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La educación como herramienta de adoctrinamiento de las generaciones futuras. Se rebaja el nivel académico del alumnado y del profesorado. Cuanto más ignorantes más fácilmente se les pastorea cuando sean adultos. Los padres no tienen ni voz ni voto sobre la educación de sus propios hijos. Los hijos son del Estado. Los padres sólo son los esclavos que los alimentan. Cuando sean adultos seguirán siendo esclavos del Estado. El Estado totalitario cada día más presente.

Por supuesto, los hijos de la casta superior no siguen los mismos derroteros. Ya lo dijo Orwell: "Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros"

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Congreso respalda el plan de Celaá para dar el título de Bachillerato sin límite de suspensos

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Celaá y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. BERNARDO DÍAZ

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid - 15 octubre 2020

La mayoría de diputados da luz verde al real decreto que también permite contratar a profesores aunque no tengan el máster habilitante

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el real decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. Con 187 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, PdeCAT y ERC y 154 votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y UPN, el real decreto ha salido adelante en medio de una gran controversia en la comunidad educativa. No será tramitado como proyecto de ley.

La mayoría de la Cámara ha considerado que el Covid ha hecho necesario adaptar los currículos porque no va a dar tiempo a estudiar todos los temas y, por ello, hay que "flexibilizar" también los requisitos de evaluación, titulación y promoción de Primaria, Secundaria y FP, tal y como ha defendido la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Mari Luz Martínez Seijo.

La diputada socialista ha presentado sus medidas en contraposición al "modelo arcaico y rancio, de retroceso a tiempos pasados, con una gran carga de deberes, con barreras, castigos y reválidas" que, en su opinión, ejemplifica la Lomce.

Celaá ha asegurado, por su parte, que "afirmar que podrá titularse con suspensos es falso", aunque el BOE indica que la decisión de titulación "no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones".

También ha defendido la ministra que las medidas, que estarán vigentes hasta que "las autoridades determinen que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia", se han adoptado de forma consensuada con las CCAA, un aspecto que ha sido desmentido por los diputados Óscar Clavell (PP), Marta Martín (Ciudadanos) o Josune Gorospe (PNV).

Por último, ha sostenido que "lo más relevante" es que el decreto va a conseguir que los equipos docentes valoren "de manera colegiada" cuando un alumno pasa o no de curso, algo que ya se hace en la práctica.

El sindicato CSIF ha exigido la dimisión de Celaá y ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional porque "va a deteriorar la calidad de la enseñanza" y "vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre el alumnado", ya que se "dará un trato diferente al alumnado, en función de la CCAA en la que se estudie".

Existe, además, el temor de que se genere «inseguridad jurídica y confusión normativa» porque no se establecen unos requisitos claros para aprobar y pasar de curso y esto da pie a que las decisiones de los docentes puedan ser impugnadas.

Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox han considerado que la norma es "sectaria" y supone "un castigo al trabajo y a la cultura del esfuerzo". Han advertido que "propiciará la desigualdad" al no fijar unos criterios comunes y dejar que las comunidades autónomas sean las que decidan cómo se pasa de curso. Y han considerado que va a permitir la manipulación ideológica de los jóvenes, al privarles de la posibilidad de profundizar en sus estudios.

"No se conforman con controlar el CGPJ, el CIS, el CNI o RTVE, sino que quieren crear una masa social dócil y acrítica que no valore ni analice y que les deje hacer. Una pésima educación es la mejor herramienta para conseguirlo", ha espetado Clavell. En la misma línea, Georgina Trias (Vox), ha reprochado al Gobierno de coalición de querer convertir a los estudiantes en personas "ignorantes" y "manipulables".

Martín ha recordado que el texto "rebaja el nivel de exigencia" tanto del alumnado como del profesorado, pues autoriza a contratar a docentes que no hayan cursado el máster si no hay suficientes aspirantes para el puesto en la lista de interinos, una medida que ha recibido también las críticas de las universidades.

Incluso entre los gobiernos regionales el real decreto genera controversia. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia lo rechazan frontalmente y seguirán rigiéndose por la actual ley, la Lomce, que dice que en la ESO se puede tener un máximo de dos suspensos y en Bachillerato ninguno para poder titular.

Las socialistas Aragón y Navarra tampoco aplicarán la medida porque no consideran que "se den las circunstancias para aplicar unas medidas extraordinarias en cuanto a evaluación", ya que los alumnos están yendo al colegio de forma regular, y porque genera una falta de "homogeneización" en el sistema educativo.

