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Vividores de la industria del maltrato

La industria del maltrato da de comer a muchos estómagos agradecidos.

Las ingentes cantidades de dinero público destinado a estos menesteres dan sustento a miles de puestos de trabajo. Empleos que no sólo no reducen ni eliminan la supuesta “lacra” del maltrato sino que generan adhesiones inquebrantables de miles de personas que gozan de un gran nivel de vida. Personas que en condiciones normales sólo optarían a empleos de muy baja remuneración.

Al carro de este canallesco negocio se han subido personas de todo tipo y condición que han visto aumentar su salario de forma considerable o han visto un salario por primera vez en su vida. Salarios considerables tanto en su parte metálica como en su parte en especie.

Recordemos dos ejemplos que nos servirán para entender de lo que hablamos.

Cuando se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer sólo unos pocos voluntarios optaron a esas plazas. La mayor carga de trabajo por el mismo salario y la conciencia sobre la inmoralidad de estos juzgados de excepción hacían poco apetecibles estas plazas. El Gobierno acabó resolviendo el problema primero forzando los nombramientos pese a casos de objeción de conciencia como el de Pamplona. Finalmente resolvió el problema aumentando en buena medida los salarios. Desde entonces las plazas en estos juzgados son muy codiciadas. En 2005 entró en vigor la ley de violencia de género con diecisiete juzgados en toda España. Diez años después hay más de cien juzgados específicos y otros más de trescientos con competencia sobre esta jurisdicción.

El número de asociaciones feministas ha crecido sin parar de manera espectacular. Todas ellas convenientemente subvencionadas y controladas. Para muestra un botón: la Junta de Andalucía tiene dadas de alta en su registro más de 2.000 en septiembre de 2014. En el año 1989 eran “sólo” 152. Es evidente que en el resto de España ha sucedido lo propio. Esto es, unas 6.250 asociaciones feministas.

Las mentiras y falsedades sobre las que se sustenta este negocio son demasiado evidentes para ser tomadas en consideración.

Hagamos un somero cálculo de las personas que viven en mayor o menor medida de la industria del maltrato.

Juzgados de violencia sobre la mujer.

Hay 106 juzgados exclusivos para violencia sobre la mujer y 355 mixtos (año 2015). Jueza, fiscala, secretaria judicial, oficialas, agenta, pichicóloga y trabajadora social.

Unas quince personas por juzgado y unos doscientos juzgados en toda España (entre exclusivos y una ponderación de los mixtos). Nos dan un total de tres mil personas.

3.000 personas

Abogados del turno de oficio.

A raíz de la promulgación de la ley de violencia de género se creó un nuevo turno en los Colegios de abogados, el de violencia de género. Muchos abogados se apuntaron a este nuevo nicho de mercado. Incluso han sido premiados por el Observatorio del CGPJ. El mismo Observatorio que false los datos sobre asesinatos y sobre denuncias falsas.

Pongamos doscientos abogados por cada provincia como media. Multiplicando por cincuenta provincias nos da cien mil personas.

10.000 personas

Casas de acogida

En las casas de acogida trabajan psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, etc.

Un cálculo por lo bajo de las personas “empleadas” en las casas de acogida es el de doscientas personas por provincia. Lo que nos da un total de diez mil personas.

10.000 personas

Fundaciones feministas

La mayoría de ellas dependientes de los partidos políticos y mantenidas con subvenciones públicas. Políticas, abogadas, sociólogas, psicólogas, etc. Su supuesto trabajo es elaborar estudios de todo tipo que justifiquen su propia existencia.

Unas cincuenta personas por cada provincia nos da un total de dos mil quinientas personas.

2.500 personas

Asociaciones feministas

El número de estas asociaciones no ha dejado de aumentar bajo el auspicio de los diferentes gobiernos municipales y autonómicos.

Según los datos de la Junta de Andalucía hay más de doscientas asociaciones por provincia. Suponiendo una media de diez personas en cada asociación nos da la cifra de cien mil personas en las cincuenta provincias españolas.

100.000 personas

Concejalías de la mujer

No hay Ayuntamiento en España que no tenga su Concejalía de la mujer. Su misión es promover las políticas de igualdad, desarrollar planes para su aplicación y vigilar y sancionar los casos de discriminación por razón de sexo. Abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, sociólogas, etc.

