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El Congreso aprueba sancionar a las empresas que no tengan mujeres jefas

 

El Estado totalitario cada vez más presente.

La libertad y los derechos del individuo conculcados de nuevo. El mundo vaticinado por Orwell en “1984”.

Por supuesto se crea un nuevo organismo e inspectoras del dogma feminazi para dar “empleo” a más comisarias políticas feminazis.

Privilegios para los que son más iguales que los demás. Sustentados en las mentiras feminazis.

Pero se molestan cuando las llamamos feminazis.

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El Congreso aprueba sancionar a las empresas que no tengan mujeres jefas

EFE

Da luz verde a tramitar una norma que incluye multas de hasta 50.000 euros para las empresas que no concilien

Paloma Cervilla -17/10/2018

Las empresas que en 2023 no tengan mujeres en puestos de responsabilidad y una presencia equilibrada de éstas en los consejos de administración de sociedades serán sancionadas. El Congreso respaldó ayer la tramitación parlamentaria de una ley de igualdad que, entre otras medidas, prevé sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que no concilien o extingan un contrato durante el embarazo.

Se trata de una norma con 49 artículos, que hace un repaso por toda la normativa laboral española, afecta a siete leyes, a tres reales decretos y a siete directivas comunitarias que buscan «revertir» la situación de discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral. Pero la oposición la considera «un parche» y ya anuncia enmiendas para modificar el texto.

La mayoría de los grupos respaldaron una iniciativa que ahora comienza un trámite parlamentario, en el que los partidos pueden presentar sus enmiendas e intentar llegar a acuerdos sobre los aspectos a mejorar. Sobre el fondo de la ley no hay grandes discrepancias, aunque sí se cuestiona el capítulo de sanciones, el más polémico de la futura ley. En este sentido, tanto Ciudadanos como Podemos pusieron de relieve la falta de consistencia de la sanciones, tanto en términos jurídicos como técnicos. Ello puede provocar «confusión», según la diputada de la formación de Pablo Iglesias, Yolanda Díez; y será «inoperativa», si no se sustentan en unos «principios jurídicos determinados».

Tipos de sanciones

Las sanciones se dividen en tres: leves, en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros. En cuanto a las graves, se sancionarán con multas, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; en su grado medio de 1.251 a 3.125, y en su grado máximo de 3.126 a 6.250. Finalmente, las muy graves se sancionarán con multas, en su grado mínimo, de 6.251 a 12.500 euros; en su grado medio de 12.501 a 25.000 euros; y en su grado máximo de 25.001 euros a 50.000 euros.

En el caso específico de la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades, en el horizonte de 2023, no hay una sanción concreta, ya que todavía no se le puede aplicar la ley hasta esa fecha. Sin embargo, los inspectores de Trabajo sí pueden realizar requerimientos y «las sanciones se graduarán en atención» a criterios como la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, el fraude o connivencia o el incumplimiento de las advertencias previas de los inspectores.

Las infracciones leves se refieren a la no realización de estudios o análisis para constatar la existencia de situaciones patentes de desigualdad de hecho de las mujeres, respecto de los hombres, con motivo de la negociación de un convenio colectivo» u «obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral». O también «incumplir el principio de composición equilibrada de las comisiones negociadoras, descendiendo del 40% la presencia de personas de alguno de los dos sexos».

Sería una infracción grave «impedir la suspensión de la prestación de las personas trabajadoras autónomas por razón de embarazo, parto, nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, temporal o permanente»; incumplir el deber de negociación de acciones positivas en las condiciones de contratación, de clasificación profesional, de ascensos, de promoción y de formación. Igualmente, se considera muy grave «el incumplimiento del deber de negociación de acciones positivas para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los contratos formativos de una empresa»; así como «obstaculizar la actuación de la Inspección de trabajo y de la Seguridad Social, en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones previtas en esta Ley».

Violencia de género

Las infracciones muy graves se concretan en «la no interrupción de un contrato formativo por riesgo durante el embarazo, parto, nacimiento de hijo o hija, cuidado de menor de doce meses, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y violencia de género». Otros incumplimientos considerados graves son la «extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad»; «el despido de la trabajadora víctima de la violencia de género por el ejercicio de su derecho de la tutela judicial efectiva»; e «incumplir el compromiso de la composición equilibrada de las comisiones negociadoras».

Entre las medidas que prevé este proyecto de ley hay que destacar un permiso de nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias; se reconoce un permiso parental e intransferible de diez semanas para el cuidado de menor de doce meses, sea por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción. Igualmente, la reducción por cuidado del lactante puede extenderse hasta que cumpla doce meses, si los dos progenitores la ejercen en términos equivalentes; y la reserva del puesto de trabajo en las excedencias por cuidado de hijas e hijos, hasta los tres años, se incrementa hasta los 18 meses.

Organismo estatal

Además, se crea la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación. Este nuevo organismo dependerá de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Su objetivo es impulsar la inspección en las empresas en lo relativo a la igualdad de trato. Además, dentro de sus funciones se les podrá encomendar la tramitación, pero también la resolución, de posibles expedientes sancionadores.

https://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-aprueba-sancionar-empresas-no-tengan-mujeres-jefas-201810162152_noticia.html

 

 

 

Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

 

Las feminazis se aseguran el adoctrinamiento a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Se les inculca las mentiras feminazis basadas en los consabidos disparates feminazis. Empezando por el lenguaje “inclusivo”. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados.

La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, reflejada en el artículo veintisiete de la Constitución, nuevamente conculcada por los desmanes totalitarios feminazis.

Por supuesto, todo ello controlado y fiscalizado por las respectivas comisarias políticas feminazis como la del vídeo adjunto.

Más estómagos agradecidos viviendo del erario público que sustenta la industria del maltrato.

El Estado totalitario cada vez más presente.

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Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

Aula de Secundaria en un colegio de Murcia. / VICENTE VICÉNS / AGM

DANIEL VIDAL – Viernes, 12 octubre 2018

El Pacto Regional para frenar esta lacra, que se firmará este mes, promoverá formación estructural con perspectiva de género en las universidades

Extirpar el problema desde la raíz, incidiendo en la educación, a la vez que se incrementa la protección y la atención a las víctimas. Este es uno de los principales objetivos del Pacto Regional contra la Violencia de Género 2018-2022, que la Consejería de Familia e Igualdad y los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional acaban de sacar del horno tras muchos meses de cocción y que, previsiblemente, los partidos firmarán a lo largo de la segunda quincena de este mes. El texto, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, contempla hasta siete grandes ejes de actuación y un total 69 medidas específicas, entre las que destacan las relacionadas con la sensibilización, la prevención y la formación. Solo para la puesta en marcha del acuerdo durante este año y el que viene hay presupuestados más de 9 millones de euros, entre los fondos del Gobierno regional y los que aporta el Ejecutivo nacional.

