El Estado totalitario, la tiranía, cada vez más presente.

Muchos murmullan, unos pocos protestan y sólo algunos hacen algo práctico. Lo habitual.

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La Asociación Europea de Jueces, preocupada por la reforma del CGPJ: "Es un paso atrás en la independencia del Poder Judicial"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y las titulares de Trabajo, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros de este martes. EFE

La agrupación formada por 44 países alerta de que "aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial"

La Asociación Europea de Jueces, mayoritaria en el continente europeo, ha emitido este martes un comunicado donde expresa "su gran preocupación" porque España esté dando "un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial".

En la nota, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los jueces europeos subrayan que el Gobierno de Pedro Sánchez "en lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por sus iguales, (....) aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".

En ese sentido, la asociación de la que forman parte 44 países se hace eco de la recomendación de la Comisión Europea que recogió que "en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces. (...) Por la misma razón, normas europeas bien consolidadas, en particular la Recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, establece que no menos de la mitad de los miembros de los consejos del poder judicial deben ser jueces seleccionados por su homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto al pluralismo interno del sistema judicial".

También alude a una de las conclusiones del informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) sobre España realizada en diciembre 2017 donde se aludió a que "una de las modificaciones claves en este punto consiste en que los doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente por sus pares".

Por otro lado recalcan que el Estatuto Universal del juez aprobado señala en su artículo 2.3 que "el Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del Estado. Debe estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación".

https://www.elmundo.es/espana/2020/10/13/5f85f676fc6c83443b8b45af.html

 

La Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial.

En lugar de reformar el sistema de designación de los jueces del CGPJ reforzando las garantías de independencia judicial, como pilar fundamental del estado de derecho, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política dañando la percepción de la sociedad sobre la justicia.

https://twitter.com/juecesAPM/status/1316072664528826372

 

Asalto del Ejecutivo al Poder Judicial: la democracia, en peligro

La insuperable apatía del PP de Pablo Casado a la hora de denunciar públicamente la situación de bloqueo y politización de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la persistente negativa del PSOE a que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno ha permitido a los socialistas inocular con gran facilidad en la opinión pública la idea de que la culpa es de los populares por no llegar a un acuerdo con ellos.

Pero ni siguiera ese reproche es totalmente cierto, pues hace ya meses que el PP abandonó ominosamente en el cajón de sus promesas electorales el cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ y de los altos tribunales y mostró su disposición a llegar a un nuevo apaño –como en tiempos de Aznar y Rajoy– con los socialistas. De hecho, la disposición de Casado de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez en este asunto fue uno de los motivos que el presidente del PP dio a Cayetana Álvarez de Toledo para justificar sus destitución como portavoz parlamentaria del partido, pues ésta se mantenía firme en su reivindicación de que los miembros de los órganos judiciales sean elegidos por y entre los propios miembros de la carrera judicial.

Lo que ha frustrado, pues, el acuerdo entre el PSOE y el PP para que el Poder Legislativo nombrara, una vez más y por mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado, a los nuevos vocales del CGPJ no ha sido sólo la vergonzosa designación de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sino el insaciable sectarismo del PSOE, que quería incluir en el apaño a vocales de la cuerda de Podemos.

Llegados a este punto, lo que han hecho este martes socialistas y comunistas –registrar en el Congreso una proposición de ley orgánica para que la renovación del CGPJ requiera sólo una mayoría absoluta parlamentaria, no de 3/5– constituye un intento de golpe institucionalizado: si ya era lamentable que el Legislativo nombrara directamente a los 20 vocales del CGPJ por mayoría de 3/5, la referida rebaja significaría en la práctica que el Ejecutivo –el Gobierno y sus socios– pasará a nombrar directamente a la cúpula del Poder Judicial.

La vulneración del artículo 122 de la Constitución es tan clamorosa que socialistas y comunistas han eludido solicitar informes a órganos constitucionales como el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el propio CGPJ. De hecho, hay quienes aseguran que tamaña y descarada vulneración de la Carta Magna no es más que un farol para forzar al PP a que se avenga a un acuerdo. Sin embargo, y por mucho que el Tribunal Constitucional tumbe –como seguramente hará– esa ley, no hay ni que minusvalorar las pulsiones totalitarias del Ejecutivo social-comunista ni el daño que en el ínterin la norma podría causar a lo que queda de independencia judicial. Que el Legislativo designara por mayoría de tres quintos a los miembros de la cúpula judicial ya era una severa merma a la independencia del Poder Judicial, pero al presentaba cierto equilibrio y acuerdo entre Gobierno y oposición, lo que ahuyentaba el sectarismo. Que bastara simplemente la mitad más uno de los diputados y senadores para nombrar a la cúpula judicial significaría la total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, algo incompatible con un sistema democrático.

