Puntos de encuentro.

Una situación frecuente en las separaciones contenciosas es el conflicto a la hora de entregar y recoger a los niños en el régimen de visitas. En la inmensa mayoría de las ocasiones originados por el progenitor custodio que suele ser la madre.

El progenitor custodio que no entrega a los niños.

Insultos de una o de ambas partes.

Progenitor que no entrega la ropa de los niños. Normalmente el progenitor custodio.

Progenitor que no informa sobre enfermedades y tratamiento. Normalmente el progenitor custodio.

Progenitor custodio que no informa sobre asuntos escolares.

Progenitor que ha denunciado al otro (en la mayoría de los casos denuncia falsa).

Etc.

Los puntos de encuentro se crean con la intención de solventar estos problemas. Se trataba de obligar al progenitor custodio que no entregaba a los niños. De dejar constancia de las incidencias. De informar a la autoridad judicial.

Pero los puntos de encuentro se han convertido en un negocio suculento. Todos funcionan gracias a una autorización de la Administración de turno. Prácticamente todos se mantienen gracias a subvenciones de las distintas Administraciones. Y ya sabemos a quien se concede subvenciones y autorizaciones en estos temas. Efectivamente. A las asociaciones hembristas. En algunos de estos Puntos se cuenta con la "colaboración" de la policía municipal como es el caso de Madrid. El de la calle Camino de Vinateros en Moratalaz es famoso por su sectarismo y el incumplimiento de las leyes vigentes.

Como era de esperar, las prácticas y metodología utilizadas llegan a ser denigrantes para cualquier ser humano y para los menores en particular.

Si la madre se niega a llevar o a entregar a los niños no sólo no se le obliga a cumplir la sentencia judicial sino que ni siquiera se deja constancia de ello aunque el padre lo pida y exija. Menos aún se denuncia o se da traslado a la autoridad judicial.

En numerosas ocasiones se impide siquiera el contacto visual entre padre e hijos simplemente porque la madre, que es la PROPIETARIA de los niños, se niega.

Como método y de forma más que habitual, se obliga al padre a tener la visita con sus hijos encerrados durante una o dos horas en una pequeña habitación y con la presencia de una tercera persona. El comisario político. Ni siquiera a los presos se les somete a este tratamiento vejatorio. Con la diferencia de que los presos han cometido un delito. O se supone porque sabiendo como funcionan los juzgados, la sospecha de que hay muchos inocentes en la cárcel se convierte en certeza. Ni el padre ni los hijos han cometido delito alguno para que hayan de sufrir tanta ignominia.

Los informes que emiten estos "profesionales" son siempre sesgados en la misma dirección y favoreciendo a la misma parte: la madre. Da igual lo que haga el padre en esos pocos minutos que está con sus hijos. Si dado el poco tiempo que pasa con sus hijos decide no ser severo se nformará que "...el padre no sabe poner límites". Si decide ser más severo el informe confirmará "las sospechas de que el padre es un maltratador...". Si el padre se retrae en sus gestos de cariño porque ya le han acusado de abuso sexual a sus hijos, el informe dirá que "...el padre no muestra afecto o cariño por sus hijos...". Si el padre se muestra cariñoso con sus hijos el informe dirá que "...la actitud del padre confirma las sospechas de abusos sexuales...". Si el padre no lleva juguetes o enseres personales se argumenta "...el padre no contribuye a cimentar los lazos afectivos...". Si el padre lleva juguetes o enseres personales se argumenta "... el padre genera el conflicto de lealtades al poner a los menores en la disyuntiva...".

Estos informes son los que van a parar a manos del juez quien, parapetándose en ellos, termina de perpetrar la canallada de impedir la normal relación entre padres e hijos. Aunque hemos de recordar que a los jueces en España no les cuesta mucho colaborar en esta acción genocida.

Basta con un título de psicólogo o de abogado para poner uno de estos chiringuitos. El personal que en ellos trabaja no tiene la cualificación necesaria en la inmensa mayoría de los casos y son simplemente "voluntarios" que casualmente son familliares o amigos de los propietarios de la concesión administrativa. No olvidemos que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias está en vigor y que ni abogados ni psicólogos tienen consideración legal de personal sanitario, menos aún los "voluntarios".

Veamos a alguna de las asociaciones que regentan estos puntos de encuentro. La Unión Nacional de Asociaciones de Familia, UNAF cuenta entre sus miembros con varias asociaciones que regentan Puntos de Encuentro. Basta con ver las asociaciones que componen esta "unión" y ver quienes forman la junta directiva. Volvemos a encontrarnos con viejos conocidos de los que ya sabemos como tratan a las mujeres y a sus hijos, como es el caso de la familia Pérez del Campo. Algunas de ellas ni siquiera tienen entre sus objetos sociales el regentar Puntos de Encuentro como es el caso de MACI.

Cualquiera que haya pasado por un Punto de Encuentro sabe que lejos de limar asperezas o acercar posturas, lo que se fomenta y consigue en estos centros es enconar las posiciones y limitar al mínimo, cuando no impedir totalmente, la relación de los hijos con el padre.

Si el padre osa quejarse o denunciar las condiciones inhumanas en que tiene que ver a sus hijos en estos centros, rápidamente es represaliado por el Punto de Encuentro cuyos responsables no sólo emiten un informe falso sino que se niegan a seguir prestando su "servicio". ¿No es esto desobedecer una sentencia judicial? ¿No es esto incumplir un contrato con la Administración Pública? Lo "sorprendente" es que el padre es castigado por el juzgado por quejarse. Se le impone una multa y se suspende el "sevicio" dando por buena la decisión unilateral tomada los responsables del Punto de Encuentro.

Las "visitas" en el Punto de encuentro se prolongan durante años cuando, en teoría, deberían ser situaciones temporales de dos o tres meses. Si un médico tuviese un índice de fracasos cercano al 100%, ¿no estaría en la cárcel? Los puntos de encuentro tienen un fracaso en sus "tratamientos" cercano al 100%. ¿Por qué no están en la cárcel sus responsables?

 

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