Así, y entre las muchas tareas que tendrá que asumir la Consejería de Educación (uno de los muchos departamentos del Gobierno regional implicados en el desarrollo del acuerdo), el documento recoge la introducción (entre los años 2019 y 2020) de «una asignatura de libre configuración en materia de igualdad y dirigida a la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia de género, en el segundo tramo de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria». También en los centros educativos, el pacto contempla la creación para el año próximo de la figura del responsable de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuyo objetivo será impulsar y llevar a cabo un Plan Educativo en el centro para ese fin, y que estará liberado para ello. Asimismo, se busca «promover la educación formal y no formal de niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores, especialmente en los valores de igualdad y respeto», y el texto recalca que será necesario «asegurar la presencia en los Consejos Escolares y en las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros de una persona encargada de impulsar y velar por el cumplimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Pero no solo eso. También se promoverán «acuerdos entre la Comunidad Autónoma y las universidades de la Región para introducir en los planes de estudios la formación estructural en perspectiva de género, así como contenidos relacionados con la prevención de la violencia de género». Esta medida, como otras muchas contempladas en el pacto, precisará de un «desarrollo reglamentario a determinar», según se especifica en el documento.

El docente será el responsable también de elaborar el plan del centro para tal fin

«La formación y la prevención nos ha parecido fundamental, y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero», afirma una de las representantes de los grupos parlamentarios. Aunque lo realmente importante «es que la Región contará con un instrumento para luchar contra la violencia de género que servirá para todos los gobiernos, independientemente de su color político», señaló.

Tipos de violencia y acoso

Fuera de las aulas también se incidirá en las campañas de sensibilización, «fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, incidiendo en los patrones y valores culturales». De este modo, la Comunidad Autónoma desarrollará «campañas de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad para favorecer la concienciación ciudadana». Las campañas -contra el juguete sexista o las agresiones sexuales, por ejemplo-, estarán dirigidas «tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, prestando atención a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, adolescentes y hombres», para lograr su implicación en el rechazo y prevención de esta lacra. Se divulgarán «todos los tipos de violencia y acoso que se ejercen sobre las mujeres», además de dar a conocer que «la violencia machista es un delito público que todo el mundo debe denunciar». También campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes, incidiendo en el ciberacoso y en la prevención de las relaciones tóxicas. Los hombres también serán destinatarios específicos de políticas de igualdad y prevención de la violencia, «habilitando cauces de atención a comportamientos de violencia potencial».

El texto prevé la creación del agente de Policía Local especializado en atención a las víctimas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, también realizará a partir del año que viene «diagnósticos especiales» para colectivos vulnerables, con implicación de los mismos, identificando las dificultades y desventajas que experimentan diferentes tipos de mujeres, que enumera el texto acordado por los grupos políticos: «Las que viven y trabajan en el ámbito rural; mujeres con discapacidad; inmigrantes; las que ejercen la prostitución; de la tercera edad; exreclusas; viudas; embarazadas; mujeres a cargo de familias monoparentales; paradas de larga duración; y las que desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por el cuidado de la familia, entre otras».

Tipos de violencia y acoso

El Pacto, que también viene a mejorar (o a poner en marcha) muchos de los mecanismos de los que ya disponen las administraciones locales y regionales, también pone el foco en la protección de las víctimas. Enseñando a defenderse, por un lado, con la «elaboración de un programa de difusión de técnicas de autoprotección y defensa personal para las personas en programas de violencia de género y para quien lo solicite a través de los centros de atención a las víctimas (Cavis)». Por otro, habilitando «procedimientos específicos de actuación para las mujeres que, por diversas causas, retiran la denuncia», y «para el acompañamiento personalizado a las víctimas durante todo el proceso (antes, durante y después de la denuncia), y en todas las actuaciones o situaciones por las que tenga que atravesar», según se recoge en el texto. De hecho, el Pacto promueve «sistematizar el seguimiento de las mujeres atendidas en los recursos especializados de acogida inmediata y los centros de atención». También contempla el acuerdo «facilitar a las víctimas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, y cuyo riesgo sea elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habilitando una bolsa de viviendas con los ayuntamientos para alquiler social».

El documento recoge actuaciones para las mujeres que retiran la denuncia

El documento recoge la necesidad de «garantizar la atención especializada en los recursos de carácter asistencial». Ya en el ámbito sanitario, el acuerdo alcanzado incluye la implantación de un sistema de envío directo de partes médicos al juzgado desde los servicios de urgencias y desde los centros de Atención Primaria. Asimismo, el Pacto pretende «desarrollar una atención sanitaria integral para las víctimas y menores a su cargo mediante la creación y establecimiento de equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres».

Todos los funcionarios

Además de impulsar la figura del policía local especializado en violencia de género, en la negociación se consideró «muy importante» la formación de los especialistas que «acompañan a la víctima durante todo el proceso», según las mismas fuentes. La formación contra la violencia de género, de hecho, se extenderá en todos los ámbitos. Desde «todo el personal de la Función Pública y al servicio de la administración autonómica, profesorado, orientadores y otro personal de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, a inspectores de educación y otros profesionales técnicos de la Consejería de Educación, pasando por profesionales de atención primaria, técnicos y representantes políticos de los ayuntamientos».

El pacto, que también recoge diferentes medidas de actuación en el ámbito laboral, contempla además la creación de diferentes organismos para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Uno de estos organismos es el Observatorio de Igualdad y Violencia de Género de la Región de Murcia, como establece la Ley 7/2007. Además, también se creará una unidad en el Centro Regional de Estadística de la Consejería de Hacienda para extraer los datos relacionados con la violencia de género y la situación de mujeres y hombres en la Región; una Mesa de Coordinación con responsables políticos y técnicos de los 45 municipios; y también una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo será «seguir adaptando las respuestas que ofrece el pacto, que no está cerrado, a las necesidades de la realidad».

https://www.laverdad.es/murcia/colegios-profesor-liberado-20181012010701-ntvo.html

 

Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados

 

El Ministerio de la verdad orwelliano.

