El corporativismo judicial llega a extremos de mofa que sólo pueden considerarse como escarnio a los ciudadanos.

Tras agotar la paciencia de los fiscales, que en lo relativo a los desmanes judiciales es ingente, la fiscalía presentó la correspondiente querella por las numerosas “irregularidades” de la juez que se resumen en tapar las vergüenzas del PSOE en general y de su marido en particular.

El órgano fiscalizador y sancionador de los jueces, el CGPJ, no ve irregularidad alguna e incluso responsabiliza a los fiscales de las tropelías de la juez.

Mientras los jueces se juzguen entre ellos no habrá solución a estas canalladas al saberse impunes. A diferencia de los otros poderes del Estado, el poder judicial no tiene quien le fiscalice y juzgue. Es necesario que entre las competencias del tribunal del jurado se incluya la de juzgar a los jueces.

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El CGPJ constata "demoras" y "paralización" de causas en el juzgado de los ERE, pero exculpa a la juez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla. EFE

CHEMA RODRÍGUEZ - Sevilla

ÁNGELA MARTIALAY - Madrid

Lunes, 3 febrero 2020

La Inspección del Poder Judicial atribuye los retrasos en el juzgado de los ERE a la complejidad de los asuntos, a las partes personadas y hasta a la Fiscalía que fue la que denunció a la magistrada

Si hay retrasos en la tramitación de las causas de corrupción que se investigan en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el de los ERE, no es por culpa de la juez titular, María Núñez Bolaños. Ésa es la conclusión a la que ha llegado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras revisar la labor de la magistrada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no comparte precisamente esa opinión y que denunció sus trabas y la paralización efectiva de muchas de las piezas abiertas.

El informe, elaborado por la Unidad Penal del Servicio de Inspección del CGPJ, admite deficiencias en el juzgado de Núñez Bolaños, constata retrasos en la tramitación de una parte de las causas de corrupción que allí se tramitan y hasta reconoce "paralizaciones", en línea con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Pero las coincidencias acaban ahí, porque la Inspección exonera de todo ello a la titular del juzgado y va más allá al respaldar su labor al frente e, incluso, alabar algunas de sus actuaciones.

En este sentido, el informe, de 400 páginas, llega a responsabilizar de las demoras, al menos en parte, al propio Ministerio Público, así como al resto de partes personadas en cada una de las causas por la sucesión de recursos que han interpuesto. Además, la Inspección señala a la complejidad de los propios asuntos como uno de los factores que explican las demoras en su tramitación.

En sus conclusiones, el informe señala expresamente que en algunas de las piezas instruidas por Núñez Bolaños se han detectado "paralizaciones o retrasos en la respuesta" del juzgado, además de "fallos en los actos de comunicación". Pero, dice a continuación, teniendo en cuenta la carga de trabajo del órgano judicial y el número de procedimiento tramitados al mismo tiempo, estas demoras "no se deben ni a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en la labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora".

Es más, califica los plazos en los que se llevan a cabo los diferentes trámites procesales de "razonables" atendiendo a la carga de trabajo que soporta el juzgado.

Sobre la Fiscalía Anticorrupción, que provocó con su denuncia la inspección a la juez Bolaños, destaca el documento las "profundas" discrepancias que ha habido desde el primer momento entre los fiscales y la magistrada acerca de la delimitación de los procedimientos derivados de la causa matriz de los ERE, unas diferencias que se han traducido, añade, en "numerosos" escritos pidiendo la inclusión o exclusión de investigados que han tenido que ser resueltos y que han provocado, a su vez, recursos "innumerables".

Igualmente, llama la atención la Inspección sobre el "elevado" número de recursos observados en cada una de las piezas revisadas y cómo la tramitación de los mismos ha "lastrado seriamente" todo el proceso, algo que además se ha visto agravado, vuelve a decir de nuevo, por los numerosos recursos.

Los retrasos no los atribuye, en ningún momento, al propio juzgado o a la magistrada titular. Sí a los recursos, a la complejidad de las causas, a los "numerosos incidentes" que ha habido que resolver, a la agenda judicial durante 2018 (por la celebración de la vista oral de la llamada pieza política de los ERE) o, incluso, al hecho de que a la Fiscalía se le manden las notificaciones mediante un funcionario.

Como corolario, el informe pone de manifiesto que cuando se produjo la visita de los inspectores, estaba concluida la tramitación de la "gran mayoría" de las piezas abiertas, aunque hay que tener en cuenta que en muchas de ellas el impulso se lo ha dado el juez de refuerzo con el que cuenta el Juzgado de Instrucción 6.

En este sentido, recomienda la Inspección que "a la vista de la carga de trabajo y la complejidad de los asuntos" se mantengan las medidas de refuerzo en el órgano judicial, más si cabe teniendo en cuenta que Núñez Bolaños se encuentra de baja por enfermedad. Una circunstancia que destaca el informe para alabar que la juez acudiera a reunirse con los inspectores en su visita al juzgado en octubre manteniendo, añade, una actitud "muy positiva".

El informe tiene ahora que ser analizado por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que fue quien recibió la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y que es el que tiene que decidir ahora si le abre expediente disciplinario a la juez Núñez Bolaños, algo que parece poco probable a tenor de las conclusiones del documento.

LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA

Tras la queja presentada el pasado mes de junio por los seis fiscales que investigan delitos económicos en Sevilla, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, denunció el pasado julio a la magistrada ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) por dilatar las investigaciones, acusando a esta magistrada ante el Promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ de haber cometido una falta "grave o muy grave" en relación a la instrucción que está haciendo de los llamados caso ERE, caso Avales y caso Idea.

El fiscal jefe de Anticorrupción advirtió al CGPJ de que "la desatención y retraso injustificado" en la tramitación y resolución de estas causas estaba perjudicando "los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

Es más, no dudó en señalar al órgano de jueces que "por este motivo está resultando imposible" cumplir lo que estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para un proceso penal y, por tanto, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades entre los investigados. Luzón dejó claro además que con esta actitud estaba "favoreciéndose" que "la acción penal no alcance sus objetivos".

En relación al informe, el Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a la que pertenece Bolaños, ha señalado en un comunicado que, aunque se trata de un informe que todavía no es definitivo, sus conclusiones constituyen un "inequívoco respaldo" a la labor de la magistrada.

Además, AJFV recuerda que "ha defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales, a los que se ha visto sometida", algunos de los cuales para esta asociación de jueces y magistrados "excedían el límite de la crítica razonable a una servidora pública que resulta admisible en un Estado democrático".

https://www.elmundo.es/andalucia/2020/02/03/5e37ffc4fdddff05a88b459e.html