Hacen, pues, bien los partidos constitucionalistas –de entre los que definitivamente hay que excluir al PSOE– en denunciar este atropello contra el Estado de derecho tanto ante el TC como ante los órganos judiciales de la Unión Europea. Pero aún harían mejor en resaltar, un día sí y otro también, la importancia que tiene la separación de poderes y en alertar de que está en juego ni más ni menos que la continuidad de la democracia liberal en España.

https://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/asalto-del-ejecutivo-al-poder-judicial-la-democracia-en-peligro-6669700/

 

Hugo Chávez cambió la ley en 2004 para controlar el Poder Judicial como quieren PSOE y Podemos

SEGUNDO SANZ - 14/10/2020

La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren acometer PSOE y Podemos por la vía rápida, sin consenso y sin controles de los órganos constitucionales recuerda a la que acometió el Gobierno del dictador Hugo Chávez en Venezuela en el año 2004.

Los dos partidos que sostienen el Gobierno pretenden que el órgano de gobierno de los jueces, del que dependen los nombramientos de los magistrados y cuya misión es velar por la independencia de los mismos, no sea elegido por una mayoría reforzada de tres quintos, sino por mayoría absoluta, buscando así poder hacerlo sin la oposición y recurriendo para ello al apoyo de ‘la mayoría Frankenstein’, esto es, los separatistas, proetarras y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De igual modo, en el caso de Venezuela, el Ejecutivo de Hugo Chávez presentó una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela donde rebajó la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple a la hora de designar a los magistrados del Alto Tribunal. Un cambio normativo que fue denunciado en su día por la comunidad internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ONG Human Rights Watch y por la Comisión Internacional de Juristas que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de Naciones de Unidas, entre otras entidades. Cabe recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asesoró al régimen de Hugo Chávez de Venezuela junto a otros dirigentes morados a través de la fundación Ceps (Centro de Estudios Políticos y Sociales).

En concreto, el artículo octavo de esa ley orgánica de 2004 (la vigente ahora es la de 2010) establecía: «En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada requerida, se convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con lo previsto en este artículo; y si tampoco se obtuviese el voto favorable, de la mayoría calificada requerida, se convocará a una tercera sesión y si en ésta, tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional».

Por su parte, la proposición de ley de PSOE y Podemos, a imagen y semejanza del texto de la Venezuela de Hugo Chávez de 2004, quiere modificar el artículo 572 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir que «si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

 

La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ -en funciones desde diciembre de 2018- deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros 12 son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo. En total, diez por Cámara y siempre mediante mayoría cualificada de tres quintos.

Veintiún días después

Precisamente, el pasado 22 de septiembre, PSOE y Unidas Podemos cerraron la vía en el Congreso de los Diputados a la única proposición de ley (de Ciudadanos) que había registrada en el Congreso sobre este asunto hasta el polémico texto que los socialcomunistas presentaron ayer. En concreto, hace unas semanas se debatió la toma en consideración de dicha iniciativa del partido naranja para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con un cambio en el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de que su mayoría sea escogida directamente por los jueces en pro de la independencia y la despolitización de la Justicia.

En concreto, el partido de Inés Arrimadas planteó aquí que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, así como reforzar la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ. Sin embargo, esta reforma, que sí tuvo el apoyo de PP y Vox en tanto compartieron el «fondo» y prometieron mejoras, fue tumbada por PSOE, Podemos y sus aliados.

Apenas 21 días después, los socialcomunistas, tras el cambio normativo que avanzó Pedro Sánchez el pasado 3 de octubre, han llevado a la Cámara su particular reforma de la LOPJ que rompe el Pacto Constitucional y que atenta directamente contra la separación de poderes. En lugar de presentar un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, PSOE y Podemos han recurrido a una proposición de ley orgánica para eludir los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Todo ello con la máxima celeridad para aprobar la reforma en sólo «dos meses», aseguró este martes la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Acusado de tres delitos

El registro se ha producido justo cuando los problemas judiciales acechan especialmente al vicepresidente por el caso Dina-Iglesias, donde el instructor le acusa de tres delitos (revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa), y por la presunta financiación irregular de su partido -que ya ha sido ya imputado por corrupción como persona jurídica- a través de la consultora chavista Neurona.

