620100000 - info@projusticia.es

Fiscalía.

A diferencia de los jueces que supuestamente son independientes y toman sus decisiones según su leal saber y entender, en España la fiscalía tiene carácter jerárquico y los fiscales han de seguir las directrices de su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado. Esto es, el gobierno de turno.

A ello hay que añadir la exagerada politización en el nombramiento de los altos estamentos de la pirámide fiscal por lo que las órdenes para seguir los criterios marcados por el Gobierno son más que evidentes.

A diferencia de otros países, en España la instrucción de las causas judiciales la realiza el juez, con su independencia, y no el fiscal, con su depedencia jerárquica.

La "correcta" aplicación y ejecución de las leyes feminazis tiene en los fiscales el correspondiente cuerpo de comisarios políticos feminazis.

Veamos, por ejemplo, la ley de violencia de género. El Fiscal general del Estado envió la correspondiente circular para dejar bien claro que la única víctima posible era la mujer, excluyendo a varones, niños, etc.

Pese a que la ley es una aberración jurídica y atenta contra el sentido común, ésta se diseñó para que cualquier denuncia acabase en condena. Para sorpresa de sus creadores la casi totalidad de las denuncias no acababan en condena. Muchas de ellas porque la denunciante retiraba la denuncia bien por miedo bien por reconciliación bien por darse cuenta de las consecuencias de la falsedad de su denuncia, etc.

En una primera etapa las órdenes de fiscalía eran seguir con el proceso siempre y cuando la denunciante mantuviese la denuncia. Para "sorpresa" del gobierno la mayor parte de las denuncias eran retiradas o la denunciante no se ratificaba en el juicio por lo que el pleito se archivaba sin más.

Para evitar que las cifras se les viniesen abajo y por ende la industria del maltrato, la fiscalia dictó nueva norma por la que si había parte de lesiones el fiscal estaba obligado a mantener la acusación aunque la denunciante retirase la denuncia.

La nueva estrategia tampoco funcionó pues la mayor parte de los informes médicos son simples relatos de la "paciente" que o no sufre daño alguno o se autolesionado o el daño nada tiene que ver con la supuesta agresión.

Nuevamente el negocio se les cae por lo que la fiscalía vuelve a emitir nueva directriz en la que obliga a los fiscales a seguir con la denuncia aunque la denunciante la haya retirado y aunque no haya parte de lesiones.

Ni aún asi consiguen justificar la supuesta alarma social por la lacra de la violencia de género y no llega ni al 10% las denuncias que terminan en condena. La mayor parte de ese 10% son sentencias de conformidad gracias a abogados sin escrúpulos que aconsejan "mal" a su cliente causándole un grave daño de por vida. Esto es, la inmensa mayoría de las denuncias son falsas.

La lacra social no es vista como tal por la población ya que encuesta tras encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas se refleja que no es sino un problema marginal o nulo.

En los procedimientos de familia el fiscal tiene encomendada la misión de defender los intereses de los menores ya que éstos pueden ser distintos a los de los padres por lo que el fiscal es el "abogado" de los menores. Es vox populi que el fiscal no acude a los juicios de familia en la mayoría de las ocasiones por lo que los juicios deberían declararse nulos al no tener los menores quien defienda sus intereses. En cualquier caso, ¿puede alguien creer que estas ausencias del "abogado" de los menores no son por órdenes del superior jerárquico?

Si los datos que demuestran que la Custodia Compartida es la mejor opción para los hijos de padres separados, ¿por qué los fiscales, defensores de los intereses del menor, se oponen a ella? Incluso cuando la ley les obliga a defender la Custodia Compartida como opción por defecto, la fiscalía busca las vueltas para impedirlo.

El Gobierno socialista ha ordenado a la Fiscalía que no persiga las denuncias falsas pese a que éstas están tipificadas como delito y son perseguibles de oficio según estipula el artículo 456 del Código Penal.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: "Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (...) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes".

El PSOE pretende cambiar la legislación para que sea la fiscalía y no el juez quien instruya las causas pero sin otorgarle la independencia necesaria respecto del poder ejecutivo y legislativo. Sólo imaginarlo es para echarse a temblar. Pensar que el gobierno controle definitivamente todo el proceso judicial desde el nombramiento de jueces y fiscales a la tramitación de los pleitos, nos trae tristísimos recuerdos de regímenes totalitarios no muy lejanos en nuestra historia como son el stalinista o el hitleriano.