No es un asunto nuevo sino todo lo contrario. Llevan décadas enquistadas en el aparato del Estado parasitándolo con la consabida táctica de la victimización basada en mentiras. Baste recordar como los políticos que dirigen los organismos públicos expoliados no exigen que se investigue el latrocinio por ser parte del mismo y como sólo una mínima parte del presupuesto se destina al objeto para el que se crea que se supone son las mujeres maltratadas. En realidad, el objeto es alimentar a miles de estómagos agradecidos.

Como mínimo son unas incompetentes que no deberían ocupar cargos de responsabilidad. Son parásitas que se dedican a expoliar el erario público. Esto es, son ladronas.

Por otra parte conviene recordar que el Tribunal de Cuentas tiene por costumbre esperar a que pasen cinco años para hacer públicos los informes sobre sus investigaciones. Esto es, lo hacen justo después de que cumpla el plazo de prescripción. En esta ocasión no han cumplido su norma no escrita. Síntoma evidente de la galopante corrupción que reina en el entramado feminazi dedicado al expolio de las arcas del Estado.

Tendrán su Nurenberg y su Spandau.

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El Tribunal de Cuentas investiga el reparto de fondos del plan de Montero contra la violencia de género

Irene Montero en la manifestación del 8-M en Madrid junto a Victoria Rosell. (Foto: EFE)

María Pomares - 18/04/2022

El Tribunal de Cuentas investiga el empleo de los fondos destinados a las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género entre los años 2018 y 2022, un plan ejecutado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Secretaría de Estado de Igualdad, ambos órganos a día de hoy bajo la tutela de la ministra Irene Montero.

El máximo órgano fiscalizador prevé aprobar antes de que finalice el año un informe sobre el cumplimiento de este programa, cuyas líneas generales se aprobaron cuando su ejecución dependía de la entonces ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que en 2018 solicitó transferir las competencias sobre esta materia a su departamento. Tras el nombramiento de Irene Montero en enero 2020, las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género que ahora investiga el Tribunal de Cuentas pasaron a depender de su cartera.

El Tribunal de Cuentas pone el foco sobre un programa dotado con 209.182.580 de euros en 2022 (871.335.165 desde 2018) y cuyas acciones más significativas pasan por la sensibilización y la prevención, la mejora de la respuesta institucional, la atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables, la formación de los profesionales y el seguimiento estadístico de la violencia contra las mujeres; tal y como consta en el documento en el que se recogen las medidas a desarrollar por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad dirige Victoria Rosell, y por la Secretaría de Estado de Igualdad, encabezada por Ángela Rodríguez.

Incumplimientos

Desde el año 2020, cuando Irene Montero pasó a ocupar el Ministerio de Igualdad, son varios los puntos del programa para la prevención integral de la violencia de género que se han incumplido.

En concreto, aunque en el año de la pandemia se presupuestó una treintena de actuaciones destinadas a la prevención y la sensibilización, únicamente se llevaron a cabo 20. Incluso a pesar de que el confinamiento empeoró la situación de muchas mujeres maltratadas, tal y como evidencia el incremento de las llamadas al 016 durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, un 51,4% más respecto al mismo periodo de 2019. La misma situación se reproduce en la elaboración de informes y boletines estadísticos, ya que, aunque se presupuestaron 10, sólo se realizaron ocho, tal y como consta en el documento explicativo de este plan.

Pero, más llamativos resultan los datos disponibles sobre el seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados con los fondos del programa para la prevención integral de la violencia de género. En 2020 estaban previstas hasta 15 visitas, de las que sólo se efectuaron dos. En 2021, no se realizó seguimiento alguno de los tres que se habían planificado.

Críticas

La fiscalización del Tribunal de Cuentas coincide en el tiempo con las críticas a Irene Montero por «el despilfarro» de dinero público del Ministerio de Igualdad. El departamento de Irene Montero siempre ha estado en el punto de mira por sus polémicas contrataciones.

En esta lista figuran, por ejemplo, 710.144 euros destinados a desarrollar una página web que permita agilizar el reparto de subvenciones, que han subido de 362 millones de euros hasta los 428 millones para 2022.

Otras partidas cuestionadas son los 13.440 euros desembolsados por un informe en el que se critican 190 artículos publicados en medios de comunicación por el tratamiento de los periodistas a casos como los de Diana Quer, Juana Rivas o Rocío Carrasco, entre otros. También 50.000 euros para la realización de un estudio sobre la «violencia económica» o 500.000 euros al año en nuevas ayudas a «organizaciones sindicales para el fortalecimiento del enfoque de igualdad en la negociación colectiva», entre otros muchos gastos controvertidos.

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