El texto ha tenido el respaldo a regañadientes de los nacionalistas catalanes y vascos, que no han querido dejar pasar la oportunidad de puntualizar que no es la norma que más les hubiera gustado, pero reconocen que el sistema educativo tiene que tomar medidas temporales mientras siga la situación de pandemia.

https://www.elmundo.es/espana/2020/10/15/5f883a03fc6c83e77d8b45f9.html

 

PSOE y Podemos dan el golpe definitivo y excluyen a la comunidad educativa del debate de la «ley Celaá»

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La ministra de Educación, Isabel Celáa, ayer en el Congreso junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz – EFE

Josefina G. Stegmann – MADRID - 15/10/2020

Es la primera vez que la sociedad civil no participa en los debates durante la tramitación de una ley educativa

Este jueves se ha celebrado a última hora de la noche la reunión de de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde se tramita la polémica «ley Celaá», que modifica la LOE de los socialistas y pretende eliminar la LOMCE de los populares («ley Wert»).

En ella se ha votado en contra de que la comunidad educativa comparezca durante el debate de la ley, pese a que este procedimiento es el habitual en las distintas proposiciones o proyectos de ley. En la votación, PSOE y Podemos se mostraron contrarios a la intervención de la sociedad civil (al igual que el resto de grupos parlamentarios con la excepción de PP, Cs, Vox y UPN). En total, ha habido 16 votos a favor y 20 en contra.

Es la primera vez en la historia de que una ley educativa no tiene comparecencias. Hay que recordar que desde la instauración de la Democracia se han aprobado siete normas: (LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013; y LOECE, 1980 (aunque ésta no se llegó a aplicar).

«El PSOE y sus socios escriben un capítulo más en su deriva autoritaria impidiendo que los expertos educativos comparezcan en el Congreso. Pretenden acallar las voces críticas con su ley. Todas las leyes educativas se han elaborado contando con la presencia de la comunidad educativa. La LOMCE se tramitó tras la comparecencia de 50 expertos. Esta ley se impondrá sin debate social porque en el fondo el PSOE sabe que no tiene nada nuevo que ofrecer para la transformación y mejora del sistema educativo. Su proyecto de ley es un proyecto anticuado rehén de los prejuicios ideológicos de un partido socialista en descomposición», criticó Sandra Moneo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular.

«Se está produciendo un absoluto atropello a la democracia. Es la primera vez en la historia que se veta a la comunidad educativa a que comparezca al Congreso a debatir sobre una cuestión que le compete. Si querían derogar una ley sin consenso, lo están haciendo mediante un absoluto atropello con métodos irregulares. Con nocturnidad, y alevosía. Pretenden pasar un rodillo e imponer su ley con procedimientos totalitarios», agregó Marta Martín, portavoz de Educación de Cs.

Esta votación es la segunda que se lleva a cabo sobre la participación o no de la comunidad educativa. La primera tuvo lugar la semana pasada y en esa ocasión votó la Mesa de la Comisión. El resultado ya fue contrario a las comparecencias de la comunidad educativa (con dos votos a favor del PP y tres votos en contra: dos del PSOE y uno de Podemos). Sin embargo, al no haberse alcanzado unanimidad en la Mesa, requisito imprescindible para seguir adelante, la votación sobre el «sí» o «no» de las intervenciones de la sociedad civil se dejó en manos de la Comisión de Educación.

Acelerar los plazos

El PSOE, además, ha puesto el pie en el acelerador para tener lista cuanto antes la polémica ley, que podría llegar al Senado antes de finales de año.

¿Ello que implica? Que una vez dentro de la Cámara Alta y tras pasar los trámites preceptivos (que se extenderían unos dos meses) el anteproyecto volvería al Congreso para convertirse definitivamente en ley a principios de marzo; es decir, en tan solo cinco meses.

La tramitación de una ley empieza una vez que se ha cerrado el plazo de enmiendas parciales (para este texto se han presentado 1.168 en total). En ese momento se constituye la Ponencia cuando así lo decida el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. La Ponencia es un grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a dicha comisión. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

Según han confirmado desde el PSOE, los plazos que se manejan son los siguientes: cinco reuniones de la Ponencia; una reunión de la Comisión de Educación y finalmente la votación de las enmiendas en el Pleno. Las cinco reuniones de la Ponencia se celebrarían (previo acuerdo con los demás grupos parlamentarios, aclara el partido) dentro de las próximas tres semanas. Posteriormente, tendría lugar la reunión de la Comisión que podría celebrarse en una semana (aunque depende de los plazos y fechas, vuelve a matizar el partido) y finalmente llegaría la votación final en el Pleno. Una vez dados todos estos pasos, el texto iría al Senado antes de fin de año, previsiblemente en diciembre.

https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-y-podemos-golpe-definitivo-y-excluyen-comunidad-educativa-debate-ley-celaa-202010152127_noticia.html

 

 

 

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