Son ocho mil Ayuntamientos en toda España. Dejando una media de cinco personas nos da la cifra de cuarenta mil personas.

40.000 personas

Consejerías de la mujer

Todas las Comunidades Autónomas tienen su Consejería de la mujer. Con las mismas funciones que las concejalías municipales.

Una cifra discreta serían doscientas personas de media en cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas más las dos ciudades Autónomas. Esto es, tres mil ochocientas personas.

3.800 personas

Ministerio de igualdad

Entre funcionarios de todo tipo y condición más los “expertos” que contraten o subcontraten, qué menos de trescientas personas.

300 personas

Psicólogas

Los informes psicólogicos se han hecho necesarios para incriminar a los denunciados. La mayor parte de los informes son falsos, como ya dijo Félix Pantoja, pues se hacen sin conocer siquiera a la persona “evaluada”. Pese a que no tienen validez científica ni legal se admiten como prueba y sobre ellos se asienta las sentencias en la mayor parte de las ocasiones.

Una media de cien personas por cada provincia nos da la cifra de cinco mil.

5.000 personas

Agentes de igualdad

Su sola mención nos retrotraen a los pasajes más tétricos de “1984”, la novela de Orwell. Los hay en todos los estratos de la Administración pública e incluso de la empresa privada. Incluyendo los colegios, institutos y universidades.

Quinientos de estos “inspectores” por cada provincia es una cifra media que incluso se queda baja. Lo que nos da la cantidad de veinticinco mil personas.

25.000 personas

Educadores de igualdad

Éstas son las personas que adoctrinan a nuestros hijos en colegios, institutos y universidades. Dan charlas, organizan talleres, distribuyen panfletos, etc.

La cifra de cien personas por provincia se queda muy corta. Multiplicada por cincuenta provincias nos da cinco mil personas.

5.000 personas

Guardia Civil

Las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a crear departamentos que gestionen la igualdad, la discriminación y el maltrato. Con sus correspondientes “expertos”. Asimismo se han creado puestos de comisario político que fiscalice y denuncie a quien se sale de lo marcado por el politburó feminazi.

Por otra parte se han dedicado efectivos a “proteger” a las “víctimas”. La mayor parte de ellos personas mayores a las que se les asigna varias decenas de mujeres a las que “proteger”.

Cincuenta personas por provincia no parece una cifra exagerada. Nos da un total de dos mil quinientas personas.

2.500 personas

Policía nacional

Las cifras son parecidas a las de la Guardia civil

2.500 personas

Policía local

Las cifras son incluso mayores a las de la Guardia civil dado el elevado número de ayuntamientos y el que tienden a tener mucha policía gracias a la megalomanía de muchos alcaldes.

2.500 personas

Universidad

En la Universidad se han creado complejo entramado del feminazismo. Licenciaturas en estudios de género. Másteres en género. Etc.

Por supuesto se han creado los correspondientes departamentos de “expertos” así como los puestos de comisarios políticos que fiscalizan y denuncian a quien se parte de las directrices emanadas del politburó feminazi.

En España hay setenta y nueve universidades. Una media de cincuenta personas por cada universidad nos da la cifra de tres mil novecientas cincuenta personas.

3.950 personas

Ministerios

Además de crear el Ministerio de igualdad, todos los ministerios han creado sus departamentos de igualdad desde los que se establecen protocolos y programas de igualdad. También fiscalizan y sancionan a quienes se niegan a pasar por el aro feminazi.

Dado que cada gobierno va cambiando el número de Ministerios, su denominación y organigrama, la cifra de mil personas es una aproximación que incluso se nos antoja pequeña.

1.000 personas

Sindicatos

La ley también obliga a los sindicatos a crear los correspondientes departamentos de igualdad así como los correspondientes “inspectores” o comisarios políticos. Algunos lo han hecho de mil amores. U.G.T., CC.OO., E.L.A. ya tenían sus propios programas feminazis.

Cien personas por cada provincia no es una cifra descabellada. Más bien se queda corta. Hace un total de cinco mil personas.

