión de información que posibilite el cumplimiento de todas las medidas relacionadas con los estudios y recopilación de datos estadísticos previstos en el Pacto.

—Recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones (2 medidas): a través de acuerdos con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y con las comunidades autónomas para las víctimas de trata.

—Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres (3 medidas): campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina.

http://www.abc.es/sociedad/abci-26-medidas-contra-violencia-genero-seran-implementadas-2018-201712272110_noticia.html

 

Mónica Oltra: La violencia de género es “problema de Estado”

 

Mónica Oltra urge al Gobierno a “poner ya” 200 millones contra la violencia machista

Mónica Oltra. EFE

Agencias – 27/12/2017

El presidente y la vicepresidenta valencianos reclaman extremar las medidas tras la muerte de una joven en Benicàssim al estrellar su exnovio el coche en el que se la llevó a la fuerza

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha urgido este miércoles a sacar la violencia de género de “la confrontación partidista” y ha emplazado al Ejecutivo a poner “ya sobre la mesa” los primeros 200 millones de euros contemplados en el pacto de Estado para erradicar este problema.

Oltra se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha convocado el Gobierno con comunidades y ayuntamientos para impulsar el documento aprobado en septiembre en el Congreso con más de 200 medidas y las reformas legales necesarias para implementar el pacto de Estado.

“Hay que darle tratamiento de problema de Estado, como se hizo con el terrorismo, y hay que estar unidos al lado de las víctimas y enfrentados a los agresores, algo que se consigue con negociación política”, ha resaltado la vicepresidenta valenciana.

Aunque ha lamentado que la negociación “podría haber sido un poco más profunda” con las comunidades y podría haber habido “más complicidad”, Oltra ha resaltado que, en cualquier caso, “aquí están” las autonomías para “proponer, aportar y decirle al Gobierno que la lucha contra la violencia de género necesita dinero”.

De esta forma, ha urgido al Ejecutivo a poner “ya sobre la mesa” 200 millones de euros de los 1.000 millones que contempla el documento base aprobado en el Congreso para los próximos cinco años.

“Tenemos que abordar este tema con recursos, con medios y con formación” de todos los agentes intervinientes con el objetivo de “dar una protección suficiente y eficaz” a las mujeres que han denunciado y animar a aquellas que no lo han hecho, y sobre todo a su entorno, a romper esas “barreras invisibles que separan la violencia de género del resto de sociedad”.

“Medidas al máximo”

Por otra parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado al referirse a la muerte de una joven de 20 años en Benicàssim al estrellar su novio el coche en el que la se la habría llevado a la fuerza: “Hay que intentar desarrollar medidas al máximo, en todos los ámbitos, desde las medidas de carácter educativo hasta de carácter punitivo”.

La vicepresidenta valenciana también se ha referido al caso de Benicàssim al se ha preguntarse por qué no se pidió prisión preventiva para el conductor también fallecido, dado que era investigado por tres delitos de lesiones como consecuencia de una denuncia de la joven.

 

http://www.eldiario.es/cv/Oltra-violencia_machista-Gobierno_0_723028229.html

 

El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

 

Las subvenciones deberían estar prohibidas por ley.

Son una forma de robar el dinero a los ciudadanos para regalarlo a los amiguetes.

Y una vez recibido ese regalo tener controlados y apesebrados a las posibles voces discrepantes. En este caso a los jueces.

¿A santo de qué hemos de financiar entre todos los saraos de una asociación?

-o-o-o-o-

El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

Yolanda Rodríguez Vidales

19 diciembre, 2017

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido en 2017 un total 434.479 euros en subvenciones a las cuatro asociaciones judiciales, lo que supone un incremento cercano al 3 % respecto a 2016.

El Consejo ha informado hoy del dinero destinado a las cuatro asociaciones representativas de jueces, entre las que la mayoritaria, la Asociación Profesional Magistratura (APM) percibió 130.738 euros.

La citada cantidad se otorga en función del número de afiliados, y por tanto la segunda que más dinero recibió fue la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) recibió 118.636 euros.

La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) obtuvo 104.498 euros, mientras el Foro Judicial Independiente (FJI) consiguió 80.605 euros.

Los conceptos para los que el CGPJ aporta estas retribuciones son los gastos de organización y funcionamiento, la realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, la efectiva implantación en la Carrera Judicial, los resultados de las últimas elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y las actividades de formación.

Un 2,93% más que en 2016

El año pasado la inversión del CGPJ en las asociaciones fue de 422.124 euros, un 2,93 % menos que este año, y supuso una media de casi el 40 % de los ingresos anuales de dichas organizaciones, según los datos aportados por el órgano de gobierno de los jueces.

Las citadas subvenciones concedidas por el CGPJ representaron el 37,12 por ciento de los ingresos anuales de la Asociación Profesional de la Magistratura; el 34,23 por ciento de los de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; el 40,35 por ciento de los de Juezas y Jueces para la Democracia y el 47,88 por ciento de los de Foro Judicial Independiente.

https://confilegal.com/20171219-el-cgpj-otorgo-434-000-euros-a-las-asociaciones-judiciales-en-2017/