El control de la información para adoctrinar a la población y perseguir al disidente/opositor.

No es casualidad que la propuesta sea en la Comisión de igualdad con la falsa excusa de proteger a la mujer. El Estado totalitario feminazi.

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Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Luz Sela – 12/10/2018

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), un órgano estatal para el control y la regulación de los medios de comunicación, con capacidad sancionadora.

El organismo figuraba en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) aunque fue derogado por el PP, que lo ‘fundió’ en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Ahora, la intención de Sánchez es recuperarlo, como revela una enmienda a una reciente moción de Podemos en el Senado, en la que el partido de Pablo Iglesias insta al Gobierno a “combatir la publicidad estereotipada y sexista”.

En concreto, el punto seis de la enmienda propone “recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, independiente y con competencias en la defensa de los derechos, libertades y valores de la ciudadanía en el ámbito de las radios y televisiones públicas y privadas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.

Se trata, pues, de un organismo supervisor de contenidos y con capacidad para sancionar a los medios, bajo la ambigua finalidad de defender “los derechos, libertades y valores de la ciudadanía”. La idea surge además en plena polémica por las intenciones del Gobierno de imponer una regulación a la “libertad de expresión” en los medios, como recientemente revelaron varios miembros del Ejecutivo.

Dependerá de Presidencia

Aunque se presuma “independiente”, el órgano estará directamente adscrito al organigrama del Gobierno, y más en concreto, del Ministerio de la Presidencia. La elección de sus miembros se hará por convocatoria pública, a través de un comité asesor cuyos integrantes serán designados entre los propuestos por los distintos grupos parlamentarios.

En la Ley de 2010-donde se establece la creación de este Consejo-se señala que su finalidad será “supervisadora y reguladora de la actividad de los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia”. Sin embargo, los socialistas amplían ahora ese control también a los medios privados.

Según el texto de esta ley, entre las funciones originales del CEMA está asegurar “la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual”, así como “la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada”.

Además, se encargará de determinar el catálogo de “acontecimientos de interés general para la sociedad”, de recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o de decidir sobre la renovación de licencias, y de “velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la ciudadanía”.

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales asesorará a las Cortes Generales, al Gobierno, a los organismos reguladores, así como a las autoridades audiovisuales independientes autonómicas, en las materias relacionadas con el sector audiovisual y podrá proponer al Gobierno la elaboración de disposiciones de carácter general sobre el sector.

Inspecciones y sanciones

La ley le otorga también la potestad de “requerir a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones”, de realizar inspecciones e incluso de requerir el cese de “aquellas prácticas que contravengan” las leyes y sancionar a los medios.

No es la primera vez que el PSOE revela sus intenciones con los medios a través de enmiendas en las Cortes.

Así ocurrió recientemente en una Propuesta No de Ley sobre la “desinformación” presentada por el grupo del PP en el Congreso.

Los ‘populares’ pedían en su iniciativa un acuerdo internacional contra esta “amenaza” con “medidas específicas para proteger escenarios sensibles como los procesos electorales democráticos”, haciendo especial hincapié en “las amenazas gestionadas por actores extranjeros con intenciones hostiles”.

Los socialistas -que votaron en contra de la proposición- suscribieron ese punto, pero eliminaron esa última referencia a las amenazas de procedencia exterior y con fines perversos, lo que dejaba el texto mucho más abierto a las injerencias del poder político.

En las últimas semanas, el Gobierno ha admitido que busca una cierta regulación de los medios y ha puesto como ejemplo a otros países, como Alemania, Italia o Francia, que ya han seguido esta senda. En Francia, por ejemplo, una norma reciente impone a los medios de comunicación –sobre todo digitales– un compromiso “reforzado” en las informaciones que se publiquen en períodos electorales y habilita al juez a bloquear en 48 horas el acceso a una web.

https://okdiario.com/espana/2018/10/12/sanchez-aprieta-deriva-censura-organo-estatal-controlara-medios-publicos-privados-3222706

 

Una revista académica acepta un capítulo del ‘Mein Kampf’ reescrito en términos feministas

 

Las mentiras feminazis y sus disparatados “argumentos” puestos al descubierto una vez más.

El gran engaño del feminismo y su anejo lucrativo negocio presente en todo el mundo.

Ver para creer. Feminazis, carne de psiquiátrico.

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Una revista académica acepta un capítulo del ‘Mein Kampf’ reescrito en términos feministas

Daniel Rodríguez Herrera – 2018-10-10

Tres profesores se unen para denunciar la corrupción en los estudios de género, sexualidad y raza y logran que les publiquen hasta 7 artículos falsos.

Quizá se acuerden que hace unos meses fue noticia la publicación de un estudio sobre la “cultura de la violación” en los perros que pasean en los parques en la revista científica especializada Gender, Place & Culture. El artículo no solo había pasado la revisión de pares, sino que lo hizo con nota: fue seleccionado como estudio destacado en los números especiales que celebraron el veinticinco aniversario de la revista. Su autora, la doctora en feminismo Helen Wilson, aseguró haber examinado “respetuosa pero cercanamente los genitales de un poco menos de 10.000 perros, teniendo cuidado de no producir alarma y marchándome si el perro parecía incómodo”, para concluir que estos parques “se convierten en espacios tolerantes con la violación donde la cultura de la violación humana se representa mediante la permisividad moral que extendemos a los animales”.

El problema es que Helen Wilson no existe. El artículo fue uno de la cerca de la veintena que tres académicos –Helen Pluckrose, James Lindsey y Peter Boghossian– enviaron a distintas revistas especializadas en lo que llaman “estudios reivindicativos”: estudios de género, de identidad sexual o racial, etc. Tras fracasar en sus primeros intentos –seis estudios fueron rechazados– lograron acertar con el enfoque adecuado y cuando tuvieron que poner fin a su proyecto porque iba a ser destapado habían logrado publicar siete artículos y que otros siete estuvieran en distintas fases del proceso de aceptación y publicación por distintas revistas de estudios sociales posmodernos.