5.000 personas

Partidos políticos

Como no podía ser de otra manera los partidos políticos tienen sus departamentos de “igualdad” en los que se cabildea, esgrimiendo falsos agravios, para conseguir privilegios y prebendas.

Cien personas por cada una de las provincias nos da la cifra de cinco mil personas.

5.000 personas

Puntos de encuentro

Con la excusa de facilitar las entregas de los hijos se creó este negocio del que vive mucha gente. Los niños deberían disfrutar de la custodia compartida y ser entregados y recogidos en el colegio.

De media habrá tres de estos negocios por provincia. Y en ellos “trabajan” seis personas de media. Nos da una cifra de novecientas personas.

900 personas

Rehabilitación de maltratadores

Por ley los condenados han de pasar por un curso de rehabilitación. Negocio al que se han subido psicólogos, trabajadores, sociales, abogados, etc. Algunos han montado el “taller” dentro o en los aledaños de la cárcel correspondiente. Otros lo han instalado en la facultad de la universidad. Ni siquiera tienen que pagar el local. Buen negocio.

Una media de veinte personas por provincia arroja la cifra de mil personas.

1.000 personas

Abogadas expertas

El número de abogadas “expertas” en violencia de género se ha incrementado de manera exponencial. El argumento de la afinidad y cercanía por ser mujeres es su principal argumento de venta.

Pulseras, fabricantes

Para controlar a los maltratadores en ocasiones se les obliga a llevar una pulsera que mediante GPS los mantenga localizados y avise si se acercan a la denunciante. La mayoría de las pulseras siguen en el almacén pues ni siquiera se usan. Ello no obsta para que se solicite la fabricación de nuevas pulseras.

Los fabricantes están encantados.

Pulseras, seguimiento

El seguimiento de las pulseras se ha contratado con empresas ajenas a la Administración pública. Desde Cruz Roja a Cáritas se han subido a este negocio.

Educadoras sociales

Su labor es adoctrinar a los niños en los colegios. Imbuirles de las mentiras feminazis para que salgan del colegio convencidos de la maldad intrínseca de los varones y de la bondad natural de las hembras.

Publicidad

Las numerosas administraciones públicas elaboran periódicamente campañas de “sensibilización”. De estas campañas sacan beneficio económico agencias de publicidad, radios, televisiones, imprentas, distribuidoras, etc.

Por supuesto parte de estos recursos se desvían a diversos comisionistas. De todos es sabido que quienes parten y reparten se llevan las mayores tajadas. No hay más que ver las noticias sobre corrupción en los partidos políticos.

Cerrajeros

El colectivo de cerrajeros se ha ofrecido a cambiar gratuitamente las cerraduras de las denunciantes. Como es fácilmente imaginable nadie trabaja gratis y estos trabajos se pagarán con los impuestos de todos los contribuyentes.

Perros

Numerosos centros de adiestramiento canino han facilitado el adiestramiento de los perros y la instrucción de las denunciantes para que se sientan protegidas. Como en los otros casos todo se paga con los impuestos de los contribuyentes.

Escoltas

Tras cesar su actividad profesional al rebajar ETA su actividad, el colectivo de escoltas han ofrecido sus servicios a las denunciantes de maltrato. El pago de sus servicios correrá cuenta del contribuyente.

Detectives

Para cubrir la necesidad de recabar pruebas con las que poder condenar a los denunciados o para escoltarlas, los detectives se han ofrecido a facilitar sus servicios profesionales. Las facturas serán abonadas por el bolsillo del contribuyente.

Taxistas

Los taxistas se han ofrecido a trasladar gratis a las denunciantes para evitarlas la posibilidad de encontrarse con los denunciados. Por supuesto los gastos serán cubiertos con los impuestos de los contribuyentes.

Empresas

Muchas empresas utilizan las ayudas a mujeres maltratadas para contratar a mujeres con distintas bonificaciones en salarios e impuestos. Con ello reducen notablemente la partida que suele ser más onerosa para una empresa: las nóminas.

Otras muchas han creado patrocinios a actos diversos (deportes, teatro, etc.) con el que consiguen desgravaciones y publicidad “gratuita”.

Para todo ello se han creado los correspondientes departamentos con los consiguientes empleados.

Tatuadoras

Para “borrar” las huellas del maltrato. Como el nombre del ex tatuado en la piel.