Tanto el PP -que había trasladado al PSOE su negativa a la entrada de Podemos en el CGPJ por sus ataques al Estado de Derecho y la Monarquía parlamentaria- como Vox han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional esta reforma, mientras que Ciudadanos, que no tiene suficiente representación en las Cortes para hacerlo, denunció la propuesta en tanto supone «dejar el Poder Judicial en manos de los partidos que atacan a nuestros jueces». No obstante, la formación naranja mantiene la mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para negociar y apoyar sus Presupuestos.

https://okdiario.com/espana/hugo-chavez-cambio-ley-2004-controlar-poder-judicial-como-quieren-psoe-podemos-6275287

 

Chávez se hace con el control de los jueces

FRANCISCO PEREGIL - Madrid - 19 SEP 2008

La ONG Human Right Watch denuncia en su informe sobre Venezuela que el máximo tribunal del país se ha convertido en un títere del Gobierno

Aquel librito que empezó a enarbolar el presidente venezolano Hugo Chávez a partir de 1999 en decenas de retransmisiones televisivas no era perfecto. Pero contenía la mejor constitución latinoamericana en materia de derechos humanos.

Ésa es la opinión de José Miguel Vivanco, director para América de Human Right Watch, una ONG con presencia en más de 70 países, que ha criticado duramente al Gobierno de Estados Unidos por su gestión de Guantánamo y al de Colombia por el proceso de inserción de los paramilitares. Ahora le toca el turno a Venezuela.

Bajo el título Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, Human Right Watch presentó ayer un informe de 266 páginas sobre la gestión de Chávez desde que llegó al poder en diciembre de 1998. "Hemos tratado de analizar la película completa. Si se leen las noticias de forma aislada es imposible hacerse una idea de la tendencia que ha marcado Chávez en sus 10 años de gestión", explica Vivanco.

Una encuesta de 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había concluido que sólo el 0,8% de la población confiaba en el sistema judicial. Casi todos los candidatos que aspiraban a ser presidente en las elecciones de diciembre de 1998 prometieron reformar el sistema. Fue Hugo Chávez quien ganó con el 56% de los votos. Y se puso manos a la obra. Cumplió su promesa.

Hasta 2004 había un equilibrio entre los 20 miembros del Supremo

En agosto de 1999, la Asamblea Nacional encargada de redactar la nueva Constitución declaró que el poder judicial se hallaba en estado de emergencia, creó una comisión para reformarlo y en los meses siguientes la comisión destituyó a cientos de jueces. En marzo de 2000 ya estaba creado el nuevo Tribunal Supremo de Venezuela, que tiene competencias similares a las del Supremo y Constitucional español. Lo integraban 20 magistrados, de los cuales, según Vivanco, 10 eran aliados y 10 opositores de Chávez.

"Entonces había un equilibrio de fuerzas. Los fallos del Supremo por aquella época no eran predecibles", indica Vivanco. El 11 de abril de 2002 Chávez sufrió una intentona golpista. El golpe duró sólo 40 horas. Pero el sistema judicial empezó a resentirse. En agosto, cuatro meses después de la intentona, el Supremo dictó una sentencia en la que se negaba a iniciar una investigación contra cuatro generales acusados de participar en el golpe.

Chávez se puso de nuevo manos a la obra. Pero esta vez, en dirección opuesta a la que marcaba la Constitución de 1999. "Con el pretexto del golpe, Chávez se dedicó a desarmar sistemáticamente los controles que su propia Constitución impone, a concentrar poderes y a anular instituciones oficiales", declara Vivanco.

De entre todas las medidas de recortes de libertades y derechos humanos, la ONG destaca una especialmente grave: la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo de 2004. "Con la reforma, Chávez incorporó a 12 jueces chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al tribunal en un apéndice del Ejecutivo", añade Vivanco.

"Pocas semanas después de la sanción de la ley, los tres magistrados responsables de las sentencias más criticadas por los seguidores de Chávez estaban fuera del tribunal", recoge el informe. "En los años siguientes, el nuevo Tribunal Supremo afín al Gobierno despediría a cientos de jueces y designaría a otros cientos. Este recambio masivo de jueces contribuyó a dañar aún más la credibilidad del poder judicial de Venezuela", indica el texto de la investigación.