Entre los textos, redactados durante un espacio de diez meses, incluyen estudios que afirman todo tipo de barbaridades, por supuesto sin ninguna base científica. En ellos se dice que si un hombre se masturba pensando en una mujer sin que ésta lo sepa se trata de violación, otro que copiaba un artículo supuestamente legítimo sobre glaciología feminista y que argumentaba que dentro de los estudios de astronomía debía incluirse la astrología feminista y queer, que los hombres que se masturbaran mediante penetración anal serían más feministas y menos tránsfobos o que los estudiantes blancos no debían tener derecho a hablar en clase y debían quedarse tumbados y encadenados. Llegaron, incluso, a reescribir el capítulo 12 del Mein Kampf de Hitler en términos feministas; el artículo fue aceptado por la revista Affilia aunque ahora, esperemos, no llegará a publicarlo.

Helen Pluckrose, James Lindsey y Peter Boghossian lamentan que el trabajo del físico Alan Sokal, quien publicó en 1996 un artículo sin ningún tipo de sentido en la revista de referencia del posmodernismo Social Text, demostrando así que el campo no tenía valor científico alguno, cuando ni siquiera los especialistas podían diferenciar un trabajo legítimo de pura palabrería sin sentido. Y sin embargo el posmodernismo no ha hecho sino prosperar desde entonces. ¿Por qué? Porque permite dar cobertura académica a un buen número de activistas ideologizados a un coste ridículo: los tres autores pudieron escribir veinte artículos en diez meses y su éxito fue tal que hasta comenzaron a llamarles para revisar estudios de otros autores. Se considera que hacen falta unos siete artículos publicados para lograr una plaza fija en la universidad.

https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2018-10-10/una-revista-academica-acepta-un-capitulo-del-mein-kampf-reescrito-en-terminos-feministas-1276626258/

El Gobierno igualará el CV de mujeres investigadoras al de hombres por “cuidar de sus hijos”

 

Privilegios disfrazados de falsa igualdad. Las consabidas mentiras feminazis.

El feminazismo no tiene reparo alguno en pisotear la lógica, la sensatez y el más elemental principio de justicia para beneficiar a su colectivo.

Es de suponer que el “astronauto” aplicaría el mismo criterio a la hora de elegir tripulaciones para las misiones espaciales. Estamos seguros de que su compañera Eilleen Collins no estará de acuerdo con esta medida pues la rebaja y desprecia.

Ya lo explicó Orwell, todos somos iguales pero unos más iguales que los demás.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Gobierno igualará el CV de mujeres investigadoras al de hombres por “cuidar de sus hijos”

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. (Foto: EFE)

Segundo Sanz – 05/10/2018

El Ejecutivo habla de “baremar al alza” el currículum de las madres investigadoras

No entra a valorar el caso de los padres investigadores que se dediquen a la crianza

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto reformar la regulación actual para “compensar el currículum” de las mujeres investigadoras que “se dedican al cuidado de sus hijos”. Así lo anunció el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en un desayuno informativo organizado este jueves por Nueva Economía Fórum.

“Tenemos unos programas por los cuales durante una serie de años a la hora de evaluar el currículum de los investigadores a una madre se le pondrá al alza el baremo del currículum de tal manera que se iguale su nivel con el de un hombre que no hubiese tenido esa necesidad. Y nuestra medida más importante va a ser que vamos a incrementar el número de años en los que las madres puedan acogerse a este programa de manera que sus currículum no serán mermados de forma artificial”, dijo textual el ministro de Ciencia.

En esta línea, señaló que la citada medida supone “el reconocimiento a la labor que en nuestra sociedad sigue teniendo de forma preferente la mujer en el cuidado de los niños y por supuesto la maternidad”. Con estas palabras respondió Duque a una pregunta del programa Ellas Pueden de RNE sobre los planes de igualdad que tiene previsto implementar su ministerio.

Pese a estar declaraciones de Duque, en la actualidad no hay ningún programa activo en que ya se esté baremando al alza el currículum de una madre investigadora. Y respecto al anuncio del ministro de Ciencia, el problema está en la nivelación que ha planteado con respecto a los investigadores.

Lo que demandan las madres investigadores -y así figura en una reciente iniciativa difundida a través de la plataforma Change.org– es que en los procesos de selección se tenga en cuenta el tiempo que han estado de baja por maternidad un periodo de tiempo concreto en el que no han podido sumar méritos profesionales (publicaciones científicas, conferencias, patentes, tesis doctorales dirigidas, etc.). Una cuestión que es bien distinta a la de igualar directamente el currículum de una madre investigadora con el de un hombre o con el de otra compañera de profesión sin hijos.

¿Y el padre investigador?

Además, el ministro de Hacienda no entró a valorar si quien se dedica durante ese tiempo concreto al cuidado y crianza de los niños es el padre investigador y no la madre. Tampoco habló de conciliación, ni de la brecha salarial ni de la discriminación que denuncian muchas investigadoras en la concesión de proyectos estrella por parte de universidades.

https://okdiario.com/espana/2018/10/05/gobierno-igualara-cv-mujeres-investigadoras-hombres-cuidar-sus-hijos-3192514

 

Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

 

Los comentarios del juez, fiscal y secretaria judicial son tras la celebración del juicio. Los comentarios que hace cualquier persona tras realizar su trabajo. En este caso no hay ningún prejuicio ni enemistad ni animadversión con alguna de las partes. Simplemente tienen meridianamente claro que la denuncia es falsa y que la denunciante es muy mala actriz y muy mala persona cuyo único interés es vivir parasitando al padre de sus hijos.

El vídeo ha sido difundido por la abogada de la falsa denunciante, Teresa Bueyes. No sorprende dado su historial. Es de esperar que se tomen las correspondientes medidas contra ella.

El linchamiento al juez es el procedimiento habitual a quien no sigue a pies juntillas los postulados totalitarios de las feminazis.

Una más de las miles de denuncias falsas de maltrato que se dan cada año.

Uno más de los miles de abogados que se prestan a esta canallada.

Uno más de los miles de purgados por el comisariado feminazi.

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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

Un juez se mofa de una víctima de violencia machista y la llama “bicho” e “hija puta”. / CADENA SER

MARIOLA LOURIDO – Madrid – 04/10/2018

La víctima pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación.

Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso tras comprobar que se ha burlado y se ha mofado de ella hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”.

