Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

El consejo de ministros aprueba una nueva ley que vulnera principios jurídicos básicos, conculca derechos y constriñe las libertades. Como siempre basada en mentiras y falsedades.

No servirá para el fin por el que nos la publicitan. Sólo valdrá para aumentar de forma colosal el número de denuncias falsas a padres, docentes y cualquier persona que trate con menores; limitar o eliminar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus criterios; robar "legalmente" los hijos a sus padres; crear una red de organismos públicos en los que se alojarán los habituales parásitos con rango de comisarios políticos; y expoliar el dinero del bolsillo de los contribuyentes.

No hace falta ser adivino ni experto en leyes o infancia para afirmar lo anterior. Basta recordar lo que sucedió en Estados Unidos. Pues como todas las leyes feminazis que venimos sufriendo, esta ley no es sino una copia de la que se aprobó en Estados Unidos en 1974 bajo el impulso del senador Walter Mondale: la "Child Abuse Prevention and Treatment Act". El aumento de denuncias falsas fue exponencial entre otros motivos por el miedo de ser acusado de no haber denunciado un posible maltrato.

Una nueva vuelta de tuerca en el cambio forzado de la sociedad cuyo principal objetivo es aislar al individuo.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus covid-19.

La ley no es sino una intrusion más en la intimidad de las familias con el apoyo de comisarios políticos. Los padres perderán toda su autoridad sobre los hijos que pasarán a estar sometidos a la tutela del Estado llegando al extremo de la delación de hijos a los padres.