Con la reforma se sumaron 12 juristas de tendencia chavista al Tribunal

El "destacado legislador chavista Luis Velázquez Alvaray" presidió más de 400 destituciones de jueces de tribunales inferiores. "En ese momento, el 80% de los jueces venezolanos ocupaban cargos provisorios o temporales y, por lo tanto, conforme al derecho venezolano, podían ser destituidos sumariamente. Además, la Comisión Judicial presidida por Velázquez Alvaray designó a cientos de jueces permanentes a los tribunales inferiores". Las recusaciones contra Alvaray fueron anuladas por el Supremo.

Human Right Watch reconoce que, en ocasiones, el Supremo ha dictado sentencias en defensa de los derechos humanos, como la que en 2005 protegió al periódico El Universal, al que el fiscal pretendía castigar penalmente por un editorial en el que el diario criticaba a la fiscalía y al poder judicial.

Pero, en líneas generales, según la ONG, el Supremo se convirtió desde la reforma de 2004 en un tribunal "complaciente" con el Gobierno. Desde entonces, el órgano desestimó los recursos de constitucionalidad que varios juristas venezolanos interpusieron en 2004 contra la propia reforma del Tribunal. Desestimó también el recurso que el canal de tendencia opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) interpuso cuando Chávez anunció que no renovaría su licencia de emisión. Y "no defendió la libertad sindical de los trabajadores" al desestimar una petición que en la práctica ha permitido que "el Gobierno continúe violando el derecho básico de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes".

Venezuela expulsa al director del informe crítico con Hugo Chávez

Bajo el título Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, Human Right Watch presentó ayer un informe de 266 páginas sobre la gestión de Chávez desde que llegó al poder en diciembre de 1998. "Hemos tratado de analizar la película completa. Si se leen las noticias de forma aislada es imposible hacerse una idea de la tendencia que ha marcado Chávez en sus 10 años de gestión", explica Vivanco.

Una encuesta de 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había concluido que sólo el 0,8% de la población confiaba en el sistema judicial. Casi todos los candidatos que aspiraban a ser presidente en las elecciones de diciembre de 1998 prometieron reformar el sistema. Fue Hugo Chávez quien ganó con el 56% de los votos. Y se puso manos a la obra. Cumplió su promesa.

En agosto de 1999, la Asamblea Nacional encargada de redactar la nueva Constitución declaró que el poder judicial se hallaba en estado de emergencia, creó una comisión para reformarlo y en los meses siguientes la comisión destituyó a cientos de jueces. En marzo de 2000 ya estaba creado el nuevo Tribunal Supremo de Venezuela, que tiene competencias similares a las del Supremo y Constitucional español. Lo integraban 20 magistrados, de los cuales, según Vivanco, 10 eran aliados y 10 opositores de Chávez.

"Entonces había un equilibrio de fuerzas. Los fallos del Supremo por aquella época no eran predecibles", indica Vivanco. El 11 de abril de 2002 Chávez sufrió una intentona golpista. El golpe duró sólo 40 horas. Pero el sistema judicial empezó a resentirse. En agosto, cuatro meses después de la intentona, el Supremo dictó una sentencia en la que se negaba a iniciar una investigación contra cuatro generales acusados de participar en el golpe.

Chávez se puso de nuevo manos a la obra. Pero esta vez, en dirección opuesta a la que marcaba la Constitución de 1999. "Con el pretexto del golpe, Chávez se dedicó a desarmar sistemáticamente los controles que su propia Constitución impone, a concentrar poderes y a anular instituciones oficiales", declara Vivanco.

De entre todas las medidas de recortes de libertades y derechos humanos, la ONG destaca una especialmente grave: la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo de 2004. "Con la reforma, Chávez incorporó a 12 jueces chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al tribunal en un apéndice del Ejecutivo", añade Vivanco.

"Pocas semanas después de la sanción de la ley, los tres magistrados responsables de las sentencias más criticadas por los seguidores de Chávez estaban fuera del tribunal", recoge el informe. "En los años siguientes, el nuevo Tribunal Supremo afín al Gobierno despediría a cientos de jueces y designaría a otros cientos. Este recambio masivo de jueces contribuyó a dañar aún más la credibilidad del poder judicial de Venezuela", indica el texto de la investigación.

El "destacado legislador chavista Luis Velázquez Alvaray" presidió más de 400 destituciones de jueces de tribunales inferiores. "En ese momento, el 80% de los jueces venezolanos ocupaban cargos provisorios o temporales y, por lo tanto, conforme al derecho venezolano, podían ser destituidos sumariamente. Además, la Comisión Judicial presidida por Velázquez Alvaray designó a cientos de jueces permanentes a los tribunales inferiores". Las recusaciones contra Alvaray fueron anuladas por el Supremo.

