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Juicio político al juez Fernando Ferrín Calamita.

El caso del juez Ferrín Calamita no es sino una muestra más de cómo se persigue a quien osa ir en contra de los criterios de las feminazis y sus teorías de género, entre las que está el lobby gay que incluso defiende la poligamia en los matrimonios homosexuales.

A Ferrín Calamita se le acusa de haber retrasado el procedimiento de adopción de una menor por parte de la esposa de su madre, ambas lesbianas. Se le acusa de no aplicar la legislación vigente sino sus criterios personales como católico. Se le acusa de intentar dejar huérfana a la niña.

Lo cierto, tal y como ha quedado acreditado en el juicio, es que el equipo psicosocial elaboró el preceptivo informe sin haber realizado la entrevista con la adoptante. Esto es, la psicólogo y la trabajadora social falsificaron el informe. Las propias denunciantes así lo manifestaron en el juicio. Esto es, se les dio un trato preferente distinto al resto de los ciudadanos que invariablemente han de pasar por este examen de idoneidad.

Dado que el informe era falso y que por tanto el juez no tenía el preceptivo examen de idoneidad, el juez solicitó a los servicios sociales de la Comunidad autónoma de Murcia para que hiciesen el preceptivo informe. El personal de la Comunidad autónoma se negó a realizar el informe alegando que era un asunto político.

Ante esta situación, el juez anunció a las partes que iba a presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley de matrimonios homosexuales. Es entonces cuando aparece un nuevo abogado que pide la recusación del juez, totalmente extemporánea, y se presenta la querella por retraso injustificado. Todo ello aderezado con la correspondiente campaña mediatica de difamación contra el juez.

Resulta evidente que el retraso no se puede achacar al juez sino a quien falseó un documento público y a quien se negó a hacer su trabajo. De hecho la labor de Ferrín Calamita al frente del juzgado supera en casi tres veces el módulo estipulado por el CGPJ.

La pareja de lesbianas no sólo no sufrieron retraso en su proceso de adopción sino que fueron tratadas con privilegios de casta superior saltándose los trámites que se les exigen al resto de los ciudadanos.

En contra de lo que nos han querido vender, el juez no sólo nunca tuvo intención de separar a la niña de su madre sino que legalmente le resultaba muy difícil, por no decir casi imposible. Quien sí ha dejado huérfana a su propia hija ha sido la madre quien le ha impedido tener padre y familia paterna.

Por otra parte, el juez Ferrín es famoso en los juzgados de Murcia por intentar que las partes lleguen a un acuerdo manteniéndoles en su despacho durante el tiempo que haga falta. Además impuso normas de actuación al equipo psicosocial tales como grabar las entrevistas, actuar de forma independiente la psicóloga y la trabajadora social, etc. Justo lo contrario de lo que sucede en la práctica totalidad de los equipos psicosociales de los juzgados que han sido demandados por sus irregularidades. Así, el 24 de septiembre de 2007 remitió a los equipos psicosociales la siguiente instrucción:

TODOS LOS INFORMES DEL GABINETE PISICOSOCIAL QUE SE EMITAN A PARTIR DEL 11.10.07 deberán hacerse por separado: UNO PSICOLÓGICO, sucrito por Psicóloga; y otro SOCIAL, suscrito por trabajadora social. No podrán ambas peritos comunicarse entre sí ni trabajar en un mismo despacho, recibiendo así a las personas. El desarrollo de las entrevistas por la psicóloga deberá ser grabado en vídeo, para ser entregado junto con el informe y unido a los autos, así como todo el material utilizado por la perito (pruebas, test, etc.). A las citadas entrevistas podrá asistir el Letrado/a de la persona en cuestión”.

En realidad al juez Ferrín Calamita se le está sometiendo a un juicio político por el mismo motivo del que se le acusa.

A continuación pueden ver el alegato de defensa por Javier Pérez Roldán, socio fundador y miembro de la Junta directiva de PROJUSTICIA.

1ª parte
2ª parte
3ª parte
4ª parte
5ª parte
6ª parte

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Hembristas. Sus mentiras, prebendas y privilegios.

Asociación de artistas contra la violencia de género. Este colectivo es uno de tantos que se apuntan al negocio del maltrato institucional. Las subvenciones de dinero público que reciben son generosas y abundantes. La conciencia y la ética brillan por su ausencia. Veamos un ejemplo.

Centro Reina Sofía. El Centro Reina Sofía es el único Organismo público que estudia la violencia. Pero sus prácticas dejan mucho que desear.

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