Esta mujer, que tuvo incluso una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias, ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La víctima se llama María Sanjuan y pide al Consejo General del Poder Judicialque tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas por malos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

María Sanjuan, la víctima, pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial, donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación. / GETTY IMAGES

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios “verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre” “estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

Se trata de una conversación que se produce una vez que terminada la vistade la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación. En la charla participan también la fiscala y la letrada de la administración de justicia.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, que hija puta”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del juzgado, la fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso. Mientras, el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

También pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tovar. / ALBERTO POZAS

Lo justifica en el artículo 158 del Código Civil “a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios” y como comentan en la animada charla el juez “hace sangre” con la mujer porque explica que con “esta resolución contribuirá además a la recuperación de la madre de los problemas de salud que han motivado su ingreso en de urgencias en un centro hospitalario sin previsión de fecha de alta, impidiéndole atender con normalidad sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos”.

El juez y la fiscala cuestionan su estado de salud a pesar de los informes del hospital que incluso activó el protocolo de malos tratos.

Fue una enfermera de la Comisión de Violencia de Género la que activa el protocolo después de que María Sanjuan, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección y su marido puede por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. ” Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido se encontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido la jueza del número 3 de violencia de género María Gracia Parera tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamiento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérselos dentro del propio domicilio vigilantes de seguridad para controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado una orden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez: “Es una conversación privada”

La Cadena SER ha hablado con el juez Francisco Martínez Derqui para recabar su versión. El magistrado señala “lo único que puedo decir es que es una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”. Martínez Derqui añade que tiene conocimiento de que la víctima lo ha recusado y “esa recusación está en trámite pendiente de que la Audiencia se pronuncie”.

El juez bromea en la conversación con que la víctima va a pasearse por las teles y vaya al Sálvame porque son una pareja conocida. Maria Sanjuan es modelo y el acusado, Josué Reyzábal, es un empresario de una familia muy notoria en Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/03/sociedad/1538581619_584708.html

Un juez llama “hija de puta” a la modelo María Sanjuán, víctima de violencia machista

Sara Tejada – 4/10/2018

La modelo María Sanjuán, ex de Miki Nadal, denunció que el padre de sus hijos la insulta, la grita y ha amenazado con matarla. Sin embargo, el juez de violencia de género que se encarga del caso la llama “hija de puta” y pretendía dar la custodia de sus hijos (de meses) al denunciado. Un vídeo espeluznante muestra la actitud del magistrado contra la víctima. Otra jueza había considerado que María Sanjuán era víctima de acoso por parte del padre de sus hijos, el empresario Josué Reyzábal:acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y meterlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Como informamos en su día, uno de los herederos de la poderosa familia Reyzábalfue detenido y trasladado a primeros de año por las fuerzas de seguridad a los juzgados de violencia contra la mujer. Josué Reyzábal había sido denunciado horas antes por su mujer, la modelo María Sanjuán. El Juzgado de Violencia número 7 se hizo cargo del detenido y abrió las diligencias previas de investigación, tomándole declaración en calidad de imputado. Minutos después, el titular del juzgado, Francisco Javier Martínez, dejó en libertad al arrestado.

Reyzábal es miembro de una poderosa familia, con fuerte actividad empresarial en torno a locales de ocio y fondos de inversión. La prima del empresario es la cantante Barei, que participó en Eurovisión 2016 representando a España. La denunciante, su mujer, es la modelo María Sanjuán, bellísima mujer de labios sensuales y ojos verdes, con la que tiene tres hijos. Maria Sanjuán nació en Madrid el 19 de julio de 1984. Se hizo famosa cuando apenas era una adolescente gracias a los grandes almacenes El Corte Inglés, que la eligieron como imagen con doce años. En 1997 fue elegida como la protagonista de la campaña de la firma Pepe JeansLondon. Este trabajo supuso su despegue internacional y que importantes agencias de modelos comenzaran a interesarse por ella. Con 13 años, María firmaba un contrato con la agencia America nFord de Nueva York, y poco después con DNA Model Management.

Su trabajo más importante fue para la campaña CKOne de Calvin Klein. También ha posado para campañas de las firmas Via Spiga, Fornarina, Max Mara, Burberry y Green Coast, entre otras. Ha desfilado en pasarelas en Madrid Barcelona, Madrid o Milán, y eso que su estatura es de 1.70.

María saltó a las páginas de la crónica rosa en 2010 por su relación con el humorista Miki Nadal. Aquel noviazgo no llegó a buen puerto y fue poco después de la ruptura con el presentador cuando Josué apareció en su vida y con él tuvo dos hijos. Josué pertenece a la tercera generación de los poderosos Reyzábal y ocupa un puesto de prestigio en Arconte Holding, perteneciente a la inmobiliaria Grupo Concisa.

Hace apenas dos años ambos bautizaban juntos a su segundo hijo, Álvaro, y el padrino era, nada más y nada menos, que el DJ y blogger Aless Gibaja, habitual en programas de televisión. Poco después, Reyzábal y María veían llegar al mundo a Claudia, su tercer hijo.

Este jueves, la Cadena Ser ha difundido un vídeo en el que el juez que se encarga del caso se ha mofa de María Sanjuán hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”. La modelo de 34 años llegó a contar con una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias contra el padre de sus hijos.

María Sanjuán ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación.

María Sanjuán y pide al Consejo General del Poder Judicial que tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas pormalos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios a la fiscal  y otra letrada: “Veras el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”,”estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

La conversación difundida por la Ser se produce una vez que terminada la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de dos de mlos tres hijos de la pareja, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, ¡qué hija puta!”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. La fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso pero el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

María Sanjuán pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Una enfermera de la Comisión de Violencia de Género fue quien activó el protocolo después de que María Sanjuán, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección, y su marido podía por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. “Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido seencontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias del madriñelo hospital de La Princesa, hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado unaorden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y laAudiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez Francisco Martínez Derqui asegura que “se trata de una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”.

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9429376/10/18/Un-juez-llama-hija-de-puta-a-la-modelo-Maria-Sanjuan-victima-de-violencia-machista.html

 

 

 

Justicia propone a las comunidades autónomas la creación de la figura del coordinador de parentalidad

 

Más negocio sostenido con nuestro dinero en base al sufrimiento ajeno.

Como había pocos “operadores” en este repugnante mundillo crean más plazas que no sólo no arreglarán nada sino que enredarán aún más el nudo.

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Justicia propone a las comunidades autónomas la creación de la figura del coordinador de parentalidad

3 de octubre de 2018

Justicia propone a las comunidades autónomas la creación de la figura del coordinador de parentalidad para proteger al menor en casos de conflicto entre sus progenitores.

