Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

 

Los comentarios del juez, fiscal y secretaria judicial son tras la celebración del juicio. Los comentarios que hace cualquier persona tras realizar su trabajo. En este caso no hay ningún prejuicio ni enemistad ni animadversión con alguna de las partes. Simplemente tienen meridianamente claro que la denuncia es falsa y que la denunciante es muy mala actriz y muy mala persona cuyo único interés es vivir parasitando al padre de sus hijos.

El vídeo ha sido difundido por la abogada de la falsa denunciante, Teresa Bueyes. No sorprende dado su historial. Es de esperar que se tomen las correspondientes medidas contra ella.

El linchamiento al juez es el procedimiento habitual a quien no sigue a pies juntillas los postulados totalitarios de las feminazis.

Una más de las miles de denuncias falsas de maltrato que se dan cada año.

Uno más de los miles de abogados que se prestan a esta canallada.

Uno más de los miles de purgados por el comisariado feminazi.

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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

Un juez se mofa de una víctima de violencia machista y la llama “bicho” e “hija puta”. / CADENA SER

MARIOLA LOURIDO – Madrid – 04/10/2018

La víctima pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación.

Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso tras comprobar que se ha burlado y se ha mofado de ella hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”.

Esta mujer, que tuvo incluso una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias, ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La víctima se llama María Sanjuan y pide al Consejo General del Poder Judicialque tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas por malos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

María Sanjuan, la víctima, pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial, donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación. / GETTY IMAGES

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios “verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre” “estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

Se trata de una conversación que se produce una vez que terminada la vistade la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación. En la charla participan también la fiscala y la letrada de la administración de justicia.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, que hija puta”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del juzgado, la fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso. Mientras, el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

También pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tovar. / ALBERTO POZAS

Lo justifica en el artículo 158 del Código Civil “a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios” y como comentan en la animada charla el juez “hace sangre” con la mujer porque explica que con “esta resolución contribuirá además a la recuperación de la madre de los problemas de salud que han motivado su ingreso en de urgencias en un centro hospitalario sin previsión de fecha de alta, impidiéndole atender con normalidad sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos”.

El juez y la fiscala cuestionan su estado de salud a pesar de los informes del hospital que incluso activó el protocolo de malos tratos.

Fue una enfermera de la Comisión de Violencia de Género la que activa el protocolo después de que María Sanjuan, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección y su marido puede por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. ” Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido se encontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido la jueza del número 3 de violencia de género María Gracia Parera tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamiento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérselos dentro del propio domicilio vigilantes de seguridad para controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado una orden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez: “Es una conversación privada”

La Cadena SER ha hablado con el juez Francisco Martínez Derqui para recabar su versión. El magistrado señala “lo único que puedo decir es que es una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”. Martínez Derqui añade que tiene conocimiento de que la víctima lo ha recusado y “esa recusación está en trámite pendiente de que la Audiencia se pronuncie”.

El juez bromea en la conversación con que la víctima va a pasearse por las teles y vaya al Sálvame porque son una pareja conocida. Maria Sanjuan es modelo y el acusado, Josué Reyzábal, es un empresario de una familia muy notoria en Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/03/sociedad/1538581619_584708.html

Un juez llama “hija de puta” a la modelo María Sanjuán, víctima de violencia machista

Sara Tejada – 4/10/2018

La modelo María Sanjuán, ex de Miki Nadal, denunció que el padre de sus hijos la insulta, la grita y ha amenazado con matarla. Sin embargo, el juez de violencia de género que se encarga del caso la llama “hija de puta” y pretendía dar la custodia de sus hijos (de meses) al denunciado. Un vídeo espeluznante muestra la actitud del magistrado contra la víctima. Otra jueza había considerado que María Sanjuán era víctima de acoso por parte del padre de sus hijos, el empresario Josué Reyzábal:acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y meterlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Como informamos en su día, uno de los herederos de la poderosa familia Reyzábalfue detenido y trasladado a primeros de año por las fuerzas de seguridad a los juzgados de violencia contra la mujer. Josué Reyzábal había sido denunciado horas antes por su mujer, la modelo María Sanjuán. El Juzgado de Violencia número 7 se hizo cargo del detenido y abrió las diligencias previas de investigación, tomándole declaración en calidad de imputado. Minutos después, el titular del juzgado, Francisco Javier Martínez, dejó en libertad al arrestado.

Reyzábal es miembro de una poderosa familia, con fuerte actividad empresarial en torno a locales de ocio y fondos de inversión. La prima del empresario es la cantante Barei, que participó en Eurovisión 2016 representando a España. La denunciante, su mujer, es la modelo María Sanjuán, bellísima mujer de labios sensuales y ojos verdes, con la que tiene tres hijos. Maria Sanjuán nació en Madrid el 19 de julio de 1984. Se hizo famosa cuando apenas era una adolescente gracias a los grandes almacenes El Corte Inglés, que la eligieron como imagen con doce años. En 1997 fue elegida como la protagonista de la campaña de la firma Pepe JeansLondon. Este trabajo supuso su despegue internacional y que importantes agencias de modelos comenzaran a interesarse por ella. Con 13 años, María firmaba un contrato con la agencia America nFord de Nueva York, y poco después con DNA Model Management.

Su trabajo más importante fue para la campaña CKOne de Calvin Klein. También ha posado para campañas de las firmas Via Spiga, Fornarina, Max Mara, Burberry y Green Coast, entre otras. Ha desfilado en pasarelas en Madrid Barcelona, Madrid o Milán, y eso que su estatura es de 1.70.

María saltó a las páginas de la crónica rosa en 2010 por su relación con el humorista Miki Nadal. Aquel noviazgo no llegó a buen puerto y fue poco después de la ruptura con el presentador cuando Josué apareció en su vida y con él tuvo dos hijos. Josué pertenece a la tercera generación de los poderosos Reyzábal y ocupa un puesto de prestigio en Arconte Holding, perteneciente a la inmobiliaria Grupo Concisa.

Hace apenas dos años ambos bautizaban juntos a su segundo hijo, Álvaro, y el padrino era, nada más y nada menos, que el DJ y blogger Aless Gibaja, habitual en programas de televisión. Poco después, Reyzábal y María veían llegar al mundo a Claudia, su tercer hijo.

Este jueves, la Cadena Ser ha difundido un vídeo en el que el juez que se encarga del caso se ha mofa de María Sanjuán hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”. La modelo de 34 años llegó a contar con una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias contra el padre de sus hijos.

María Sanjuán ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación.

María Sanjuán y pide al Consejo General del Poder Judicial que tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas pormalos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios a la fiscal  y otra letrada: “Veras el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”,”estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

La conversación difundida por la Ser se produce una vez que terminada la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de dos de mlos tres hijos de la pareja, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, ¡qué hija puta!”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. La fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso pero el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

María Sanjuán pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Una enfermera de la Comisión de Violencia de Género fue quien activó el protocolo después de que María Sanjuán, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección, y su marido podía por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. “Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido seencontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias del madriñelo hospital de La Princesa, hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado unaorden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y laAudiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez Francisco Martínez Derqui asegura que “se trata de una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”.

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