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PSOE y PP junto a los demás partidos, salvo Vox, han acordado el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Una muestra más de la inexistente separación de poderes.
Entre los elegidos se encuentra Inmaculada Montalbán. Feminazi recalcitrante, ha sido presidente del Observatorio de violencia de género del CGPJ. Ha sido elegida por sus “méritos” entre los que se encuentran el falseamiento de los datos de personas asesinadas por sus parejas, la negación de la existencia de denuncias falsas o del Síndrome de Alienación Parental o su firme oposición a la custodia compartida “sin acuerdo entre las partes”.
Defiende la necesidad de que jueces y demás operadores jurídicos reciban cursos de adoctrinamiento en materia de violencia de género.
Es miembro de la Asociación jueces para la democracia. Penoso nombre para la asociaciación judicial que no es sino el brazo judicial del PSOE.
En su nuevo puesto se dedicará principalmente a dos asuntos:
- validar las nuevas leyes feminazis, conculcando de nuevo derechos básicos y principios jurídicos elementales como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la irretroactividad de las leyes, el juez natural, etc.
- continuar la implantación de la “perspectiva de género” en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Esto es, su papel será el de comisaria feminazi que velará por la implantación de la ideología de género en la legislación y jurisprudencia.
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
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Inmaculada Montalbán, una magistrada pionera en aplicar la perspectiva de género
La magistrada Inmaculada Montalbán, propuesta para el Tribunal Constitucional, en 2019
Javier Martín-Arroyo
Sevilla - 23 oct
La juez del Tribunal Superior de Justicia andaluz, con un marcado acento progresista, ha sido propuesta por el PSOE para el Constitucional
La magistrada de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán (Iznalloz, Granada, 62 años), propuesta por el PSOE para entrar en el Tribunal Constitucional, tiene un marcado acento progresista que recorre toda su carrera y que ha plasmado en sus sentencias como ponente. Fue pionera en aplicar la perspectiva de género como criterio para interpretar las normas y es experta en igualdad, violencia de género y trata de mujeres. “No bastan las leyes, es necesaria una perspectiva de género para no perjudicar a las mujeres”, ha afirmado.
Montalbán fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género —dependiente del Poder Judicial— entre 2008 y 2013, y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pertenece a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia.
Hace un año y medio la juez redactó una sentencia que obligaba al dueño de un club de alterne en El Ejido (Almería) a pagar las cuotas de la Seguridad Social de 18 jóvenes prostituidas en su local, a pesar de que una sentencia penal había declarado la prostitución “por cuenta propia”. Montalbán sostuvo que no podía existir relación laboral entre el empresario y las jóvenes, dado “el escenario de vulnerabilidad” de estas: “La prostitución ajena, aun consentida, queda fuera del tráfico jurídico y no puede calificarse de relación laboral, simple y llanamente porque la persona y la dignidad humana que le es inherente no puede ser objeto de contrato ni del tráfico mercantil”, dictó.
A continuación, la sentencia recordaba la utilidad y necesidad de la perspectiva de género para impartir justicia: “Es obligación del poder judicial eliminar los obstáculos que impide la igualdad real y efectiva; y para ello se necesita y es útil la perspectiva de género en la aplicación de las normas (…) Se trata de buscar entre las posibles soluciones aquella que haga más efectivo el principio de igualdad; identificar correctamente los derechos comprometidos con la decisión judicial; e impedir la frustración de los derechos de las mujeres que se hallan en condiciones de desigualdad material y pobreza”.
El año pasado, la magistrada sacó los colores a la Consejería de Salud y Familias andaluza por imponer unos servicios mínimos del 100% el 8 de marzo, Día de la Mujer, y dio la razón al sindicato CGT, que había pedido amparo por vulneración del derecho a la huelga de los profesionales de la red de alerta sanitaria. “No se pueden calificar como servicios mínimos cuando en realidad abarcan todos los servicios que se prestarían ese día por ser domingo. Con tal decisión se deja vacío y sin contenido el derecho de huelga de trabajadores y trabajadores; pero, además, no se contribuye a la sensibilización de la sociedad sobre asuntos de interés general como son la igualdad salarial entre mujeres y hombres y el derecho a la no violencia de género que la ONU pretende como el Día Internacional de la Mujer”, rezaba la sentencia.
El pasado lunes redactó una de sus últimas sentencias tras un recurso de un consejero del Consejo Consultivo andaluz que pedía una asignación económica por cesantía. La juez explicaba por qué no le corresponde el dinero y subrayaba la necesidad del Estado de proteger a las clases más desfavorecidas: “La asignación económica tiene carácter excepcional (…) Resulta ajustada [la decisión de rechazar la asignación] a la realidad económica y social actual, atravesada por los efectos negativos de una crisis económica y sanitaria. Un contexto económico en el que el Estado social y democrático de derecho debe priorizar el gasto público destinado a las necesidades de la población y personas en situación de vulnerabilidad social”.
La magistrada del TSJA Inmaculada Montalbán, entre los cuatro elegidos para el TC
Inmaculada Montalbán - EUROPA PRESS
MADRID/SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS)
La magistrada del TSJA Inmaculada Montalbán, entre los cuatro elegidos para el TC
El acuerdo alcanzado este jueves entre el PSOE y el PP para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) incluye el nombre de Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, jurista que ya fue en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y que recibió la Medalla de Andalucía en 2012.
Entre los nombres que se suman al Constitucional, todos de consenso, está asimismo el de la que hasta ahora es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. Esta magistrada, que preside la Sala desde 2017, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el 'caso Gürtel' por su relación con el PP.
Fue elegida para el cargo de presidenta de la Sala de lo Penal después de que ese puesto quedara vacante por finalización del mandato de su anterior titular, el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la votación para ser elegida obtuvo once votos frente a ocho.
Además de Espejel, por parte del PP entra en la terna Enrique Arnaldo Alcubilla, actual letrado de las Cortes Generales, catedrático de Derecho Constitucional y exvocal del CGPJ. Por último, el cuarto nombre es el de Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional que formó parte del tribunal --junto a Espejel-- que absolvió recientemente al Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero de los delitos de sedición y desobediencia.
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