El Ministerio ha propuesto hoy a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

Documentos asociados:

181003 Conferencia Sectorial de Justicia (PDF. 195 KB)

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/justicia-propone-comunidades

 

Un curso de violencia de género pesará más que la experiencia judicial

 

Igual que sucedió en la Rusia soviética o en la Alemania nazi la mayoría de los jueces no ha protestado ni se ha opuesto a la progresiva implantación de las aberrantes leyes de género.

Cuando la nueva medida puede afectar a su futuro profesional, al aumento de su nómina y prebendas, ponen el grito en el cielo. Su queja no es por lo insensato de la medida sino por la repercusión en su promoción y sus ingresos mensuales.

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Un curso de violencia de género pesará más que la experiencia judicial

Malestar en los jueces por la propuesta del PSOE sobre la formación en violencia de género

Solo con aprobar la especialización podrán llegar al Supremo, frente a un experto en Penal

Paloma Cervilla – Madrid 03/10/2018

La forma y el contenido de la reforma que quiere aprobar el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la formación en violencia de género de los jueces, ha provocado un profundo malestar en una parte de la judicatura. Unas discrepancias que, si no se resuelven en el trámite de enmiendas, puede abrir una grieta en un colectivo, al que se ha ignorado en el proceso de elaboración de esta reforma, según han denunciado a ABC fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura.

No es ésta la única queja de este colectivo, la más importante es la que afecta a los principios de mérito y capacidad que deben primar en la promoción profesional de la judicatura. Si se aprueba la reforma en los términos en las que se plantea, se puede dar el caso de que un juez con la especialización en violencia de género, aunque con solo dos años de experiencia, puede acceder al Tribunal Supremo, por encima de otro que cuente con 20 años de profesión.

Esta tramitación parlamentaria de modificación legislativa, en cumplimiento de uno de los puntos del Pacto contra la Violencia de Género, se inició el pasado mes de junio con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista. Un texto que recoge, entre otras cuestiones, cómo será el proceso de especialización de los jueces, en lo que se refiere a las pruebas específicas para acceder a los órganos judiciales.

Reunión en el Congreso

El malestar judicial ha aflorado en el trámite de enmiendas, cuyo plazo de presentación ya ha finalizado. Precisamente hoy, volverá a reunirse la Ponencia para intentar alcanzar un acuerdo político. El PSOE remitió ayer a los grupos parlamentarios un nuevo texto transaccional.

Las discrepancias de un sector de la judicatura se centran, fundamentalmente, en dos aspectos: el contenido y la forma. En lo que respecta al contenido, las fuentes consultadas denuncian que «se introduce una especialización en materia de violencia de género, a la que le atribuye unos efectos que inciden de manera excesivamente profunda en la promoción profesional».

Estos efectos son, por ejemplo, que «los jueces que aprueben esta especialización tienen preferencia absoluta para ir a cualquier sección de cualquier Audiencia Provincial que tenga atribuida la materia de violencia de género. Ello supone que, un juez con dos años de experiencia, que apruebe la especialización, tendría prioridad para ir a esas salas de la Audiencia, sobre alguien que llevara treinta años de experiencia en Instrucción, por ejemplo».

Otra consecuencia negativa del valor que se le da a la especialización en violencia de género sobre la experiencia se puede producir a la hora de acceder al Tribunal Supremo. Los jueces critican que «se asimile la especialización en violencia de género a la de toda la materia penal, cuando la primera es un ámbito de la segunda a los efectos, por ejemplo, del acceso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Sobre esta cuestión, alertan de que «un juez con dos años de experiencia» ,que apruebe el curso de especialización en violencia de género, «está en igualdad de condiciones que un especialista en Penal a la hora de acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es lógico que una persona con dos años de experiencia pueda ir al Supremo ¿Dónde está la trayectoria profesional, los principios de mérito y capacidad sobre los que debe fundamentarse?».

Al margen de los jueces

La segunda discrepancia de la judicatura está relacionada con la forma elegida por el Gobierno para «modificar algo tan relevante como el estatuto órganico del juez, prescindiendo del órgano que constitucionalmente tiene la función de velar por ese estatuto, que es el Consejo General del Poder Judicial». Al utilizar el mecanismo de la Proposición de Ley, los jueces consideran que «se orilla por completo al órgano competente para emitir informe, al ser el que mejor conoce la situación que se quiere regular. Se ha hecho al margen de las asociaciones de jueces. Lo lógico hubiera sido presentar un Proyecto de Ley».

La Asociación Profesional de la Magistratura considera «grave» que no se haya contado con ellos y espera que «en fase de enmiendas se mejore el texto, con el objetivo de no alterar mecanismos que son esenciales para el estatuto del juez».

https://www.abc.es/sociedad/abci-curso-violencia-genero-pesara-mas-experiencia-judicial-201810022121_noticia.html

 

Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

 

Dicen exigir derechos e igualdad pero lo único que defienden son prebendas y privilegios a costa de los derechos e igualdad de los demás.

Por supuesto todo ello a costa del erario público.

Como bien dijo Orwell, todos somos iguales pero unos más iguales que otros.

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Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

Manifestación del Día del orgullo gay en Zaragoza. Oliver Duch

Estos cupos se unen a los que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas de terrorismo

B. Travesí – Zaragoza – 01/10/2018

Las personas transexuales y las víctimas de violencia de género van a tener en breve el mismo tratamiento en las ofertas públicas de empleo (OPE) que convoquen las diferentes administraciones públicas de Aragón que tienen ahora las personas con alguna discapacidad y las víctimas -y familiares de víctimas- de terrorismo.

Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de empleo público.

Este cupo será, como mínimo, del 1% en ambos casos, según queda recogido en la ley de Identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación -conocida como ‘ley trans’- y en la de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las dos normas han sido aprobadas recientemente, pero falta que se elaboren los reglamentos para que puedan desarrollarse y aplicarse.

En el caso de la que regula la identidad y no discriminación de las personas transgénero, que es pionera en la legislación española, fue fruto del acuerdo alcanzado entre los partidos políticos y los colectivosLGTBI -lesbianas, gais, bisexuales y transgénero-.

Trata de recoger en su articulado la mejor forma de abordar íntegramente los problemas que este colectivo sufre en diferentes ámbitos como el laboral, educativo, social, familiar, sanitario, juventud y personas mayores, de ocio, cultura y deporte, cooperación internacional, comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.

