Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

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Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

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El negocio de los Puntos de encuentro a costa del sufrimiento de padres e hijos y sustentado con el dinero público.

Los niños se entregan y recogen en el colegio y en vacaciones en el domicilio del progenitor que corresponda. Y a quien no cumpla se le aplica la ley. Incluido el Código Penal. Basta con ejecutar las sentencias de acuerdo a la ley.

Basta con aplicar la Custodia Compartida por defecto, tal y como estipula la jurisprudencia, y respetar la propiedad privada, tal y como estipula la Constitución, para evitar el 99% de los conflictos tras las separaciones.

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Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

Silvia Moreno

Sevilla

5 SEP. 2017

Una adolescente pasa por el punto de encuentro de la Junta en Sevilla. ESTHER LOBATO

Los puntos de encuentro familiar de la Junta andaluza acumulan retrasos y listas de espera, según el Defensor del Pueblo

Una juez investiga “vejaciones” a menores en un punto de encuentro de la Junta de Andalucía

La denuncia de cinco padres sobre «vejaciones e insultos» a menores y otras irregularidades en un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Sevilla que está investigando una juez, como informó EL MUNDO, se suma a las reiteradas quejas sobre el funcionamiento de estos equipamientos que ha realizado el Defensor del Pueblo andaluz. Un padre tuvo que esperar nueve meses -desde mayo de 2016 hasta enero de 2017- para poder ver a su hijo en el punto de encuentro que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla.

El progenitor acudió a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, en busca de ayuda. Esta institución lleva años recibiendo quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de estos centros, en los que progenitores afectados por separaciones traumáticas, condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de sus ex parejas retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y recogen en cumplimiento del régimen de visitas.

Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz indicaron a este diario que las denuncias ciudadanas sobre los puntos de encuentro de la Junta «siempre» han estado presentes en las quejas dirigidas a la institución, por el «malestar» de los padres ante alguna de las decisiones que se toman y también por los retrasos de varios meses o incluso las listas de espera que han debido sufrir antes del encuentro con sus hijos.

Es el caso del padre que esperó nueve meses para poder ver a su hijo, como detalla una de las últimas resoluciones sobre los puntos de encuentro del Defensor del Pueblo andaluz, fechada en abril de 2017, y que está colgada en la web con el título: «Tras dos años de espera, podrá visitar a su hijo en el punto de encuentro familiar».

El hombre expone ante el Defensor del Pueblo andaluz que, tras dos años sin ver a sus hijo, ha conseguido finalmente por sentencia el derecho a verlo. Presenta su queja en mayo de 2016 porque lo han citado en el punto de encuentro para finales de noviembre a una entrevista previa con los técnicos de la Asociación Humanos con Recursos, por lo que aún ni siquiera tiene fecha para ver a su hijo.

Tras la queja, le adelantan la cita para agosto, pero no va, y en octubre, tampoco acude porque no le llegan las notificaciones, así que al final asiste en el mes de noviembre, como decía el primer oficio, según la información recopilada por el Defensor del Pueblo andaluz. El punto de encuentro de Sevilla alega que no tiene ninguna responsabilidad en que no le hayan llegado las citaciones al padre porque ello depende directamente del órgano judicial, del servicio común de notificaciones o de sus representantes legales. Este padre comienza, finalmente, las visitas con su hijo en enero. Con nueve meses de retraso desde que en mayo acudió al Defensor del Pueblo.

La Junta de Andalucía informa de que «se han realizado las actuaciones oportunas para adelantar la cita en el punto de encuentro familiar, tal y como puede acreditarse a través de los escritos remitidos al juzgado», según recoge la resolución del Defensor, en la que da el caso por cerrado, al haberse producido ya el encuentro entre padre e hijo.

Lista de espera

No es la única queja sobre los puntos de encuentro. Una madre de Huelva acudió al Defensor del Pueblo andaluz el año pasado para denunciar el «pésimo» servicio que ofrece el punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Huelva. En su queja, expresa su preocupación por los cuatro meses que lleva en lista de espera y, según las noticias que tenía, tendría que esperar como mínimo otro mes y medio.

Tras la denuncia, la Junta tomó medidas para solventar el problema planteado por esta madre de Huelva, según la información reunida por el Defensor del Pueblo.

La Consejería andaluza de Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, puntualizó a este diario que todas esas quejas están ya cerradas por el Defensor del Pueblo andaluz, al haberse subsanado los problemas que denuncian los padres afectados. Actualmente, según la Junta, no hay «ni retrasos ni listas de espera» en los puntos de encuentro andaluces.

Tan sólo hay una queja abierta en el Defensor del Pueblo andaluz en la que se menciona un punto de encuentro familiar, si bien los retrasos que denuncia el ciudadano son achacables al órgano judicial, precisó la Junta.

Más controles

A principios de la década, el anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, urgió a la Junta para que intensificara los controles y «con carácter urgente»elaborase una normativa reguladora de los puntos de encuentro familiar tras las reiteradas quejas ciudadanas. La petición era del año 2012, pero el decreto que regula estos centros no se aprobó hasta 2014.

En aquella resolución de Chamizo, del 2 de julio de 2012, se destaca el importante «encargo institucional» que la Junta realiza a las entidades «privadas» gestoras de los puntos de encuentro familiar.

La Consejería de Justicia invierte cada año un millón de euros en los diez puntos de encuentro que funcionan en las provincias andaluzas, en los que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades privadas, que son las encargadas de gestionar estos centros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga la denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre sobre «vejaciones e insultos» a menores en el equipamiento de Sevilla.

Comparecencia en el Parlamento

El Partido Popular pidió este lunes la comparecencia de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, en el Parlamento andaluz para que dé explicaciones sobre la «situación muy grave» que describe la denuncia de un grupo de padres publicada por EL MUNDO sobre las presuntas «vejaciones e insultos» a menores en el punto de encuentro de la Junta de Andalucía en Sevilla.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, anunció que los parlamentarios del Grupo Popular en la Cámara andaluza presentarán iniciativas parlamentarias requiriendo explicaciones a la consejera «ante la gravedad de la situación y de los hechos que denuncian los padres» sobre el punto de encuentro.

Mientras, Aguilar aseguró que su departamento recabará «información interna»sobre el funcionamiento del punto de encuentro cuando reciba formalmente la denuncia sobre el trato «vejatorio» a los menores en este centro.

Aguilar dijo que «formalmente» no les «ha llegado esa denuncia aún a la Consejería» y que en el momento en que la reciban actuarán «obteniendo la oportuna información interna».

Explicó que el punto de encuentro familiar «está en estos momentos en licitación pública» para adjudicar la prestación del servicio que en estos centros permite a progenitores con orden de alejamiento de sus ex parejas mantener encuentros con sus hijos o su uso para la entrega de los niños al progenitor no custodio en separaciones y divorcios traumáticos.

Estos centros «emiten informes trimestralmente a los jueces de su funcionamiento» que también requerirá la Consejería en caso de recibir la denuncia formal, añadió Aguilar, quien reiteró la «colaboración plena con la Justicia para que se pueda llegar hasta el final» en este asunto. «Actuaremos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y colaboraremos con la Justicia», zanjó.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/05/59ada983ca474185058b45a0.html

 

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