Human Right Watch reconoce que, en ocasiones, el Supremo ha dictado sentencias en defensa de los derechos humanos, como la que en 2005 protegió al periódico El Universal, al que el fiscal pretendía castigar penalmente por un editorial en el que el diario criticaba a la fiscalía y al poder judicial.

Pero, en líneas generales, según la ONG, el Supremo se convirtió desde la reforma de 2004 en un tribunal "complaciente" con el Gobierno. Desde entonces, el órgano desestimó los recursos de constitucionalidad que varios juristas venezolanos interpusieron en 2004 contra la propia reforma del Tribunal. Desestimó también el recurso que el canal de tendencia opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) interpuso cuando Chávez anunció que no renovaría su licencia de emisión. Y "no defendió la libertad sindical de los trabajadores" al desestimar una petición que en la práctica ha permitido que "el Gobierno continúe violando el derecho básico de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muestra un ejemplar de la Constitución en la Asamblea Nacional en 2007. REUTERS

EL PROBLEMA DE LAS LISTAS NEGRAS

La discriminación política, la distinción entre amigos y enemigos, es uno de los principales rasgos del Gobierno de Hugo Chávez, según Human Right Watch.

La ONG destaca en su informe como un caso especialmente flagrante el que se produjo en la compañía

Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), principal fuente de ingresos en el país. "Después de una huelga de dos meses, en diciembre de 2002, el Gobierno despidió a casi la mitad de los trabajadores de PDVSA, y creó listas negras de los empleados despedidos para impedirles el acceso a futuros empleos en el sector petrolero", señala Human Right Watch. "Un mes antes de las presidenciales de 2006, el ministro de Energía [quien también era el presidente de PDVSA] se jactó de que la compañía había 'sacado de esta empresa

19.500 enemigos de este país' y que estaban dispuestos a seguir haciéndolo. En esa oportunidad, también dijeron a los empleados de PDVSA que es 'necesario' que quien estuviera en desacuerdo con el Gobierno le ceda su puesto a un bolivariano". Si bien el ministro emitió un memorando casi un año después en el cual prohibía la discriminación política, existen evidencias convincentes de que la mentalidad discriminatoria que reflejaban sus comentarios iniciales también se plasmó en las políticas sobre empleo de algunas divisiones de PDVSA".

La ONG recuerda que 30 años antes de la elección de Chávez, la lealtad política ya "era el pasaporte para ocupar cargos en el sector público y para la distribución de contratos y servicios del Gobierno".

Los partidos políticos se repartían los puestos de trabajos. Chávez decidió volcarse con los más desfavorecidos a través de planes específicos que se saltaban el aparato del Estado. Pero el Gobierno de Chávez después incurrió en el vicio de la discriminación "a través de nuevas formas de exclusión basadas en la lealtad política".

Inmerso en esa dinámica de discriminación, Chávez decidió en mayo de 2007 no renovar la licencia de emisión al canal opositor RCTV, que se negaba a moderar su línea editorial. "Oficialmente, la decisión se justificó por la necesidad de usar la frecuencia de RCTV para crear un nuevo canal público, pero el Gobierno tenía otras frecuencias a su disposición y, en ese momento, había renovado las licencias de canales que apoyaban al Gobierno o que habían moderado su crítica", indica la ONG.

CRÍMENES, FAVORES Y VISTA GORDA

- Policía. De acuerdo con el fiscal general de la República, entre 2000 y 2007 fueron investigados por presuntas violaciones de los derechos humanos 6.300 oficiales de la policía, en tanto las autoridades han presentado cargos contra 1.500. Sin embargo, en febrero de 2007, sólo 204, o apenas el 13% de los oficiales imputados, habían sido condenados. El pasado año el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas registró más de 13.000 homicidios en un país con 27 millones de habitantes.

- Cárceles. En la última década se han registrado un promedio de 300 muertes al año en las prisiones, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. En 2007 las muertes violentas fueron 498 y las lesiones, 1.023. El Gobierno no facilita cifras sobre muertes en prisiones.

- Organizaciones de derechos humanos. La Administración chavista ha sometido a los defensores de derechos humanos a investigaciones penales con acusaciones infundadas o exageradas, según la investigación de Human Right Watch presentada ayer en Venezuela.

https://elpais.com/diario/2008/09/19/internacional/1221775204_850215.html