Tras su aprobación, y a falta de que el reglamento que desarrolle su puesta en marcha vea la luz, CC. OO. consideró que la reserva de plazas fijada, no inferior al 1%, es “insuficiente y mejorable”, por lo que ya avanzó que en los sectores de las administraciones aragonesas en los que el sindicato esté presente -local, autonómica, justicia, sanidad y educación-, plantearán que se aumente ese porcentaje.

“Hay que dar mayor visibilidad al colectivo y facilitar de este modo una mejor inclusión laboral lo que a su vez contribuye a una participación igualitaria en la sociedad”, explicó en su momento en una nota de prensa.

Estas dos nuevas reservas de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de las diferentes administraciones públicas de Aragón vienen a sumarse a las que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas y familiares de víctimas del terrorismo.

Para el primer caso, la legislación autonómica contempla un cupo del 7%, de que el 2% debe ser reservado específicamente para discapacitados intelectuales; en el segundo, regulado en la ley estatal de protección a las víctimas de terrorismo, el cupo de reserva es del 1% de las plazas que se oferten.

Francisco José González, secretario general de Administración Autonómica de C. OO., ha explicado este lunes que estos cupos se aprueban para fomentar y facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, aquellos que a priori tienen más dificultades para encontrar empleo.

“Debe haber cupos”, afirma. “Es una manera de estimular que se presenten a las OPE -recuerda-. Aunque ni siquiera con reserva de plazas hay garantías de que vayan a inscribirse. En muchas ocasiones, los puestos quedan vacantes y se suman a las plazas que se ofertan en el turno libre”.

Para el representante de CC. OO. es una cuestión de coherencia. “Las administraciones deben dar ejemplo -afirma-. Si aprobamos leyes contra la discriminación y a favor de la integración social y laboral y luego no la fomentamos estaríamos dando un mensaje muy contradictorio”.

Por otra parte, considera que con estas medidas se hace un llamamiento a la empresa privada para que “haga un esfuerzo” e integre también en sus plantillas a ciudadanos pertenecientes a estos colectivos.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se ha avanzado este lunes que el desarrollo normativo de ambas leyes va a buen ritmo y que, en todo caso, los reglamentos estarán antes de que finalice la legislatura.

Natalia Salvo, directora general del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a explicado que la razón por la que las Cortes de Aragón, que aprobaron ambas leyes, contemplaron la necesidad de que hubiera cupos en las ofertas públicas de empleo de la Comunidad para estos colectivos es porque se consideran “especialmente vulnerables”. “En el caso de la violencia de género -ha apuntado-, se ha intentado que las situaciones se asemejen a las de las víctimas de terrorismo”.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/10/01/aragon-reservara-las-plazas-oposiciones-empleo-publico-para-transexuales-victimas-violencia-genero-1269255-300.html

 

La Junta de Andalucía obligará a los profesores a recibir clases de feminismo

 

El adoctrinamiento a nuestros hijos desde la más tierna edad.

El artículo veintisiete de la Constitución es papel mojado. No son los padres sino el Estado quien enseña a los niños lo que está bien y lo que está mal. Lo harán con las consabidas mentiras feminazis impartidas por las comisarias políticas feminazis como la del vídeo adjunto. Todo ello con cargo a los bolsillos del contribuyente.

 

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La Junta de Andalucía obligará a los profesores a recibir clases de feminismo

Una nueva ley obliga a la revisión “feminista” de libros y profesores en los centros escolares.

Pedro de Tena (Sevilla)

2018-09-27

Este miércoles, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) –Podemos e IULV-CA votaron en contra–, la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La nueva ley, que incluye como una de las medidas la subida conforme al IPC del complemento autonómico a las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas, dota a la Junta de capacidad sancionadora contra la discriminación de la mujer y se propone la revisión de los textos escolares para impedirla.

Considerada por el PSOE como una ley que cambia la vida de la mujer y sitúa a Andalucía como un referente –”feminismo de salón” la ha calificado Podemos–, de manera inmediata se ha destacado la importancia de la capacidad sancionadora que se recoge en la norma y que se dote de más funciones al Instituto Andaluz de la Mujer, entre ellas la de sancionar.

El nuevo régimen sancionador permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. La ley detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.

Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.

Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora la ley aprobada por el Parlamento se incluyen la realización de actos, campañas o anuncios que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.

La nueva ley hace que los centros escolares sean vehículos de transmisión del desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de estos.

Además, se establece la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos. Esto es, los profesores andaluces recibirán cursos especiales con contenidos feministas.

La revisión “feminista” de los libros escolares

Frases como “mi madre va a comprar el pan”, detectado en los libros escolares que se utilizan en Andalucía y otras regiones españolas, son consideradas añejas y machistas por quienes van a ser encargados, probablemente, de la revisión de los textos vigentes. Dice El País que la nueva ley trata de que la igualdad de género no sea un mito en las aulas y revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos.

Para conseguirlo, una comisión de expertos revisará todos los libros de texto desde infantil a bachillerato, según la ley aprobada en el Parlamento andaluz. Hasta ahora, todo se dejaba a la voluntad del profesorado, pero eso se ha acabado en Andalucía. La comisión de expertos analizará los materiales curriculares y emitirá un informe anual para evaluar su implantación real. Pero, como es costumbre, todo dependerá de la diligencia de la Junta de Andalucía que dispone de un año para aplicar las medidas.

Esta revisión de los libros de texto es la medida estrella de la nueva norma, que dispone de 1.793 millones hasta 2021 pero su inmediata dotación depende de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2019 y estos son aún una incógnita ante el posible adelanto electoral.

Una de las expertas en el tema, Ana López-Navajas, en un trabajo de 2010, consideraba que los datos analizados señalaban sólo un 12% de presencia femenina en los textos escolares demostrando que la ausencia de las mujeres en los contenidos de secundaria es sistemática y abarca todas las asignaturas.

Y añadía que los actuales textos escolares “transmiten una visión de mundo donde la mujer apenas participa, que hace percibir como normal lo que es un elemento de marginación… que es una visión falseada por inexacta y carente de rigor”. Esta visión de mundo “normaliza la marginación, patrones sociales que ayudan a perpetuar las desigualdades y que se encuentran en la base de todo un abanico de comportamientos entre los que destaca la violencia machista, pero donde no son menos graves las desigualdades laborales, las relaciones personales insatisfactorias o los techos de cristal”.

