El Estado totalitario cada vez más presente.

La separación de poderes convertida en simple fachada que oculta el control del Estado por parte de un grupo reducido de personas.

Vienen malos tiempos.

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El Congreso admite entre acusaciones de "golpismo" y "fascismo" la ley de PSOE y Podemos para controlar el Poder Judicial

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. POOL

MARISA CRUZ - Madrid

Martes, 15 diciembre 2020

Los 'morados' acusan al PP de tener "secuestrados" a jueces y magistrados y estos replican que el "sanchismo" trabaja para "destruir las instituciones"

PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de sus aliados independentistas, han conseguido sacar adelante la toma en consideración por parte del Congreso de su proposición para restringir las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando el mandato de cinco años para el que fueron elegidos sus miembros se haya completado y no se haya procedido a su renovación.

Se trata de una iniciativa impulsada desde las dos fuerzas parlamentarias que sustentan al Ejecutivo, que ha sorteado el requisito que sí es exigible para los proyectos de ley de contar con los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Una iniciativa contestada no sólo por los grupos de la oposición -PP, Vox y Cs- sino también por las propias asociaciones de jueces y magistrados que interpretan en la misma un intento del Ejecutivo de minar y controlar políticamente la Justicia.

Desde el socialismo se ha defendido la propuesta como una consecuencia inevitable derivada de la negativa del primer partido de la oposición -el PP- a negociar el desbloqueo del CGPJ. Esta actitud de los populares ha sido calificada desde Unidas Podemos de "secuestro de la democracia" y de "intento de ariete en la deslegitimación del Gobierno".

Los morados, por boca del portavoz de En Comú-Podem, Jaume Asens ha aprovechado su intervención para arremeter contra la Corona, una institución que tacha de "corrupta" y culpar a la oposición de alimentar las fantasías golpistas de un grupo de militares retirados.

"La democracia se legitima en la soberanía popular, no en el Rey, y es esta Cámara la que puede renovar el Poder Judicial", ha afirmado Asens que ha acusado al PP de "golpismo institucional". "Esta ley es una ley de rescate de la Justicia que ustedes tienen secuestrada", ha afirmado.

"RÉGIMEN DICTATORIAL"

Las respuesta del PP ha estado al mismo nivel acusando a las fuerzas proponentes de tratar de imponer un régimen "dictatorial". Los populares han insistido en que si la proposición sale adelante, el CGPJ se convertirá "en el verdadero ministerio de la verdad en manos del Gobierno" que emplea "maniobras fascistoides" para imponer un gobierno de los jueces "monocolor".

Desde el PP se ha acusado al "sanchismo" de "convertirse en un juguete roto en manos de independentistas, filoetarras y boliviarianos que proceden de narcoregímenes" que no comparten un proyecto común para todos los españoles.

Para el primer partido de la oposición es evidente que Podemos no cree en la independencia del Poder Judicial y recuerda los recurrentes ataques que se lanzan desde la formación morada a todos los jueces y magistrados que sentencian en su contra.

Los populares han acusado abiertamente a Sánchez de "trabajar para destruir las instituciones" alentado por Pablo Iglesias, y "quebrar todos los consensos".

"Esto es un golpe a la línea de flotación de la democracia española", ha afirmado el portavoz del PP, Luis Santamaría, quien ha defendido que los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ sean elegidos por los propios jueces. Y ha definido la posición de su partido como un "intento desesperado de evitar que caiga el Poder Judicial".

Santamaría ha rechazado de plano que sea el PP el que bloquee la renovación del CGPJ con el argumento de que ningún grupo de la Cámara cuenta con los escaños suficientes para proceder a este veto.

UPN también ha calificado la iniciativa de los dos grupos gobernantes de "ataque flagrante a la democracia y a la Justicia", un ataque que comenzó con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado y ha continuado con la iniciativa de retirar la instrucción a los jueces y dejarla en manos de los fiscales o impulsar la reforma del delito de sedición y promover los indultos a los condenados por el 1-O.
UPN incluso ha sacado a relucir el caso de Otegi, cuyo juicio por el caso Bateragune tiene que repetirse, y ha echado mano de las declaraciones del ministro José Luis Ábalos sobre este asunto circunscribiéndolo a un plano exclusivamente personal, para asegurar que no son sino la prueba de que el ministro de Transportes es "un saco sin fondo de indecencia".

"TOGAS FRANQUISTAS"

Bildu, una fuerza que también apoya la iniciativa de PSOE y UP, ha dado por hecho que la judicatura está minada por "togas franquistas". Bildu ha propuesto cesar a los magistrados cuyo mandato se cumpla y en caso de ser necesario quede una pequeña "diputación permanente", similar a la del Congreso, que sólo tenga funciones administrativas y de sanción.

El PNV ha incidido en la controversia que rodea la fórmula de elección de los miembros del CGPJ de procedencia judicial. En su opinión se está superponiendo en este debate "política y técnica".

El nacionalismo vasco ha reprochado al PP que no procediera a reformar la fórmula cuando dispuso de mayoría absoluta y ahora lo defienda cuando está en la oposición, y al PSOE de "profundizar por la vía exprés" en la politización.

Ciudadanos ha calificado la proposición de ley de "insulto" a los ciudadanos, a la Cámara y a los que creen en la independencia de la Justicia. Los naranjas creen que se pretende debilitar el Poder Judicial, presionar al PP y nombrar a los afines a PSOE y Podemos con el objetivo de influir en las sentencias. "Pretenden descabezar el Poder Judicial y sembrar el caos", ha afirmado Edmundo Bal quien ha calificado de "vergüenza" que el PSOE se preste a las intenciones de Unidas Podemos.

EL RECURSO DE VOX

JxCat también ha calificado al poder judicial de "franquistoide". Su portavoz Jaume Alonso Cuevillas ha utilizado su intervención para denostar a derecha e izquierda, a la Justicia, a la Corona, a los círculos económicos y a los medios de comunicación.

También para ERC el Poder Judicial es de "ultraderecha" y buena parte de sus miembros, empezando por Carlos Lesmes, que no es más que un vendido a los intereses del PP. Esquerra ha arremetido igualmente contra el PSOE por permitir esto y "cerrar los ojos ante las cloacas del Estado" permitiendo incluso "la huida del Borbón corrupto", la retirada del tercer grado a las dos condenadas por el 1-O Dolors Bassa y Carme Forcadell y la permisividad ante el "segundo juicio a Arnaldo Otegi".

Macarena Olona, de Vox, ha dado por hecho que la Justicia en este país, controlada por el socialcomunismo, va camino de convertirse en un "brazo represivo" al estilo "castrista", al estilo de los "amigos de Zapatero y Pablo Iglesias".

"La democracia muere cuando cae el Poder Judicial que es su última línea de defensa", ha asegurado la diputada de Vox para quien el objetivo último es que "los jueces se conviertan en protectores del régimen". Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional la proposición de ley.

https://www.elmundo.es/espana/2020/12/15/5fd8ee19fc6c83db5f8b458e.html