El Gobierno feminazi intentando tapar la realidad con prohibiciones absurdas basadas en mentiras y presentando como novedad lo que lleva años legislado e implantado.

A los niños hay que escucharlos cuando tengan el suficiente juicio y en cualquier caso cuando sean mayores de doce años (PDF). El Tribunal Constitucional estableció que al menos desde los cinco años (STC 152/2005).

El disparate incluye prohibir argumentar el síndrome de alienación parental, algo que ya prohibió este mismo Gobierno, siendo ministra la feminazi Irene Montero, con su correspondiente ley feminazi.

Con lenguaje orwelliano presentan como ejemplo un claro caso de alienación parental como es el de Juana Rivas.

Una simple campaña de agitación y propaganda para seguir justificando la necesidad de mantener la industria del maltrato de la que viven miles de estómagos agradecidos. Empezando por la ministra, Sira Abed Rego, que omite siempre su apellido paterno para ocultar su origen musulmán.

Pero se enfadan si les llamamos feminazis.

Tendrán su Núremberg y su Spandau.

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Sira Abed Rego: "Nos parece importante prohibir explícitamente el síndrome de alienación parental porque es un instrumento que cercena los derechos de niños y niñas y porque lo utiliza la extrema derecha para golpear a las mujeres y evitar denuncias".

El Gobierno aprobará este martes la ley que obliga a escuchar a los menores de 12 años en casos como el de Juana Rivas

Foto de archivo de un niño en el parque. Freepik

04 may 2026 - Elena Omedes

La reforma de la ley de protección a la infancia también prohibirá expresamente el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que no podrá utilizarse en ningún proceso judicial o administrativo.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la reforma de la ley de protección a la infancia (la LOPIVI), que refuerza el derecho de los menores a ser escuchados con una batería de medidas de diversa índole. Según avanzan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, impulsor de la norma, el texto obligará a tener en cuenta la voluntad de los niños en cualquier proceso que les afecte, como la separación de sus padres, e independientemente de la edad que tengan, pues actualmente el juez solo contempla esa posibilidad si el menor tiene más de 12 años o demuestra una "madurez suficiente".

"Esto ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración", aseguran en el departamento que dirige Sira Rego. Así, con esta reforma, el Ejecutivo pretende evitar casos como el de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas que tuvo que mudarse el pasado verano a Italia con su padre sin haber podido trasladar al juez que no quería, porque tenía 11 años.

La norma modifica la ley aprobada en 2021 con el objetivo de enmendar algunas lagunas identificadas en los últimos años en la legislación que protege a la infancia. En esa línea, también se prohibirá explícitamente el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), que alega manipulación de uno de los progenitores (en la mayoría de las ocasiones, de la madre) para provocar el rechazo del menor hacia el otro padre o madre. Es un concepto sin base científica que, sin embargo, sigue empleándose en muchas sentencias, ya sea con ese término o con otros que invocan lo mismo, como las "interferencias familiares", y que se ve sobre todo en situaciones de violencia de género. 

Con esta reforma, el Gobierno prohíbe de forma expresa tanto el SAP como "cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico". De este modo, ningún informe basado en el SAP podrá utilizarse en procesos judiciales o administrativos y cualquier resolución que lo invoque podrá ser impugnada. 

Escuchar al niño para las custodias compartidas

La norma refuerza también la protección de los menores a la hora de conceder la custodia compartida, que no podrá establecerse "cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional" del niño. Se obligará, así, a escuchar al menor, en línea con la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo (TS), que recientemente ha anulado varias sentencias de custodia por no explorar la opinión del menor. Además, con esta reforma, si un niño expresa rechazo hacia uno de sus padres, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y "proteger" a la persona menor de edad.

Otra de las medidas que se incorporan a la ley tiene que ver con el derecho a la reparación de los menores de edad. De aprobarse la reforma, bastará el consentimiento de un solo progenitor para que un niño víctima de violencia pueda tener acceso a atención psicológica, social o  jurídica, evitando así que el agresor pueda tener "capacidad de veto" sobre la reparación. Asimismo, la iniciativa endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que estén en contacto habitual con niños y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Meses de negociación

La ministra Sira Rego lleva más de un año trabajando en este texto, que todavía deberá volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros antes de ser sometido a debate en el Congreso de los Diputados, donde tendrá que ser convalidado por mayoría absoluta. El Ministerio de Juventud e Infancia ve en esta reforma "un punto de inflexión" en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia. "Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible", subrayan las mismas fuentes. 

Aun así, por el camino se han caído varias medidas que el ministerio pretendía incluir y que no han conseguido acordar en la negociación con el resto de ministerios implicados del PSOE. La prohibición de que los menores acudan a corridas de toros, por ejemplo, ha quedado fuera; igual que la ampliación de la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, para que empezasen a contarse desde que la víctima cumpla los 45 años y no a partir de los 35, como está ahora. 

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