En estos años son pocas las personas que se han atrevido a enfrentarse al colectivo feminazi y a su aparato de represión.

En el mundo educativo hacer frente a la imposición ideológica implicaba exponer a tus hijos a la represión feminazi. Conllevaba suspender curso y estar señalado llegando a ser expulsados de clase los hijos de quienes se oponían a que sus hijos fuesen adoctrinados tras la imposición de la “asignatura” educación para la ciudadanía. Asignatura que vulneraba el sentido común y el artículo 27 de la Constitución Española. Esto es, los derechos fundamentales.

Artículo 27

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El que unos padres no sólo se hayan opuesto a que sus hijos sean adoctrinados, sino que se hayan querellado contra quienes incumplen la ley es una muy buena noticia. El miedo a enfrentarse al aparato represor feminazi se está perdiendo.

Hay que apoyar a estos padres y seguir su ejemplo.

El péndulo ha cambiado de sentido.

Las feminazis tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Ante el juez un profesor por la proyección en clase de un vídeo contra la violencia de género

Fotograma de la entrevista que concedió Ana Orantes a Canal Sur antes de ser asesinada por su ex marido. EL MUNDO

ALEJANDRA LUQUE

Córdoba - Martes, 17 diciembre 2019

La denuncia la ha presentado la familia de un alumno de 2º de la ESO, molesta por que su hijo viera un reportaje sobre Ana Orantes, la mujer que puso rostro al maltrato machista hace 22 años

Los padres de un alumno de 2º de la ESO del Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, en la localidad cordobesa de Baena, han denunciado al profesorado del centro después de que éste autorizara una actividad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Según ha podido conocer EL MUNDO, la denuncia se ha producido después de que el hijo de la pareja visionara un documental en el que aparecía la entrevista concedida en televisión por Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su marido tras aquella entrevista, y que se convirtió en símbolo de la violencia de género hace 22 años.

Fruto de esta denuncia, el profesor y tutor de la clase del menor declarará este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena aunque desconoce todos los términos de la denuncia. El maestro, además, "cree" que lo han llamado a declarar "por ser el tutor del curso y no por que la denuncia sea personal ya que es contra todo el profesorado", han explicado fuentes del sindicato Ustea Córdoba a este periódico.

El caso lo ha dado a conocer el propio sindicato, que ha criticado el "sinsentido de este caso, fruto de la irresponsabilidad política del Gobierno andaluz" de PP y Cs "en materia educativa al plegarse a exigencias, al margen de la legalidad, de su socio de la ultraderecha", Vox. Se refiere el sindicato al acuerdo sellado por el Gobierno andaluz con Vox según el cual los padres deberán ser consultados para la participación de sus hijos en actividades complementarias del centro.

Según el relato del sindicato, "con fecha de 22 de noviembre de 2019, el director general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía envió una circular a los centros educativos, instándolos a celebrar actividades en defensa de la igualdad y contra la violencia de género". Y eso fue lo que hizo el equipo educativo del IES Luis Carrillo de Sotomayor.

Ante este caso, desde Ustea han mostrado su solidaridad tanto al profesor del menor como al resto de la comunidad educativa del centro y se han mostrado convencidos de que la denuncia será archivada.

EL 'PIN PARENTAL' NO EXISTE

Asimismo, en un comunicado difundido este martes, por el sindicato considera que "los docentes, no es que puedan trabajar en el aula la igualdad entre mujeres y hombres y sensibilizar contra la violencia machista, sino que es un deber". En consecuencia, "las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos a voluntad, pues es obvio que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto", considerando Ustea que esta denuncia está relacionada con la propuesta de Vox de establecer el llamado 'pin parental', "según la cual los padres podrán autorizar expresamente cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad del alumnado".

Ante esto, desde Ustea se ha señalado que "el 'Pin Parental' no existe" ya que "los contenidos y programas, que vienen establecidos en el curriculum escolar de las distintas etapas educativas, no se sirven a la carta", de modo que, "quien quiera educar a su hijo o hija a la carta deberá plantearse hacerlo en su propia casa, si es que tiene conocimientos y autorización para ello".

A juicio de Ustea, "estamos viviendo un nuevo clima de caza de brujas en los centros educativos, particularmente en las comunidades autónomas donde Vox sostiene a gobiernos formados por PP y Cs". En este caso, añaden, "parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde al propio Gobierno de la Junta de Andalucía y a su titular de Educación, al asumir propuestas absolutamente disparatadas de Vox, como la inclusión de la caza en el curriculum escolar".

En el comunicado han calificado como "grave" lo ocurrido en Baena "no tanto por las consecuencias jurídicas de la denuncia, ya que no tendrá recorrido alguno, sino porque estamos viviendo, como consecuencia del nuevo clima político y, especialmente desde la irrupción de Vox,un ambiente propio del macartismo y la persecución, generalizable a otros territorios, pero especialmente en los que Vox sustenta al gobierno, como es el caso de Andalucía".

Por tanto, Ustea ha pedido "una rápida y contundente actuación de la autoridad educativa, que corte de raíz comportamientos amedrentadores, totalmente inadmisibles en el marco de las relaciones de cooperación por las que debe regirse una comunidad educativa, donde deben primar los valores de la tolerancia, respeto y reconocimiento mutuo del papel que cada cual juega en la educación de la próxima generación de ciudadanos".

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OFRECE AL DOCENTE APOYO JURÍDICO

La Consejería de Educación ha explicado, por su parte, que la actividad objeto de la denuncia había sido aprobada y programada por este centro educativo dentro de su Plan de Igualdad.

Además, la Consejería que preside Javier Imbroda (Cs), reconoce "la importancia de que se visibilicen todas las actuaciones que los centros educativos realizan para así contribuir a que no se normalice en la sociedad la violencia contra las mujeres". En ese sentido, "seguirá instando a los centros educativos a continuar avanzando en el desarrollo de actuaciones de sensibilización, rechazo y denuncia de la violencia de género, dirigidas a la comunidad educativa y a su entorno".

"Tanto la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar como la Inspección Educativa están en contacto con el centro educativo y su equipo directivo, que dispone del apoyo del servicio jurídico de la Consejería si así lo estimara necesario".

En la última convocatoria realizada por la Consejería para el curso 2019/20, un total de 1.704 centros educativos presentaron proyectos para prevenir la violencia de género en las aulas. Esta iniciativa se enmarca en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que establece entre sus líneas estratégicas la sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en el fomento de la igualdad en el ámbito educativo.

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/12/17/5df92a17fdddff77738b45de.html