Para Izquierda Unida y Podemos, la anterior ley de Igualdad de 2007 también tenía estas intenciones pero nunca se ha cumplido por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía.

https://www.libertaddigital.com/espana/2018-09-27/la-junta-de-andalucia-obligara-a-los-profesores-a-recibir-clases-de-feminismo-1276625579/

Andalucía revisará los libros de texto para asegurar la igualdad

La nueva ley prevé cursos obligatorios para formar a los profesores en feminismo y tendrá capacidad sancionadora

JAVIER MARTÍN-ARROYO

Sevilla 27 SEP 2018

“Los problemas de Matemáticas siempre mencionan ‘mi madre va a comprar el pan’, el análisis morfológico de una frase suele ser ‘ella cocina y él trabaja’ y en Ciencias no hay mujeres excepto Marie Curie”. Miguel Ángel Martínez, responsable del plan de Igualdad del colegio Blas Infante de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), destaca ejemplos añejos y machistas presentes en la inmensa mayoría de los libros de texto de los escolares. Para que la igualdad de género no sea un mito en las aulas y revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos, Andalucía ha reformado este miércoles su Ley de Igualdad de 2007.

El “conocimiento amputado” de los libros de texto sin mujeres

Una comisión de expertos revisará todos los libros de texto desde infantil a bachillerato, según la ley aprobada en el Parlamento andaluz. “En Asturias y Valencia recogen en su normativa la necesidad de incluir a las mujeres, pero no se concreta y se deja a la voluntad del profesorado. Si ahora en Andalucía se crea una comisión, eso estaría muy bien”, ensalzar Ana López-Navajas, autora del mayor estudio sobre la presencia de mujeres en los materiales educativos, que analizó 115 textos y contó un 7,5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas.

Una veintena de editoriales elaboran los libros educativos para las escuelas andaluzas. “Hay un compromiso de los editores de asumir los contenidos y estamos a la espera de conocer la comisión”, afirman fuentes de Anele, la asociación que agrupa a empresas del sector.

La comisión de expertos analizará los materiales curriculares y emitirá un informe anual para evaluar su implantación real. Eso sí, su creación efectiva y por tanto la velocidad de los cambios reales dependerá de la voluntad del Gobierno andaluz, ya que este se ha concedido un año de margen para aplicar las medidas. “La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten, incorporando la historia del feminismo como movimiento social y político”, refleja la reforma legal andaluza. Esta revisión de los libros de texto es la medida estrella de la nueva norma, que dispone de 1.793 millones hasta 2021 pero su inmediata dotación depende de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2019 y estos son aún una incógnita ante el posible adelanto electoral.

En paralelo, la reforma obligará a que los profesores reciban formación sobre igualdad para que la incorporen en todas las asignaturas. Hasta ahora, los docentes solo se formaban con cursos optativos y cada centro escolar imponía estos contenidos en función del interés del profesor responsable de turno.

Las leyes de igualdad suelen tener un carácter propositivo y de buenas intenciones, pero desde ayer la andaluza ha cobrado capacidad sancionadora. Esto es, cualquier persona, empresa o institución puede ser denunciada ante la Junta por incumplir la ley en cualquier manifestación o acto, y se enfrentará a multas de hasta 120.000 euros. Incluidas las campañas publicitarias sexistas y los eventos deportivos. De este modo, los cánticos de la hinchada del Betis en la que los ultras ensalzaron en 2015 la violencia de género podrán ser denunciados ante la Administración, no solo en los juzgados.

Dinero y selección

Los expertos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) analizarán las denuncias sobre discriminación directa o indirecta por razón de sexo y las elevarán en función de su gravedad a la Consejería de Igualdad o al Consejo de Gobierno de la Junta. Pero para recabar las denuncias, el Gobierno autonómico aún debe dotar de un cuerpo de funcionarios extra al IAM para que sea capaz de acoger todas las denuncias que presenten los ciudadanos. En otras palabras, es necesario dinero y una procelosa selección de personal.

La reforma de la ley ha salido adelante con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que Podemos e IU han votado en contra en un ambiente preelectoral. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado la prevención de la violencia de género desde las aulas como medicina para esta lacra. “Detrás de la desigualdad late un concepto de inferioridad de la mujer respecto al hombre que hay que trabajar”, ha admitido.

Para Izquierda Unida la reforma aprobada ayer es una oportunidad perdida y la ley se queda coja. “¿Avances? Sí, pero pedaleando en el aire porque la anterior ley no se cumple. Hemos perdido 11 años”, ha criticado Elena Cortés. La diputada ha censurado que la Junta no fije contenidos mínimos para los planes de igualdad de las empresas para reducir la brecha salarial, que no haya establecido aún protocolos contra el acoso en el trabajo, ni deje de contratar con empresas condenadas por discriminación laboral, pese a repetidas promesas.

Soledad Granero, portavoz del movimiento feminista del 8-M y que ilustró a los diputados durante la tramitación de la ley, ha criticado este miércoles que “la ley está descafeinada”, “no es transversal” y aún carece de reflejo en los Presupuestos de las diferentes consejerías. “La Junta lleva con el mismo presupuesto, entre 40 y 43 millones para igualdad y violencia de género, desde hace 10 años, con una subida anual del 0,2%”. Para Granero, el Ejecutivo andaluz ha perdido una “gran oportunidad” para plasmar la igualdad en sus políticas sociales.

LAS MUJERES, FUERA DEL RELATO DE LAS AULAS

La comisión de expertos revisará todas las imágenes, lenguajes y contenidos incluidos en los materiales curriculares y libros de textos de las escuelas e institutos andaluces. El objetivo es realizar “un análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica” que ha imperado hasta ahora, según la nueva norma andaluza. Ante esta revisión página a página, la experta Ana López-Navajas destaca cómo esta labor debe ir más allá del cambio del relato histórico que ha hecho de las mujeres las grandes perdedoras.

“Hace falta que se haga correctamente. No se trata de incluir solo a las mujeres, sino de adecuar la perspectiva. En Tecnología, contemplar las tecnologías del hogar como un avance social. En Historia, incluir la lucha de las mujeres como un movimiento de tres siglos y en literatura incluir géneros como la novela corta”, donde ellas están muy representadas.

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