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Administración de justicia.
La administración de justicia en España es calamitosa. Las razones son varias si bien la principal es que a los responsables no les interesa que la justicia funcione bien. Los políticos.
Los distintos "trabajadores" dependen de administraciones distintas que en muchas ocasiones están peleadas entre ellas porque sus responsables, los políticos, tienen intereses y criterios distintos según el partido político al que pertenecen.
Los jueces se supone que son independientes pero su sueldo depende del Ministerio de justicia. Esto es, del Gobierno. Sus centros de trabajo y los materiales que usan, también dependen del Gobierno. Pero su organización, nombramientos, sistema disciplinario, etc., dependen del Consejo General del Poder Judicial que a su vez depende también de los políticos pues sus vocales son elegidos por los políticos.
El personal del juzgado depende de las Comunidades autónomas, si tienen transferidas las competencias, o del Ministerio de Justicia. Esto es, de los políticos.
Cada Comunidad Autónoma tiene un sistema informático distinto al del Ministerio de justicia. Pero todas estas aplicaciones informáticas no se entienden entre ellas. Esto es, los juzgados no están interconectados entre si de forma que los juzgados no pueden acceder a información del resto de los juzgados. Por si esto fuera poco, la implantación de la informática (Word, Excel y similares) y de los propios ordenadores deja mucho que desear entre otras cosas porque dejan rastro del autor y de la hora a la que se "ficha" al entrar y salir del trabajo. Los cursos de informática, a nivel usuario en grupos reducidos, tienen un absentismo del 80%
Los edificios usados como juzgados suelen ser anticuados y poco o nada funcionales para el uso al que se les destina. La mayor parte de ellos son remodelaciones o en uso provisional. Incluso los edificios nuevos están mal pensados y realizados para la función de juzgado, como es el caso de la nueva ciudad de la justicia de Barcelona, porque no se ha consultado a los "usuarios" y se han primado los criterios "artísticos" del arquitecto y los intereses de los políticos (contratas, comisiones, etc.).
Los criterios organizativos son un puro desastre y los intentos de mejorar organización y productividad son siempre orillados y aparcados.
Buena parte del personal no está formado pues proviene de una bolsa de trabajo para la que no hace falta estar formado en leyes.
Un gran porcentaje de los peritos adscritos a los juzgados no tienen la cualificación exigida por la ley, no están colegiados pese a ser preceptivo, dependen de la Comunidad Autónoma y no del Ministerio, proceden de un cupo que gestionan los sindicatos, etc.
El resultado, una justicia muy costosa para el contribuyente, ineficiente, lenta, ... y por tanto, injusta.
Las imágenes del juzgado de la localidad coruñesa de Noia han causado bochorno en el mundo judicial
La cuota anual es de 80 € (ochenta euros). Esta cuota da derecho a los servicios de la Asociación a unos precios por debajo del mercado, prestados por profesionales capaces y experimentados cuyo principal objetivo es acabar con esta situación de injusticia y maltrato institucional.
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